La Fiscalía ‘antiodio’ pide 2 años y medio de cárcel para los primeros manifestantes de Ferraz

La Fiscalía Provincial de Madrid, desde su área de delitos de odio, ha formulado acusaciones contra varios manifestantes que participaron en las primeras protestas contra la Ley de Amnistía en la calle Ferraz, cuando la Policía cargó y roció gases. El Ministerio Público, que controla Pedro Sánchez, pide cuatro penas que oscilan sobre los dos años y medio. Estas acusaciones incluyen agravantes como discriminación ideológica, lo que ha sorprendido a los abogados afanados en este tema, ya que ven que se quiere abrir la puerta a que protestar contra el Gobierno sea una discriminación por pensamiento. Se da la particularidad que protestas mucho más violentas en Cataluña por la independencia han quedado borradas de la historia tras la aplicación de la Ley de Amnistía, pero esos acusados pueden acabar pisando la cárcel.

Según la defensa de algunos acusados, resulta sorprendente que se atribuya este tipo de delitos a ciudadanos que protestan contra medidas gubernamentales. Tradicionalmente, los delitos de odio se relacionan con ataques motivados por raza, sexo o religión, pero la Fiscalía ha aplicado un enfoque más amplio, que incluye «discriminación ideológica» como agravante.

La defensa también ha cuestionado la ausencia de pruebas concluyentes en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de un joven militante político que no fue detenido en esos primeros días de noviembre de 2023 y sí en los días posteriores tras los análisis de la comisaría de Información. La principal evidencia son capturas de video cuya claridad ha sido puesta en duda por sus defensas. Aseguran que no queda claro que las personas que aparece sean los acusados. A pesar de ello, la Fiscalía mantiene la acusación para él y solicita una pena de dos años y diez meses.

El tratamiento judicial de estas protestas ha sido comparado con la gestión de episodios de desórdenes públicos mucho más graves, como los vinculados a Tsunami Democràtic, un movimiento que organizó actos de sabotaje próximos al terrorismo tras la sentencia del procés independentista en 2019. Los participantes en esos episodios, que incluyeron bloqueos de infraestructuras y actos violentos coordinados, finalmente han quedado absueltos. Las fuentes letradas de las defensas señalan que quienes defienden el Estado de derecho enfrentan penas más severas que quienes cometieron actos de vandalismo masivo. Recuerdan que en esos días decenas de asociaciones judiciales y el propio Consejo General del Poder Judicial realizaron pronunciamientos contra la Ley de Amnistía.

Esos abogados han señalado que las acusaciones reflejan un «exceso punitivo» que podría interpretarse como un intento de disuadir la protesta social contra el Ejecutivo de PSOE y Sumar. Este enfoque ha sido criticado por ser una continuación de las políticas represivas asociadas a la Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley mordaza, aprobada durante el gobierno de Mariano Rajoy. Aunque el Gobierno actual ha prometido reformar esta ley, su aplicación sigue siendo motivo de controversia.

Los abogados de los acusados han argumentado que, en muchos casos, las acusaciones carecen de base sólida. Subrayan que los acusados no fueron detenidos en el momento de los hechos, sino que fueron identificados posteriormente a través de videos. Se trata de chicos muy jóvenes, menores de 25 años, que no tienen antecedentes penales o policiales, lo que refuerza la percepción de que las medidas judiciales son desproporcionadas. Recuerdan que fue una intervención policial con gases lacrimógenos con gente anciana muy cuestionada y por la que llegó a estar imputado durante un tiempo Francisco Martín, el delegado del Gobierno por el PSOE

El caso está actualmente en fase de instrucción en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, conocido por otros casos mediáticos como el de las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid por el que se procesó a Luis Medina y Alberto Luceño. En las próximas semanas, se espera que se celebren vistas clave para determinar la validez de las pruebas y la admisión de nuevos elementos de defensa. Se da por hecho que el caso acabará en un juzgado de lo Penal y se celebrará la correspondiente vista oral.

Por el contrario, decenas de jóvenes han acabado absueltos tras ser detenidos e investigados por las protestas de los primeros días de Ferraz. Se les acusaba de desórdenes, daños contra el mobiliario público y altercados, pero quedó en nada. No obstante, sí se tramitaron decenas de multas por aspectos como ocupar la calzada interrumpiendo el tráfico rodado y se mantiene el juicio a cuatro acusados que no fueron detenidos los días clave, pero sí se organizaron en partidos y asociaciones.