Valladolid tendrá que reponer sus carriles bici y bus tras un fallo del Tribunal Supremo
El alto tribunal confirma la ilegalidad de eliminar infraestructuras ciclistas y de transporte público
La sentencia obliga al consistorio a revertir actuaciones que costaron más de un millón de euros
El Tribunal Supremo ha confirmado la ilegalidad de la ordenanza que permitió eliminar carriles bici y bus en Valladolid, obligando al consistorio a restituir estas infraestructuras de movilidad sostenible.
La providencia del alto tribunal, fechada el 17 de septiembre de 2025, inadmite definitivamente el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento contra la sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
La decisión judicial, ya firme e inapelable, representa un sorprendente giro en la política de movilidad municipal que había desmantelado infraestructuras utilizadas por miles de ciudadanos.
El fallo confirma que la ordenanza de 2023 vulneraba la Ley sobre Tráfico al establecer restricciones sin determinar claramente los procedimientos ni los afectados por estas limitaciones del uso del espacio público.
Infraestructuras eliminadas ilegalmente
La aplicación de la ordenanza ahora anulada permitió al Ayuntamiento suprimir seis carriles bus estratégicos en Valladolid: los de Avenida Gloria Fuertes, Puente del Poniente y Plaza de la Universidad. También desaparecieron los carriles exclusivos para el transporte público de la Calle López Gómez, Puente de Isabel la Católica y Avenida de Miguel Ángel Blanco.
Según los datos obtenidos por distintas entidades y partidos políticos, la decisión ha perjudicado la velocidad comercial de AUVASA, la sociedad Autobuses Urbanos de Valladolid S.A. (AUVASA), la sociedad mercantil integrante del Sector Público local del Ayuntamiento de Valladolid.
En cuanto a la infraestructura ciclista, el consistorio desmanteló los carriles bici de la Avenida de Gijón y del Paseo de Isabel la Católica. Este último, considerado por muchos usuarios como el mejor carril ciclista de la ciudad, fue eliminado el pasado junio, cuando ya existía una sentencia del TSJ que cuestionaba la legalidad de estas actuaciones municipales.
Carril bici en la calle Eras (Valladolid). (Foto: Europa Press).
Un millón de euros
Fuentes municipales estiman que la eliminación de estos carriles para bus y bici ha supuesto un gasto superior al millón de euros de las arcas públicas. Este desembolso, realizado para desmantelar infraestructuras que funcionaban correctamente y eran utilizadas diariamente por ciudadanos de Valladolid, deberá ahora revertirse para cumplir con la sentencia judicial firme del Tribunal Supremo.
La sentencia original del TSJ, ratificada ahora por el Supremo, calificaba la ordenanza como «inviable jurídicamente» por su «exigüidad» y falta de determinación legal.
Los magistrados señalaron que la normativa se convertía en «una norma de reenvío» que no cumplía las finalidades para las que supuestamente había sido creada por el gobierno municipal.
Obligación de restitución inmediata
La confirmación de la nulidad por parte del Tribunal Supremo obliga al Ayuntamiento de Valladolid a restituir de forma inmediata todos los carriles bici y bus eliminados bajo el amparo de la ordenanza ilegal. Además, el consistorio deberá asumir las costas procesales del recurso de casación, sumando más gastos a los ya realizados en el desmantelamiento de estas infraestructuras sostenibles.
Los grupos municipales de la oposición han exigido que se recupere especialmente el carril bici del Paseo de Isabel la Católica, trazado establecido en el Plan General de Ordenación Urbana. También reclaman la restitución del reparto equitativo del espacio público entre peatones, ciclistas y vehículos motorizados, así como la recuperación de los carriles exclusivos para el servicio de autobuses urbanos.
Impacto en la salud pública
Según los demandantes, la eliminación de carriles específicos para bus y bici había generado importantes problemas de seguridad vial en Valladolid, obligando a los ciclistas a compartir espacio con el tráfico motorizado.
La Agencia Europea de Medio Ambiente explica que la contaminación atmosférica provocada por el tráfico causa en la ciudad al menos 200 muertes prematuras anuales, dato que subraya la importancia de potenciar la movilidad sostenible.
La sentencia del Supremo establece un precedente fundamental sobre los límites legales de los ayuntamientos para modificar unilateralmente el uso del espacio público.
La decisión refuerza la necesidad de que las ciudades españolas mantengan y amplíen sus infraestructuras destinadas al transporte público y no motorizado para combatir la contaminación urbana.
