La Generalitat avisa: «Seguiremos defendiendo la constitucionalidad de la Ley de Concordia»

• Ignacio Martínez
• VALENCIA
• Responsable de OKDIARIO en la Comunidad Valenciana
• • 27/05/2025 21:44
  • Actualizado: 27/05/2025 23:13

La consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana, Nuria Martínez, ha manifestado este martes su «respeto» a las decisiones judiciales, en referencia a la decisión del Pleno del Tribunal Constitucional (TC) de suspender varios preceptos de la Ley de Concordia tras la presentación de un recurso por parte del Gobierno. Pero ha advertido también que el Gobierno valenciano, del que forma parte continuará «defendiendo» la constitucionalidad de la Ley de Concordia.

La consellera de Justicia ha advertido, también, de que la suspensión automática de la ley no prejuzga la constitucionalidad de los preceptos que se recurren. Y ha señalado que según el artículo 161.2 de la Constitución la suspensión no se produce por la simple impugnación del Gobierno: «Esto, no quiere decir que el recurso se vaya a estimar, ni que se haya decidido sobre el fondo del asunto», ha puntualizado Nuria Martínez: «De hecho, ahora, el Tribunal Constitucional puede ratificar la suspensión o levantarla».

Se da la circunstancia de que, tal como ha publicado OKDIARIO este 29 de junio de 2024, hace ahora 11 meses, la Comisión Europea sobre las políticas de memoria ya advirtió que la condena y el reconocimiento a las víctimas debe extenderse a todos los «regímenes totalitarios», entre los que se incluye, además y «particularmente» del «nazismo», también «el estalinismo y los regímenes comunistas». Así se pronunció Bruselas tras una pregunta por escrito del prófugo Toni Comín, eurodiputado y mano derecha de Carles Puigdemont en la Eurocámara, sobre las llamadas «leyes de concordia» impulsadas por varios gobiernos autonómicos del PP y Vox.

Ahora, en el caso de la Ley de Concordia valenciana, la Generalitat defiende que no concurren los argumentos jurídicos esgrimidos que plantean la posibilidad de que pudiera existir una invasión de la competencia estatal.

La Ley de Concordia de la Comunidad Valenciana se aprobó el 26 de julio de 2024. A finales de septiembre de ese año, la Consellería de Justicia recibió una invitación para el inicio del procedimiento del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la creación de una comisión bilateral, que se ha celebrado el 2 de abril de este año.

Según ha explicado Nuria Martínez, la comisión: «Fue un auténtico paripé. No dio margen para nada». Y acabó sin acuerdo que superase las salvedades del Gobierno para evitar la interposición del recurso. El Gobierno valenciano defendía la constitucionalidad de la norma, «dada en el ejercicio de sus competencias y con pleno respeto y sujeción a la Constitución española».

Según ha explicado Nuria Martínez, el artículo 1.1 de la nueva Ley de Concordia valenciana amplía el alcance temporal y conceptual de la protección a la víctima, al reconocer, precisamente, como víctimas, a todas las de la violencia social y política, así como a quienes han sido objeto de persecución ideológica y religiosa en la Comunidad Valenciana desde 1931 hasta ahora.

La consellera de Justicia valenciana ha explicado que la Ley de Concordia es «más inclusiva e integradora que la anterior», en referencia a la ley de memoria del Gobierno de Ximo Puig. Y ha detallado que «con este alcance subjetivo, la Generalitat Valenciana concilia bajo el reconocimiento explícito de víctimas a todas aquellas que lo han sido, con independencia de adscripción ideológica, política, religiosa o social».

Nuria Martínez ha destacado que, para el «legislador autonómico, no hay distinción entre víctimas. La Generalitat Valenciana confiere a todas ellas idéntico tratamiento bajo el principio de igualdad».

Finalmente, la consellera de Justicia ha criticado que el Gobierno de España «no sólo nos somete a una asfixia económica sino también a una asfixia de nuestra autonomía legislativa; a nosotros nos recurren todo y con otras autonomías, de las que son vasallos, miran hacia otro lado». Una actitud que según ha manifestado «es de todo menos responsable: es desmedida y generadora de desigualdades».