Escándalo en Sanidad: Mónica García deja 504 millones del presupuesto sin gastar para castigar a las comunidades del PP

El Ministerio de Sanidad de Mónica García no llegó a ejecutar cerca de 504 millones de euros de crédito definitivo durante 2024 y 2025, según un análisis del Instituto Coordenadas basado en los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). El departamento ejecutó el 84,1% de los recursos disponibles en esos dos ejercicios, mientras España continúa en 2026 con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados de 2023.

En concreto, el Ministerio dispuso de aproximadamente 3.178 millones de euros de crédito definitivo entre ambos ejercicios y reconoció obligaciones por unos 2.674 millones. La ejecución acumulada se situó en el 84,1%. Dicho de otra manera, algo menos de 85 de cada 100 euros de crédito definitivo acabaron convertidos en obligaciones reconocidas al cierre de esos dos años.

El desglose anual muestra que en 2024 Sanidad contó con 1.717 millones de euros de crédito y reconoció obligaciones por 1.438 millones. Quedaron sin ejecutar alrededor de 278,4 millones, con una tasa de ejecución del 83,8%. En 2025, el crédito definitivo fue de 1.460,6 millones y las obligaciones reconocidas alcanzaron unos 1.235 millones. Otros 225,5 millones no llegaron a materializarse en obligaciones reconocidas, con una ejecución del 84,6%.

La cifra no significa que ese dinero haya desaparecido ni que todo pudiera haberse destinado directamente a hospitales, centros de salud o contratación de profesionales. En términos presupuestarios, significa que esos créditos no se convirtieron en obligaciones reconocidas durante los ejercicios analizados. Pero sí permite examinar la capacidad del departamento para transformar los recursos disponibles en actuaciones, transferencias e inversiones efectivas.

Tres años sin nuevos Presupuestos Generales del Estado

El balance de ejecución se produce, además, en un escenario de prolongada incertidumbre presupuestaria. España afronta 2026 con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados, después de que no se hayan aprobado nuevas cuentas para 2024, 2025 y 2026.

La propia Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos recoge en su documentación oficial la prórroga presupuestaria para 2026. El artículo 134.4 de la Constitución establece que, si la Ley de Presupuestos no se aprueba antes del primer día del ejercicio económico, se prorrogan automáticamente los del año anterior.

La prórroga no significa que las administraciones tengan prohibido modificar sus créditos. Los presupuestos pueden experimentar modificaciones, incorporaciones y ajustes durante el ejercicio. De hecho, las cifras de crédito definitivo utilizadas para calcular los 504 millones ya incluyen las modificaciones presupuestarias correspondientes. Por eso, el dato relevante no es únicamente cuánto dinero figuraba inicialmente en las cuentas, sino cuánto crédito definitivo tuvo disponible el Ministerio y cuánto convirtió finalmente en obligaciones.

La ausencia de nuevas cuentas estatales, no obstante, añade dificultades para planificar políticas plurianuales y actualizar las prioridades de gasto en un sistema sanitario que afronta una creciente demanda asistencial.

Las comunidades soportan el grueso del gasto sanitario

La dimensión del problema se entiende mejor al observar cómo está organizado el Sistema Nacional de Salud. Las comunidades autónomas gestionan la asistencia sanitaria ordinaria: hospitales, centros de salud, plantillas, equipamientos y buena parte de los programas de atención a los pacientes. El Ministerio, por su parte, ejerce funciones de coordinación, regulación, planificación y financiación de programas estatales y transferencias específicas.

El propio Ministerio reconoce esta distribución competencial en su documentación presupuestaria oficial. El Plan Estratégico de Subvenciones de 2024 señala que las competencias sanitarias corresponden a las comunidades autónomas, con las excepciones establecidas constitucionalmente, entre ellas la sanidad exterior y las bases y coordinación general de la sanidad.

Esta distribución hace que las consejerías autonómicas tengan que ajustar sus presupuestos para responder a necesidades que no dejan de crecer. El envejecimiento de la población, las enfermedades crónicas, la presión sobre Atención Primaria, las listas de espera y la necesidad de incorporar nuevos tratamientos obligan a mantener un esfuerzo financiero constante.

Las comunidades tienen que organizar sus recursos y priorizar gastos para sostener los servicios asistenciales, mientras el Ministerio debe garantizar que los programas estatales y las transferencias comprometidas se desarrollen con la mayor eficacia posible.