España

La Guardia Civil dictamina que la Generalitat tenía una contabilidad B para el 1-O

La Guardia Civil certifica que la Generalitat financió el 1-O con una contabilidad B. El Juez del juzgado de instrucción nº 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, habla ya sin miramientos de que la financiación contó con fondos públicos. Y el informe de la interventora general en Cataluña, Rosa Vidal, al que ha tenido acceso OKDIARIO, constata que, pese a ello, ni un euro de la contabilidad de la Generalitat aparece destinado oficialmente al referéndum del 1-O.

La Guardia Civil investiga ya las cuentas desde las que operó la Generalitat, ante la evidencia de que –puesto que los gastos sí se realizaron y se pagaron–, se tuvieron que financiar desde una segunda contabilidad en negro. Un contabilidad B.

La Guardia Civil busca en estos momentos el mecanismo exacto. Si se trata de cuentas abiertas por la propia Generalitat o responsables suyos, o si se han utilizado las distintas asociaciones ligadas al golpe separatista –en especial, ANC, Òmnium Cultural y AMI– para hacer triangular los pagos y desembolsar los gastos del 1-O desde sus cuentas.

La Benemérita, de hecho, y como adelantó OKDIARIO, investiga la existencia cuentas y estructura en el extranjero de estas asociaciones ante la evidencia de que determinados gastos como el mantenimiento de Carles Puigdemont y sus consejeros fugados en Bélgica no cuentan con rastro nacional.

El informe de la interventora general de Cataluña deja constancia del hecho de que no aparece ni una sola partida ligada oficialmente al golpe. Y ello, pese a que las campañas de publicidad se han pagado y realizado y a que todo se coordinaba dese el Govern.

“Esta interventora general ha manifestado cada semana al vicepresidente consejero de Economía y Hacienda que en la contabilidad corporativa centralizada de la Generalitat de Cataluña –aplicación denominada Gecat– no consta ningún gasto relacionado con el proceso refrendario”. Así aparece reflejado en el informe de la Intervención entregado ya a instancias judiciales y que hoy reproduce OKDIARIO.

La frase se va repitiendo en cada uno de los focos que el juez Ramírez Sunyer solicitó investigar como posibles orígenes de los gastos golpistas. Entre ellos, la casa matriz de TV3: “Asimismo a esta intervención le consta que cada semana el consejero del departamento de la Presidencia, como máximo responsable y responsable económico financiero de la entidad Corporación Catalana de Medios Audiovisuales, ha certificado que no se ha efectuado ningún gasto relacionado con el proceso refrendario”.

La Interventora añade que “el departamento de la Presidencia me manifiesta que no ha comprometido ni realizado ningún gasto sobre la actividad citada anteriormente” y que “desconoce cómo se ha financiado” cada partida de gasto porque “no le constan las entidades públicas o privadas que han participado”, por ejemplo en la financiación de los vídeos publicitarios del 1-O.

Todo el informe viene firmado por Rosa Vidal, interventora general. Y en todo el volcado de datos, ella misma ha sido incapaz de encontrar ni un contrato, ni una factura.

La Guardia Civil apunta al Govern

La Guardia Civil tiene clara la conclusión. Porque si mandaba en todo el golpe el Govern, si los fondos públicos de las subvenciones de las asociaciones golpistas se distribuían y decidían desde el Govern, y si el Comité Estratégico que lideraba el golpe estaba integrado en gran medida por el propio Govern, deberían haber aparecido rastros de pagos o facturas en los departamentos del Govern al igual que sí han aparecido documentos organizativos y actas de las reuniones separatistas de todo lo sucedido. Por lo tanto, si no aparecen, es porque las cuentas o depósitos desde los que se ha pagado el golpe se encontraban ya escondidos y fuera de la contabilidad oficial antes de comenzar la investigación.

Las sospechas de la Guardia Civil van más allá. Y teme que parte de la financiación haya ido saliendo paulatinamente con destino en determinados caso a cuentas en el extranjero, desde las que poder pagar posteriormente con mayor disimulo y sin dejar rastro nacional.