Absuelven al guardia civil que mató de un disparo al exbatería de Los Piratas

El Juzgado de lo penal número 2 de Pontevedra ha absuelto al guardia civil que estaba acusado de homicidio imprudente por matar a Javier Fernández, exbatería de Los Piratas, al entender que realizó el disparo para impedir que el artista siguiera agrediendo a su compañero.

La sentencia, que ha sido divulgada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, considera probado que los dos agentes acudieron a la casa de Javier Fernández en Guláns (Ponteareas) para atender un supuesto caso de violencia de género.

El artista, señala el magistrado, se mostró «cada vez más agresivo» y les amenazó de muerte hasta que, en un momento dado, cogió varios tenedores y un cuchillo de cocina y se abalanzó contra uno de los guardias civiles, al que empezó a agredir.

Ante esa situación, el acusado, «consciente de la situación de riesgo de su compañero» y al no tener, según recoge el juez en su sentencia, «otro medio» para evitar la agresión y el peligro que esta conducta representaba para su vida, realizó un disparo a la pierna del músico.

El agente solo tenía la «clara intención» de herirle, destaca el magistrado del juzgado pontevedrés, pero la bala seccionó la vena cava inferior a la altura del abdomen del artista, que acabó muriendo por una «mala realización» del disparo.

Añade, en este sentido, que el agente apuntó a las extremidades inferiores, pero se desvió, ya que el músico se estaba moviendo y agrediendo a otra persona, una circunstancia de difícil control para alguien que, según el juez, tenía «poca experiencia» en el empleo de un arma «en situación de tensión».

El juez da credibilidad a todos los testigos, salvo uno, que ratifican la versión defendida por el ministerio fiscal de que los agentes trataron de calmar al artista y que, al no conseguirlo y correr peligro la vida de su compañero, el acusado actuó de forma «justificada» y que, en ese momento, «no tenía otra alternativa».

A este respecto, la sentencia confirma que se investigará a un amigo del músico por falso testimonio ante el tribunal, al concluir que su declaración -en la que dijo que el músico se puso agresivo por la actitud de los agentes- es «insostenible».

Los abogados de la acusación particular, que representan a la viuda, los padres y el hijo de Javier Fernández, mantenían que el agente debía ser condenado a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por un delito de homicidio por imprudencia grave profesional.

Reclamaban también que el Ministerio del Interior abonase diversas indemnizaciones, entre ellas, 90.000 euros a la viuda y 112.500 al hijo del fallecido, al entender que hubo una conducta «imprudente» por parte del guardia civil.