La declaración del PP que rechaza la izquierda: «Libertad, derecho a la vida y fin de la violencia»

La izquierda ha mostrado su rechazo en las Cortes Valencianas a que se lea la declaración institucional presentada por el Partido Popular en el 25 Aniversario del secuestro y asesinato del concejal popular de Ermua Miguel Angel Blanco cuando sólo contaba 29 años a manos de la banda terrorista ETA. PSOE, Compromís y Unidas Podemos se oponían al punto sexto, que rechaza el pacto del Gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, con Bildu «herederos de la banda terrorista ETA». La citada declaración era también un canto en favor de la libertad «el derecho a la vida y del fin de la violencia» y propugnaba recuperar el llamado ‘Espíritu de Ermua’.

La declaración se inicia con un recuerdo a la aprobada en el Parlamento valenciano el 14 de julio de 1997 de «repulsa al terrorismo de ETA», una reivindicación a la «convivencia pacífica» y el recuerdo de que «nos uníamos como máxima representación del pueblo valenciano, al clamor popular en favor de la libertad, el derecho a la vida y del fin del terrorismo».

A continuación, recuerda que «ese espíritu es el de la Fundación Miguel Angel Blanco», para continuar sosteniendo algo más adelante que «sin embargo, la Comisión Constitucional del Congreso ha aprobado recientemente el proyecto de Ley de Memoria Democrática con el respaldo de Bildu, los herederos de la banda terrorista ETA, olvidando y rompiendo este espíritu de unidad».

Sostiene, también, que «rendir homenaje a todas las víctimas de terrorismo, a sus familias, compañeros y amigos y a un inmenso colectivo anónimo de ciudadanos y servidores públicos: policías, guardias civiles, jueces, fiscales, políticos constitucionalistas, perodistas… es un deber para construir la memoria de las víctimas y la de los ciudadanos que se enfrentaron al terror valientemente a un coste muy alto». Y remarca que «debemos comprometernos con el significado de este sacrificio» para añadir que debemos «revelarnos ante la injusticia que supone blanquear, relativizar o justificar el terrorismo y la violencia como metodología de acción política».

Por todo ello, instaba a las Cortes Valencianas, entre otras cosas a «manifestar la necesidad de recordar y homenajear a todas las víctimas del terrorismo, referencia ética y política de nuestro sistema constitucional», «exigir para todas las víctimas del terrorismo memoria, verdad, dignidad y justicia» y «mostrar su rechazo al pacto alcanzado por el Gobierno con la formación política Bildu, herederos de la banda terrorista ETA, para aprobar la nueva Ley de Memoria Democrática, por contribuir a la desmemoria, ir contra los acuerdos de la Transición y alentar el relato de quienes atentaron contra nuestra convivencia».