Asuntos Internos revela que Villarejo pidió a la Policía que espiara a Inda en «bases restringidas»

El comisario José Manuel Villarejo espió al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, en «bases de datos de acceso restringido». Es decir, información confidencial sólo al alcance de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o empresas telefónicas, según señalan fuentes jurídicas. Villarejo elaboró con esa documentación obtenida de manera ilegal lo que él bautizó como el ‘proyecto Gossip’ encargado por el ex presidente del BBVA Francisco González al Grupo Cenyt.

González, imputado en el caso Tándem por delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, contrató al ex agente infiltrado para investigar a Inda con el objetivo de averiguar el origen de una información publicada en este medio sobre las corruptelas del ex presidente de la entidad que había condonado unos créditos a la familia del ministro popular Rodrigo Rato. Por este trabajo y «otros proyectos de espionaje» el BBVA abonó al Grupo Cenyt 423.500 euros. Unos ingresos ‘extras’ que se realizaron en paralelo a los honorarios recibidos periódicamente desde 2014, que alcanzaron los 10,2 millones de euros.

Espionaje a Inda

Un nuevo informe recién incorporado a la pieza sobre los trabajos encargados por el BBVA al comisario, en prisión provisional desde noviembre de 2017, revela que el Grupo III de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional ha elaborado «un listado cerrado de personas físicas y jurídicas, teléfonos, cuentas bancarias, vehículos u otros datos que hubieran sido objeto de solicitud de información a bases de acceso restringido para el desarrollo de los proyectos del Grupo Cenyt», el entramado empresarial dirigido por José Manuel Villarejo.

El oficio detalla el número de perjudicados que fueron objetivos a batir por el comisario. Los afectados aparecen en los trabajos que se investigan en 15 de las 25 piezas separadas que actualmente conforman la macrocausa. Éstas son: Iron (número 2); Land (3); Pit (4); Pintor (6); Gómez Zotano (8); BBVA (9); Dina (10); Planeta (12); Mutua Madrileña (15); la pieza separada 14; San José (16); Iberdrola (17); Pérez Dolset (18); Repsol y Caixabank (21); y Saving (25).

José Manuel Villarejo siguió el rastro, sólo en estos proyectos, a casi 150 personas. Pero a esta cifra hay que sumar las empresas, matrículas de vehículos, cuentas bancarias y número de teléfonos que fueron pinchados o rastreados. El comisario jubilado por encargo del presidente del BBVA, Francisco González (FG), no se limitó a investigar el registro de llamadas del móvil de Eduardo Inda sino que, además, sometió al periodista a un seguimiento físico en sus actividades profesionales y privadas.

El comisario, aprovechándose de su condición de policía, solicitaba a sus ex compañeros de profesión que averiguaran datos de carácter confidencial para elaborar los informes que posteriormente facturaba a sus clientes a través de su entramado empresarial.

Estas consultas, presuntamente ilegales, se realizaban a través de un ordenador ‘secreto’, es decir, que «no estaba conectado a la red de la Comisaría General de Información» para no dejar rastro de las peticiones de información realizadas por el comisario actualmente en prisión provisional desde noviembre de 2017. Desde hace ocho meses la Audiencia Nacional está investigando el contenido de ese portátil de marca HP.

Iglesias no fue espiado

Llama la atención que entre los damnificados no aparezca el líder de Podemos Pablo Iglesias que se presenta como víctima de unas supuestas ‘cloacas del Estado’. El ahora vicepresidente del Gobierno utilizó esta causa judicial para hacer campaña política en las elecciones generales de abril de 2019, un extremo que le ayudó a frenar la sangría de votos que pronosticaban las encuestas.

Un año más tarde, el magistrado y los fiscales anticorrupción le han retirado su condición como perjudicado en el ‘caso Dina’ –pieza separada número 10 de la macrocausa’–, al valorar que Iglesias ni mucho menos puede considerarse una víctima, sino que es el autor de dos posibles delitos: descubrimiento y revelación de secretos y daños informáticos.

Del mismo modo, el periodista Javier Ayuso tampoco aparece entre los afectados pese a que se presenta en el diario Público como un experto cloacólogo, cuando en realidad colaboró con la trama de Francisco González en el BBVA investigada por el juez García-Castellón.

Como ha informado OKDIARIO, Javier Ayuso trabajó codo con codo con los comisarios Villarejo y con el ex policía Julio Corrochano, mientras fue dircom del BBVA, y con el CNI durante la campaña dirigida por los servicios secretos españoles contra Corinna Sayn Wittgenstein. La Fiscalía Anticorrupción señaló que Ayuso era quien explicaba «los pormenores de las necesidades del banco a José Villarejo y a Rafael Redondo». El abogado Redondo era el hombre de confianza del ex comisario en el grupo Cenyt.