Sólo con el informe de los interventores, Sánchez debería dimitir

Carlos Barrabés, el empresario experto en Comercio por Internet y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que le montó a Begoña Gómez sus másteres en la Universidad Complutense, tuvo muchísima suerte de hacerse amigo de la mujer de Pedro Sánchez. Como empresario, sus inicios se remontan a la tienda de material de montaña que su padre tenía en Benasque, una pequeñísima población oscense situada en el corazón de los Pirineos, muy cercana a la estación de esquí de Cerler en la que a Pedro Sánchez le apasiona practicar el snowboard. Barrabés y su hermano hicieron crecer la pequeña tienda de su padre aprovechando los inicios del comercio electrónico y aplicando posteriormente esta experiencia para convertirse en asesor de otras empresas tecnológicas, llegando a colaborar con multinacionales como Telefónica y el Banco Santander. Hasta que su amistad con el matrimonio Sánchez – Gómez le abrió la puerta a nuevos… digamos, «mercados».

En todos los años anteriores a que Pedro Sánchez alcanzara la presidencia del Gobierno en junio de 2018, las empresas de Barrabés habían conseguido contratos públicos por menos de 100.000 euros acumulando toda su trayectoria. A partir de que Sánchez llegó a la Moncloa ha sido agraciado con casi 23 millones de euros en contratos públicos procedentes de diferentes administraciones dependientes del Gobierno. Begoña Gómez firmó en julio de 2020 una carta de recomendación hacia las empresas de Barrabés que éste utilizó en sus concursos públicos. Antes de esa carta, todos los contratos que le habían sido adjudicados al amigo de Begoña alcanzaban un importe conjunto de algo menos de 900.000 euros. Después de la carta de Begoña, la suma de contratos públicos adjudicados a las empresas de Barrabés supera los 22 millones de euros. Entre julio de 2020 y agosto de 2022, en sólo dos años siguientes a la recomendación de Begoña Gómez, Barrabés logró que le adjudicaran 20 millones de euros en contratos públicos. Nada mal para una pequeña tienda de vacaciones invernales.

La mala noticia para el Clan de Benasque es que en España y pese a Pedro Sánchez, aún quedan funcionarios pertenecientes a la Intervención General del Estado del Ministerio de Hacienda que hacen su trabajo de fiscalización sin someterse nada más que a lo que dicta la ley. Y a esos funcionarios honrados Pedro Sánchez y Begoña Gómez no pueden usarlos a su antojo, como hacen con el fiscal general del Estado, el presidente del Tribunal Constitucional o el presidente del CIS. Dicen los interventores que toda esta barbaridad de contratos públicos que se le dieron a Barrabés tras la carta de recomendación de la mujer de Pedro Sánchez fueron adjudicados con criterios arbitrarios, fruto de una «actuación discriminatoria y contraria al principio de igualdad» para beneficiar a Barrabés amañándole las puntuaciones «injusta e ilegalmente» para, «incumpliendo la ley», darle contratos públicos del Gobierno en detrimento de otros licitadores. ¡Casi nada!

Los interventores han llegado a informar de que en uno de los documentos de valoración figura «una anotación de la que parece deducirse que la valoradora recibió una instrucción de bajar la puntuación a un licitador, sin que figure el motivo». Así como que algunos documentos de valoración fueron aparentemente modificados en fechas recientes y sus metadatos fueron borrados, cometiéndose una enorme lista de irregularidades administrativas de las que siempre resultaba beneficiado el amigo de Pedro Sánchez y Begoña Gómez. Aún faltan meses para que todos estos procedimientos judiciales finalicen con sentencias firmes, pero a día de hoy ya sabemos lo que ha pasado, gracias al trabajo honesto de todos estos interventores, guardias civiles, policías, jueces y prensa libre. Estos informes son las pruebas que necesita la opinión pública para saber lo que ha ocurrido y concluir que Sánchez no puede seguir ni un día más en La Moncloa.