Decenas de jueces y fiscales de Palma se plantan contra la ‘ley Bolaños’

Varias decenas de jueces y fiscales de Baleares se han sumado este miércoles a los paros convocados por las asociaciones del sector para advertir que la independencia judicial estaría «bajo amenaza» por las iniciativas del Ejecutivo central para reformar la ley del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Una iniciativa que lidera el ministro Félix Bolaños.

En la protesta convocada ante la Audiencia Provincial de Palma, el portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jaime Tártalo, ha alegado que la primera de estas propuestas legislativas del Gobierno «no responde a ninguna demanda social» y ha resaltado que cuenta con un informe crítico del Consejo General del Poder Judicial.

Sobre la modificación del reglamento del Ministerio Fiscal, ha defendido que la intención de la nueva norma sería «ampliar las competencias del Fiscal General del Estado» y «eliminar las garantías de autonomía de los fiscales».

La representante de Foro Judicial Independiente, Gloria Martín, ha apuntado que estas reformas legislativas se tratan de llevar a cabo en un ambiente de «ataque al poder judicial» y de «descrédito a la Fiscalía» con declaraciones que critican las resoluciones que «molestan».

En este sentido, la sala de Gobierno del Tribunal Supremo ha aprobado una declaración que ha remitido al Consejo del Poder Judicial en el que se posiciona en contra de la ‘ley Bolaños’, que reforma el acceso a las carreras judicial y fiscal.

El Tribunal Supremo «sigue esperando desde hace años la regulación de su Gabinete Técnico y la mejora retributiva de sus letrados; la corrección de la insuficiente valoración de los puestos de trabajo de los funcionarios de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en él destinados; así como actuaciones eficientes, que permitan superar las graves carencias y deficiencias que padece, desde las más elementales, incluida la conservación de su sede, hasta las relativas a la dotación de medios, avanzados y eficaces, en el plano tecnológico».

Esta «preocupación» se suma a la que surge por la reforma del acceso a las carreras de jueces y fiscales. La Sala de Gobierno dice que «no puede ser ajeno al Tribunal Supremo la extendida inquietud que han creado porque tiene que ver con las condiciones de ejercicio de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado sobre la que está llamado a pronunciarse en último término».