El Gobierno abandona a las menores tuteladas: incumple su promesa de tener un plan contra los abusos

El Gobierno prometió a primeros de febrero tener en el plazo de «un mes» un «plan de choque urgente para luchar contra la explotación sexual de adolescentes tuteladas». Sin embargo, se van a cumplir ya dos meses y las medidas todavía no se han puesto en marcha como prometieron.

Se trató de una promesa de los ministerios de Igualdad y Derechos Sociales, ambos en manos de Podemos (Irene Montero y Ione Belarra) tras una reunión con las comunidades autónomas. La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam y el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, presidieron un encuentro con otros departamentos del Ejecutivo, como Interior, Exteriores o Sanidad. Fue la primera semana de febrero. Ahora ha terminado febrero y también marzo y no se ha aprobado el plan.

El Ejecutivo aprovechó que se conoció el caso de tres chicas prostituidas en la Comunidad de Madrid para tratar de ponerse la medalla. Después de ignorar los escándalos de Baleares y Valencia, el Gobierno intentó atajar el problema con una reunión a la que convocaron a los medios de comunicación.

Tras ese encuentro, los secretarios de Estado fijaron una fecha muy clara: «El plazo de un mes». Según detallaron, se pretendía mejorar el sistema siguiendo las recomendaciones de expertos. OKDIARIO se ha puesto en contacto con ambos ministerios pero, por el momento, han declinado hacer cualquier tipo de aclaración.

Por su parte, otras fuentes implicadas en el tema señalan que está circulando un borrador, pero «obviamente» no se iba a cumplir el plazo. «Cualquiera que conozca los ritmos de la Administración sabe que un mes es un abrir y cerrar de ojos», reprochan. Es posible que el plan salga adelante en las próximas semanas, pero ya no se cumplirá la promesa realizada a primeros de febrero. Además, apuntan que son «fuegos de artificio», ya que estamos simplemente ante el desarrollo ya previsto de la Ley de protección a la infancia aprobada en 2021.

Propuestas

Las medidas que se barajan en el borrador, como ha podido saber este periódico, incluyen formación especializada en detección de explotación sexual a todas los trabajadores de centros residenciales infantiles (en torno a unos 1.300 centros en total), un protocolo armonizado para intervenir frente a las posibles situaciones de violencia, una guía común de actuación para derivar los casos, una campaña estatal de sensibilización, un estudio de buenas prácticas, un nuevo sistema de información o, entre otros, la creación de nuevos servicios especializados.

Por otra parte, la alto cargo Igualdad apostó por «perseguir a los proxenetas» y luchar contra las «estrategias criminales para captar niñas». «No se puede luchar contra la explotación sexual sin poner medidas contra la industria proxeneta que actúa con total impunidad. Para ello necesitamos que se apruebe cuanto antes la Ley de Sólo Sí es Sí», añadió.