Hacienda exige a la Generalitat la entrega del detalle de todos los pagos por publicidad a prensa y a TV3

Hacienda acaba de reclamar a los anteriormente equipos de Oriol Junqueras -los responsables de todos los datos contables del Govern- que vuelquen todos los datos fiscales, de ingresos y gastos en los ordenadores de la Justicia. Y, entre ellos, y especialmente, todos los relativos al pago de publicidad a medios separatistas y a TV3. La orden -a la que ha tenido acceso OKDIARIO- ha llegado firmada por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya y con destino a la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal.

Hacienda recuerda a los equipos de la Generalitat que la orden viene dada por un primer esquinazo de estos departamentos del Govern a la Justicia: «A la vista de la respuesta remitida por el Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya al oficio de 30/10/2017 en el que se afirma el desconocimiento o inexistencia de cualquier tipo de gasto para la celebración del llamado referéndum del pasado 1 de octubre», se pasa ahora a requerir directamente a los equipos de la hacienda catalana y a través del propio Ministerio para que entreguen todos los datos, aclara el documento.

Los datos que deberán enviarse de manera imperativa serán: «El pago de informes previos a la celebración del referéndum. La publicidad en los medios, el pago para la creación de los diferentes eslóganes relacionados con el referéndum y pago de su difusión en los diferentes medios de TV, Radio y Prensa. Material electoral: urnas, papeleta, sobres, gastos del envío de llamado censo electoral realizado al menos por Unipost, etc».

Hacienda exige igualmente la entrega de todos los detalles que afecten a gastos de observadores internacionales, a webs para difundir el referéndum ilegal, a personal destinado a los preparativos y demás desembolsos que tengan que ver con el 1-O.

Hacienda, cansada del Govern

Pero Hacienda ha reservado en su orden un apartado especial para remarcar su interés por los medios separatistas. Y, por ello, reclama de forma específica «la ejecución del contrato para el programa de la Corporación Catalana de Medios de Audiovisuales en relación a la emisión de de la campaña Civisme que contenía publicidad relacionada con la inscripción en un registro de catalanes en el exterior, instrucciones para votar y el anuncio ‘Ahora, más que nunca, el futuro de Catalunya está en tus manos. Participa en él. El 1 de octubre referéndum’».

Hacienda se ha cansado ya del juego del escondite al que están sometiendo los cargos catalanes a la Justicia. De hecho, ha sido la propia Justicia la que ha pedido a Hacienda que exija la entrega de todos los datos citados.

El Ministerio Fiscal, además, ya ha aclarado judicialmente y ante el mismo Juzgado de Instrucción que «dentro de los hechos que pueden englobar el delito de malversación de caudales públicos se ha de tener en cuenta que los presuntos fondos malversados y no destinados a su finalidad legítima, por cuanto hayan podido ser destinados al pago de la realización de un referéndum que había sido suspendido y posteriormente declarada inconstitucional, entre otros, si bien son fondos que sean gestionados por parte de la comunidad autónoma, los mismos tienen diversos orígenes». Y esos orígenes pueden haber sido públicos y, además, en muchos casos procedentes de fondos nacionales y no regionales.

El fiscal aclara expresamente que esos fondos pueden proceder de «recursos propios, como también recaudación de impuestos estatales cedidos total o parcialmente y fondos provenientes del Estado cuyo origen son los fondos de liquidación autonómica».

Dentro de la investigación judicial, además, se ha conseguido probar ya que la Generalitat encontró el mecanismo para usar los fondos que llegaban a Cataluña procedentes del rescate del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) a espaldas de los controles de Hacienda y mediante la emisión de facturas de gasto falsas.

Por todo ello, los requerimientos a los equipos antaño comandados por Junqueras se han intensificado para que aclare qué ha pasado con los fondos públicos.