La Junta de Castilla y León invierte 45 millones en mantener 7.800 empleos para personas con discapacidad

La Junta de Castilla y León ha garantizado el empleo de más de 7.800 personas con discapacidad en la región gracias a las ayudas de fomento del empleo e inserción de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que han supuesto una inversión de más de 45 millones de euros.

La actuación de la Junta se realiza a través de dos departamentos. Por un lado, la Dirección General de Economía Social y Autónomos, que gestiona las ayudas para fomentar la inserción laboral en mercados protegidos (los centros especiales de empleo) y el mercado ordinario (empresas convencionales); y, por otro, el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL), que facilita la inserción laboral de personas con discapacidad, de la mano de entidades locales, para la realización de obras y servicios.

En total se invirtieron 45,4 millones en estas políticas durante el año 2023, lo que supone un incremento de un 27,3 % con respecto a la legislatura anterior. La partida mayor, casi 39 millones, se destinó a actuaciones en centros especiales de empleo, que permitieron asegurar el trabajo de 6.600 personas con discapacidad. Otros 6,1 millones fueron para actuaciones con las entidades locales, que insertaron laboralmente a otros 1.100 trabajadores. Una partida menor, de 326.000 euros, fue para fomentar el empleo en el mercado laboral ordinario, lo que se tradujo en 96 contratos indefinidos formalizados y en 31 trabajadores apoyados por 13 técnicos de apoyo.

La explicación de esta menor inserción laboral en el mercado ordinario es que las personas con discapacidad de Castilla y León tienen especiales dificultades de empleabilidad, tal y como se señala en el Plan Estratégico de la Economía Social (2023-2025). El análisis del Plan pone de manifiesto que se trata de personas de edades más avanzadas y con grados de discapacidad mayores que en el conjunto de España. Esta es la razón por la que la actuación de la Junta va especialmente dirigida a apoyar la labor de los Centros Especiales de Empleo.

Según ha explicado el Gobierno regional que dirige Alfonso Fernández Mañueco en un comunicado de prensa, Castilla y León es una de las comunidades más garantistas de España respecto al fomento de la inserción laboral de las personas con discapacidad porque anticipa los importes de las políticas activas de empleo, convocando las ayudas en el primer trimestre del año y liquidándolas con periodicidad mensual para preservar la sostenibilidad financiera de los beneficiarios.

Además, dicen, aporta fondos extraordinarios (una media de 2 millones de euros anuales) para garantizar la mayor cobertura posible de las líneas, excediendo las cuantías de referencia. Y prioriza el destino de los fondos autónomos a reasignar hacia esta línea de inversión. En 2023, este compromiso ha permitido incrementar el crédito inicial en un 19 %.

Otra peculiaridad que exponen es la ampliación del abanico de ayudas a la inserción laboral de las personas con discapacidad. Por un lado, se ha diseñado un complemento autonómico que incrementa los porcentajes de financiación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad en los centros especiales de empleo; y por otro, dos líneas autonómicas para financiar el empleo con apoyo en la empresa ordinaria y para fomentar el tránsito desde el mercado protegido al mercado ordinario. Las tres líneas se convocan por un importe aproximado a un millón de euros anuales.

Según han informado, en 2024 se continuarán mejorando las ayudas para respaldar más a quienes más lo necesitan, que son aquellas personas con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad. El INE, en su informe relativo al empleo de las personas con discapacidad, revela que, en 2022, la tasa de paro de las mujeres con discapacidad fue inferior a la de los hombres en más de un punto. Sin embargo, en las personas mayores de 45 años, la tasa de empleo de las personas con discapacidad es hasta 47 puntos porcentuales inferior a la de la población sin discapacidad.