El Gobierno de Sánchez cumple su amenaza: llevará al Constitucional la Ley de Concordia valenciana

El Gobierno de España que preside el socialista Pedro Sánchez llevará ante el Tribunal Constitucional la Ley de Concordia valenciana aprobada este jueves en las Cortes de la Autonomía con los votos de sus impulsores: Partido Popular y Vox. Y con la oposición de PSOE y Compromís.

La decisión del Gobierno de Pedro Sánchez la ha confirmado este jueves, en Valencia, la ministra de Universidades Diana Morant. Esta última, que es a su vez secretaria general de los socialistas valencianos, ha asistido al Pleno antes citado desde la tribuna de invitados.

La nueva Ley de Concordia valenciana de PP y Vox otorga el reconocimiento de víctimas a todas desde abril de 1931, el año de proclamación de la II República (14 de abril), hasta nuestros días, sin distinguir bandos ni colores. Y, además, concede el reconocimiento de víctimas de violencia política a las de ETA y otras bandas terroristas. Así, como a la las víctimas del terrorismo islamista.

De hecho, tal como ha publicado OKDIARIO, el propio presidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón ha explicado desde la tribuna de oradores, también este jueves, que con el anterior texto, el de PSOE, Compromís y Podemos, si Miguel Ángel Blanco hubiese nacido en Castellón, no sería víctima de violencia política, mientras que con la Ley de Concordia, sí habría estado reconocido como tal.

La impresión en los grupos políticos impulsores de esta ley desde la Comunidad Valenciana es que lo que incomoda a una parte de sus detractores es la clara alusión de la Ley de Concordia a considerar víctimas a las del terrorismo de ETA.

Por su parte, Diana Morant ha tildado la citada Ley de Concordia de PP y Vox de «miserable». Y ha manifestado que el recurso del Gobierno de España se producirá en defensa de las víctimas del franquismo.

Inicialmente, Sánchez argumentó su intención de llevar la Ley de Concordia hasta a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otras cosas, porque se incluía a la II República. Pero, se da la circunstancia de que la ley de memoria del Ejecutivo de Ximo Puig, la que ahora ha dejado de estar en vigor, tiene exactamente la misma fecha de arranque que la Ley de Concordia: la II República.