El Real Madrid, tras la Junta Directiva de urgencia que se ha celebrado en la mañana del domingo en las oficinas de Valdebabas, ha decidido personarse en el procedimiento «en defensa de sus legítimos intereses». El conjunto blanco manifiesta su «profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos» y también «reitera su plena confianza en la acción de la justicia» para esclarecer lo sucedido durante el tiempo en el que el Barça pagó al entonces número dos de los árbitros, Enríquez Negreira.
La entidad madridista se siente perjudicada por la presunta corrupción continuada en el deporte por la que la Fiscalía ha denunciado al Barcelona y se sienten legitimados para tomar esta decisión. Además, el club blanco ha esperado a que la justicia actuase para tomar esta decisión.
Hay que destacar que el Real Madrid se presenta como acusación particular en este caso. Es decir, no irán de la mano de la Liga, que a través de Javier Tebas, ya ha anunciado que se personará porque «el fútbol español necesita claridad» tras destacar que «la reputación de esta competición está por encima y da lo mismo el club que sea».
La Fiscalía, que formalizó la denuncia en la tarde del viernes, es clara en su escrito contra el Barcelona por corrupción deportiva continuada por los pagos que se produjeron durante años al ex vicepresidente del Comité de Árbitros, José María Enríquez Negreira. En el texto se recoge que lo que se buscaba con el desembolso de siete millones de euros durante 17 años no era otro que se produjesen «actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos».
El Ministerio Público ha denunciado al conjunto catalán, a sus ex presidentes Rosell y Bartomeu, así como al propio Enríquez Negreira. También a los ex directivos Óscar Grau y Albert Soler. Según esgrime la Fiscalía en su denuncia, el objetivo de esos pagos no era otro que influir en las decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el Barça en competición nacional, cuyas designaciones dependían del CTA.
Se reconoce que el que fuera número dos de Sánchez Arminio tenía un papel influyente entre los colegiados, puesto que se encargaba de «evaluaciones para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales». Algo que entra en contradicción con la versión ofrecida en las últimas semanas desde el entorno del CTA y su actual presidente, Medina Cantalejo, que restaba importancia a la labor de Negreira dentro del órgano arbitral y apuntaba que «si al Barça no se le pitaron penaltis en 78 partidos es porque no los hubo».
«A través de los presidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, el Barça alcanzó y mantuvo un acuerdo verbal estrictamente confidencial con el denunciado Enríquez Negreira, a fin de que, en su calidad de Vicepresidente del CTA y a cambio de dinero, realizase actuaciones tendentes a favorecer al Barcelona en la toma de decisiones de los árbitros en los partidos que disputase el club, y así en los resultados de las competiciones; árbitros cuya designación para cada partido de las competiciones españolas oficiales de ámbito estatal y profesional se llevan a cabo en el seno del CTA, organismo encargado, además, de las evaluaciones -en las que participaba el denunciado- para los ascensos y descensos de categoría de los árbitros, así como de la proposición de candidatos a árbitros internacionales», señala la Fiscalía.
Comunicado oficial del Real Madrid
La Junta Directiva del Real Madrid C. F., en su reunión celebrada en el día de hoy, ha tomado conocimiento de las graves acusaciones formuladas por la Fiscalía de Barcelona contra el F. C. Barcelona, dos de sus presidentes, Josep María Bartomeu y Sandro Rosell, y los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau, sobre la base de potenciales delitos, entre otros, de corrupción en el ámbito deportivo, en el marco de las relaciones entabladas por dicho club con quien fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, José María Enríquez Negreira.
El Real Madrid manifiesta su profunda preocupación sobre la gravedad de los hechos y reitera su plena confianza en la acción de la justicia y ha acordado que, en defensa de sus legítimos intereses, se personará en el procedimiento en cuanto el juez lo abra a las partes perjudicadas.
