Histórico: jueces y fiscales irán a huelga del 1 al 3 de julio por la reforma de Bolaños

Todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las izquierdistas, han anunciado que irán a huelga el 1, 2 y 3 de julio por las reformas en el acceso a la carrera judicial y fiscal y por la entrega de la instrucción al Ministerio Público que prepara el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.

La nota la firma la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Además del parón durante las tres primeras jornadas de julio, han convocado una concentración el 28 de junio ante la sede del Tribunal Supremo.

Este lunes, apenas unas horas antes de que se hiciera pública la convocatoria de huelga, más de un 80% de los jueces apoyaron manifestarse contra la reforma legislativa de Bolaños. En el sondeo han participado 873 jueces, el 60,18% de asociados de la APM y votaron a favor un 87,39%, es decir, 763 apoyos.

Hasta ahora, los magistrados habían demostrado su disconformidad con un paro de 10 minutos el pasado 11 de junio en todas las sedes judiciales del país. Esta convocatoria tuvo un «éxito masivo», según los organizadores, y fue secundado por diferentes asociaciones judiciales, excepto las de izquierdas. Según calculan estas entidades, el paro contó con un 70% de adhesión.

Tras ello,  las cinco asociaciones consultaron a sus miembros «de conformidad con los estatutos y procedimientos internos de cada organización». El objetivo era «valorar el grado de respaldo a una eventual convocatoria de huelga en la carrera judicial y fiscal». Finalmente, ha resultado en un apoyo mayoritario a favor de estas movilizaciones.

Los convocantes hablan de «nuevas medidas de movilización» en un comunicado emitido este martes. Las asociaciones aclaran que se hará «dentro de un calendario claro, transparente, progresivo y plenamente ajustado al marco constitucional y democrático».

Concentración «simbólica» en el Supremo

En primer lugar, sobre la concentración de este sábado en el Alto Tribunal tendrá lugar el sábado 28 de junio a las 12:30 horas. Las entidades se refieren a este lugar como «simbólico e institucional». «No se trata de una protesta contra ningún poder del Estado, sino de una exteriorización de la relevancia del Poder Judicial, en defensa de su independencia y de su papel como garante de los derechos fundamentales de la ciudadanía», añaden.

Los convocantes aclaran que la movilización es «estrictamente institucional» y anima a unirse a todas las asociaciones «al margen de cualquier adscripción o reivindicación partidista». «No se dirige contra el poder ejecutivo ni contra el legislativo, sino que tiene como único objetivo la defensa del Poder Judicial como pilar fundamental del Estado de derecho», subrayan.

Los tres días que los jueces y fiscales prevén ir a huelga se ejecutarán «en caso de que no se haya producido la retirada de los proyectos legislativos». Los magistrados deciden fechar la cita dentro de dos semanas para dejar «un plazo razonable previo que permita a las Cortes Generales reconsiderar la tramitación de los proyectos legislativos y proceder a su retirada».

«De no producirse dicha rectificación, la huelga se llevará a cabo como una medida legítima, proporcionada, responsable y necesaria para la defensa de los principios fundamentales del Estado de derecho, así como de las condiciones profesionales de jueces y fiscales», inciden las cinco asociaciones en su comunicado.

Después de ello, las entidades prevén hacer una «evaluación» que tendrá en cuenta «la respuesta institucional» y el «estado de tramitación de los proyectos legislativos». «Las asociaciones convocantes procederán a una revisión conjunta de la situación y valorarán, de forma coordinada, la continuación de la huelga», advierten los magistrados.

«Disposición al diálogo institucional»

En todo caso, las asociaciones continuarán manteniendo reuniones con los partidos políticos entre este martes y el próximo miércoles. «Reiteramos nuestra plena disposición al diálogo institucional, con el objetivo de preservar la integridad del sistema judicial», recalcan.

Además de las citas con los grupos parlamentarios, los representantes de jueces y fiscales se verán con los dirigentes de las instituciones europeas. Las asociaciones recuerdan que la jurisprudencia comunitaria impide a los Estados miembros de la UE «adoptar reformas que, aunque respeten formalmente el Derecho de la Unión, impliquen un deterioro de los niveles previamente alcanzados en las garantías judiciales».

«Hemos instado a las instituciones europeas competentes a ejercer un escrutinio riguroso y preventivo, conforme al artículo 19 del Tratado de la Unión Europea, sobre el contenido, la motivación y el proceso de tramitación de los proyectos legislativos en curso», concluye la nota de prensa de la convocatoria de huelga.

La reforma del Ejecutivo contra la que protestan los jueces plantea agilizar el acceso por el llamado cuarto turno -reservado para juristas de reconocido prestigio-, de tal forma que el 25% de los nuevos jueces y fiscales llegue al puesto por esta vía y no por oposición.

La letra pequeña de la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que prepara el Gobierno revela las intenciones de que el fiscal general del Estado tenga un poder absoluto sobre las investigaciones. La reforma entregará la instrucción penal a los fiscales, diluyendo sobremanera la figura del juez.