El Gobierno desafía a Europa y seguirá reclamando el ingreso mínimo a miles de familias y madres sin recursos

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid. Licenciado en periodismo por la Universidad Complutense.
• • 04/08/2026 05:45
  • Actualizado: 08/08/2026 00:37

El Gobierno no da marcha atrás y seguirá reclamando a miles de familias vulnerables que devuelvan el ingreso mínimo vital con intereses y con amenaza de embargo si no lo hacen, pese a que en la mayoría de los casos no pueden hacerlo por falta de recursos. Así lo ha comunicado el Gobierno al Consejo Europeo de Derechos Sociales dentro de un proceso judicial que está dirimiendo este Consejo y que se inició en mayo de 2024 con una denuncia de miles de afectados por los llamados cobros indebidos del ingreso mínimo, con el apoyo legal de la organización ATD Cuarto Mundo.

El Gobierno está reclamando a miles de familias y madres sin recursos que devuelvan el ingreso mínimo vital, dejándoles sin ingresos y con una deuda que no pueden pagar -la heredan los hijos-. El motivo es que el Gobierno comprueba a año vencido con la Agencia Tributaria los ingresos de las familias, y si superan el mínimo exigido en la ley para recibir el IMV se lo reclama con intereses.

El problema es que en muchos casos se produce por errores de la propia Administración, ya que contabiliza como ingresos lo que no se debe contabilizar -por ejemplo, la manutención de los hijos- o cuenta como patrimonio la vivienda habitual, que está exenta.

Esto ha generado que miles de perceptores del ingreso mínimo se encuentren con una deuda que no pueden pagar. Hay casos que superan el mínimo de ingresos por haber trabajado un mes al año, y cuando les reclaman el ingreso mínimo, no trabajan y se quedan sin ingresos y con la deuda. Hasta el Defensor del Pueblo, sin éxito, ha pedido al Gobierno que rectifique y no reclame el ingreso mínimo a familias que quedan en situación vulnerable.

Ante este escándalo, los afectados denunciaron al Gobierno ante el Comité Europeo de Derechos Sociales por incumplir la Carta Social Europea. En una primera respuesta, el Gobierno no aportó la cifra de afectados y se negó a tomar ninguna medida para acabar con esta situación más allá de revisar dos veces al año los ingresos de la unidad de convivencia, en lugar de una vez al año -para que la deuda fuera menor cuando se detectara-.

Más allá de eso, nada de nada. Pero ante la insistencia de los afectados y del Comité Europeo de Derechos Sociales, el Gobierno se ha visto obligado a enviar una segunda respuesta. Y, en esta segunda respuesta, como se puede ver en la imagen, el Ejecutivo anuncia que «por parte del ministerio se está promoviendo una norma que permita la condonación de deudas todavía no tratadas correspondiente a los cruces realizados en el año 2024 y 2025».

Se trata, por tanto, de hacer lo que le están pidiendo los afectados, el Defensor del Pueblo, la AIReF, las sentencias judiciales y Europa, pero sólo para los casos a partir de 2024. Con los miles de casos anteriores a 2024 seguirán adelante, dejando a miles de familias y a madres de menores con la deuda y el proceso pendiente.

El Gobierno rectifica ahora, pero a medias, cuando siempre se ha negado a no reclamar esa deuda. Y rectifica forzado por la investigación de Europa. Y con medidas que son parches que no solucionan el problema, como las medidas que ha tomado hasta ahora, que sólo han rebajado el problema sin solucionarlo.

Según la segunda respuesta que ha enviado el Gobierno a Europa, los afectados por las reclamaciones del ingreso mínimo son casi 320.000 familias, aunque los afectados sospechan que son muchos más. Casi 320.000 hogares que elevan la cifra individual de afectados a más de medio millón de personas.

Se trata de familias que quedan totalmente sin recursos y que en algunos casos es cierto que han superado ligeramente los ingresos anuales permitidos porque han tratado de salir del ingreso mínimo y han trabajado un mes al año. Por eso, los perceptores al final deciden no trabajar y no entrar en el mercado laboral. La mitad de las familias que empezaron a cobrar el ingreso mínimo en 2020 lo seguía cobrando cinco años después.

Además, el Gobierno no cuantifica cuánto dinero está reclamando en los 320.000 expedientes abiertos o ya cerrados en el escrito a Europa. Pero sí explica con pelos y señales a cuántos perceptores del ingreso mínimo les ha pagado atrasos por culpa de esas revisiones anuales de los ingresos con la Agencia Tributaria. Ahí el Gobierno sí tiene los datos: 123,7 millones a 137.490 familias en 2025. Y aporta las cifras también de 2022, 2023 y 2024.