El príncipe Guillermo mueve ficha en Buckingham y endurece el control inmobiliario de la Corona ante la polémica de los York

• Javi Fernández
• • 07/06/2026 14:31
  • Actualizado: 07/06/2026 14:31

La imagen de la Corona británica no atraviesa su mejor momento y es que los acontecimientos de los últimos meses han contribuido a erosionar la reputación de una de las monarquías más populares del mundo. Se ha abierto un intenso debate sobre los privilegios, el patrimonio y el futuro de la institución. Desde que salieron a la luz las supuestas implicaciones del príncipe Andrés en el caso del pedófilo Jeffrey Epstein, Buckingham entró en una nueva etapa marcada por las tensiones internas y las decisiones drásticas. El rey Carlos III reaccionó retirando a su hermano una significativa parte de los derechos y privilegios asociados a su posición dentro de la familia real, además de sus títulos. Sin embargo, el proceso no parece haber terminado ahí. Ahora es el príncipe Guillermo quien está dispuesto a dar un paso más.

Desde que estalló la polémica en torno a Andrés Mountbatten-Windsor, comenzó a hablarse en determinados círculos de palacio de una facción «anti York», partidaria de reducir al máximo el peso de esta rama de la familia dentro de la institución, hasta tal punto de querer sacarlos al 100% de la Corona. Según estas informaciones, algunos sectores considerarían que los escándalos asociados al duque han supuesto un importante daño para la imagen de la Corona y defenderían una reducción progresiva de los privilegios vinculados a su entorno familiar, incluso la petición de sacar a la estirpe de Andrés de la línea de sucesión al trono.

Y si hay alguien que parece decidido a impulsar una profunda transformación de la monarquía, ese es el príncipe Guillermo. El heredero al trono lleva tiempo dejando claras sus intenciones: quiere una institución más moderna, más eficiente y adaptada a las exigencias de transparencia que demanda la sociedad actual.

Una de las cuestiones que considera prioritarias afecta directamente al patrimonio inmobiliario de la familia real y a las condiciones de uso de las residencias vinculadas a la Corona. No hay que olvidar que el príncipe Guillermo gestiona actualmente el Ducado de Cornualles, un gigantesco entramado financiero e inmobiliario valorado en más de 1.000 millones de euros y que genera unos ingresos anuales superiores a los 20 millones.

Entre las medidas que estudia se encuentran la prohibición del subarrendamiento de propiedades pertenecientes al patrimonio real y la obligación de abonar un alquiler por el uso de determinadas residencias, incluso cuando estas estén ocupadas por miembros de la propia familia.

Todo surge tras la publicación de un informe de la Oficina Nacional de Auditoría, en el que salieron a la luz diversas prácticas relacionadas con el uso de propiedades vinculadas al entorno de Andrés. Según dicho informe, el hermano de Carlos III habría subarrendado varias viviendas situadas en los terrenos de Royal Lodge mientras abonaba una cantidad reducida por el uso de la propiedad principal. 

Las conclusiones del documento también apuntaban a otras situaciones que han generado un duro debate en Reino Unido. Entre ellas, el uso de residencias vinculadas a la Corona por parte de las princesas Eugenia y Beatriz de York sin asumir determinados costes de alojamiento. Según se ha podido saber, algunos de esos gastos habrían sido cubiertos con fondos privados del rey Carlos III, a pesar de que ambas mantienen una posición económica favorable junto a sus respectivos maridos empresarios.

Todo ello ha reforzado la idea de que Guillermo quiere revisar en profundidad la gestión del patrimonio de la familia real. El heredero es consciente de que existe una creciente vigilancia pública sobre el uso de los recursos asociados a la Corona y considera que determinadas situaciones son difíciles de justificar ante la opinión pública.

Por eso no sorprende que muchos observadores sitúen al príncipe entre las figuras más próximas a esa denominada facción «anti-York». Una corriente que apuesta por una monarquía más reducida, más controlada y con menos espacio para quienes no desempeñan funciones oficiales dentro de la institución.

En esa misma línea, y según publicó The Times, Guillermo también habría decidido marcar distancias con aquellos familiares que no desarrollan labores representativas para la Corona. El objetivo sería evitar que determinadas ventajas residenciales o patrimoniales puedan interpretarse como privilegios difíciles de explicar en pleno siglo XXI.

De hecho, el propio príncipe ha querido predicar con el ejemplo. Recientemente se hicieron públicos algunos detalles del contrato de arrendamiento de la residencia familiar de los príncipes de Gales. Según la información difundida, Guillermo y Kate abonan un alquiler anual de 356.700 euros, una cantidad superior a la pagada por anteriores ocupantes. Además, el contrato prohíbe expresamente el subarrendamiento de las viviendas situadas dentro de la finca.

En definitiva, el príncipe Guillermo parece decidido a preparar el terreno para una nueva etapa en Buckingham. Más allá de la polémica de los York, su objetivo sería construir una institución más ágil, más transparente y menos vinculada a privilegios heredados. Una hoja de ruta que muchos interpretan ya como un adelanto de cómo pretende gobernar cuando llegue el momento de ocupar el trono británico.