La Audiencia de León retira una pulsera porque genera «estrés a la víctima»

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de León ha estimado parcialmente un recurso de apelación y ha ordenado la retirada de una pulsera telemática de control impuesta a un investigado por violencia de género. La decisión, adoptada el 11 de noviembre de 2024, se ha basado en la negativa expresa de la víctima a portar el dispositivo por el estrés que le causaba.

El tribunal leonés ha mantenido las demás medidas de protección, incluyendo la prohibición de acercamiento y comunicación del investigado hacia la denunciante. La resolución es otro ejemplo sobre los fallos de las medidas tecnológicas de control a pesar de lo que declara la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

La denunciante había manifestado en comparecencia que «no quería llevar el dispositivo telemático porque no lo soportaba al no parar de pitar». Según consta en el auto, esta situación «la estresaba», lo que motivó su petición expresa de retirada.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada había acordado inicialmente el 30 de agosto de 2024 una orden de protección integral. Ésta incluía la prohibición de acercarse a menos de 500 metros y la comunicación por cualquier medio, además de la colocación de la pulsera telemática para verificar su cumplimiento.

Los magistrados habían confirmado que «existen indicios fundados de la comisión de un delito contra la vida, integridad física o moral». La resolución detalla que los hechos denunciados «podrían ser constitutivos de un delito de maltrato habitual del artículo 173 del Código Penal, un delito de amenazas y un delito de acoso».

La víctima había ofrecido una declaración que el tribunal considera «seria, coherente y verosímil», aportando «diversos detalles» sin ocultar aspectos que pudieran beneficiarla o perjudicarla. También se han valorado transcripciones de mensajes de WhatsApp realizadas por la policía.

Antecedentes del investigado

La resolución revela que el investigado «ha cumplido condena por tentativa de asesinato», aunque estos antecedentes penales ya están cancelados. Este elemento ha sido considerado por el tribunal para evaluar la situación objetiva de riesgo, a pesar de las alegaciones de la defensa.

La Audiencia ha recordado que los dispositivos telemáticos «no son en sí mismos una medida cautelar, sino un medio de garantizar su cumplimiento». Sin embargo, ha reconocido que «su colaboración resulta esencial para el funcionamiento del sistema».

El tribunal ha subrayado que, aunque la colocación de estos dispositivos «no depende de la voluntad de la víctima», la cooperación de esta resulta «esencial» para su funcionamiento.

Los magistrados Emilio Vega González, Nuria Valladares Fernández y Cristina del Pie Pérez han firmado la resolución, siendo esta última la ponente. El fallo ha sido dictado «con declaración de oficio de las costas», y contra él no cabe recurso ordinario alguno.

Querella en el Supremo

En este contexto, el Tribunal Supremo ha recibido la primera querella contra la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por el caso pulseras revelado por OKDIARIO. La Fiscalía evidenció en su Memoria Anual 2024 de la Fiscalía General del Estado que hubo múltiples fallos en estos dispositivos que deberían haber protegido a las víctimas de violencia de género.

El sindicato Manos Limpias, de Migue Bernad, ha registrado una querella criminal contra Ana Redondo por delitos graves relacionados con el colapso del sistema de protección telemática Cometa para afectadas de violencia de género.

La Fiscalía admitió que el Centro Cometa comunicó «reiteradamente» a los órganos jurisdiccionales que «desconoce por completo cuándo pueda quedar solventada la situación».

La querella, consultada por OKDIARIO, acusa a la dirigente socialista de prevaricación administrativa por omisión y omisión del deber de socorro institucional. Los hechos se refieren al periodo entre octubre de 2023 y diciembre de 2024, durante el cual el sistema falló muchas veces.

«La adjudicación del sistema Cometa a la UTE Vodafone España-Securitas Seguridad España por 42,6 millones de euros no fue una mera transacción administrativa; fue el momento en que la vida de 4.515 víctimas quedó suspendida en la balanza de una decisión técnica cuyas consecuencias mortales ya se vislumbraban», recoge la organización denunciante.