Lo de Podemos es chavismo puro

Decíamos en un reciente editorial que la intención de Podemos era aplicar la misma estrategia del chavismo en Venezuela: considerar a los sectores estratégicos -banca y energéticas- como «enemigos del pueblo». La formación morada ha remitido al PSOE su propuesta para crear un nuevo delito fiscal que contemple penas de hasta diez años de cárcel para los máximos responsables de las eléctricas y entidades financieras que repercutan sobre los clientes el hachazo fiscal anunciado recientemente por Pedro Sánchez. Es decir, los ejecutivos de estas empresas serían equiparados, en razón de la pena, a homicidas o violadores. Pirómanos, pederestas o secuestradores tendrían penas más livianas que las que Podemos solicita para los directivos de las grandes compañías de servicios y bienes de primera necesidad. Podemos pide literalmente añadir un nuevo artículo al Código Penal que establecería un castigo de uno a cinco años de cárcel y una multa de 12 a 24 meses para los administradores de bancos y eléctricas que alteren los precios de venta a los clientes para trasladar la carga de modificaciones tributarias que afecten a su actividad económica, pero incluyen un agravante para el caso de entidades que operen en sectores estratégicos de la economía nacional, y cuando la conducta afecte «gravemente» al interés general: en esos casos la pena se elevaría a los citados diez años.

Más allá del disparate que supone equiparar ese supuesto delito al de homicidio (entre 10 y 15 años), secuestro (de 5 a 8 años) o violación de (6 a 12 años), lo más grave es la estrategia de estigmatización que una formación presente en el Gobierno de España pretende hacer con dos sectores estratégicos de la economía nacional. Cabe esperar que la propuesta podemita no salga adelante, pero ya el mero hecho de señalar a banca y energéticas con la etiqueta de presuntos culpables es una ignominia. Resulta sencillamente inaceptable que cuando todavía no se sabe en qué consiste el impuesto anunciado por Sánchez, sus socios de Gobierno ya estén abriendo a la banca y energéticas las puertas de la cárcel. Lo dicho: como en Venezuela