¿Quo Vadis, Zonas de Bajas Emisiones?

En los últimos años, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) se han convertido en un tema central en las políticas urbanas de grandes ciudades en España, como Madrid y Barcelona, buscando reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire.

Sin embargo, estas medidas no han estado exentas de controversia, y recientemente los tribunales han emitido sentencias que anulan o ponen en duda su implementación, lo que ha generado un amplio debate sobre el futuro de estas zonas y su viabilidad legal.

En este artículo pretendemos aproximarnos a las razones detrás de estas decisiones judiciales y apuntar algunas posibles soluciones.

Calidad del aire

Las Zonas de Bajas Emisiones surgen como respuesta a la creciente preocupación por la calidad del aire en las grandes urbes y la necesidad de cumplir con los compromisos ambientales europeos.

Se trata de áreas restringidas donde deben reducirse las emisiones de gases. O, dicho de otro modo, reducir en el mayor grado posible el tráfico de vehículos de combustión productor de esas emisiones que generan la mala calidad del aire.

En Madrid, la ZBE ha sido un punto de conflicto, tanto a nivel político como judicial. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado esta medida, decisión que el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que recurrirá, como ya hizo Barcelona en su momento.

No sólo en Madrid y Barcelona

El caso de Madrid no es único en España ni en Europa. Además de en Madrid y Barcelona y algunas otras capitales españolas, en otras ciudades, la justicia también ha intervenido en contra de las Zonas de Bajas Emisiones.

Un ejemplo significativo es el de Grenoble, en Francia, donde un tribunal administrativo suspendió la ZBE argumentando que la medida no había sido lo suficientemente justificada ni proporcionada en relación con los efectos que tendría sobre la vida de los ciudadanos.

También en Alemania, varias ciudades como Stuttgart han enfrentado recursos legales en contra de las restricciones impuestas a vehículos diésel. En estos casos, los tribunales han cuestionado la equidad y proporcionalidad de las medidas, lo que pone de relieve la necesidad de equilibrar las políticas medioambientales con las realidades socioeconómicas de la población.

Falta de justificación

En ese sentido, la sentencia en Madrid plantea similares interrogantes sobre si las ZBE se están implementando de manera adecuada y si están cumpliendo con los principios regulatorios básicos.

El primer punto clave que han señalado los tribunales es la falta de informes y estudios rigurosos que justifiquen la implementación de estas zonas. Aunque se trata de una medida con una finalidad loable, la manera en que se ha llevado a cabo no parece haber convencido a los jueces.

Se ha argumentado que la prohibición de circulación de vehículos sin distintivo ambiental no ha sido la opción «más democrática» ni «menos invasiva». La dureza de la medida —que en muchos casos obliga a los ciudadanos a deshacerse de su vehículo, una de las mayores inversiones que una familia realiza— ha generado una fuerte oposición social.

Alternativas menos restrictivas

La normativa debería haber contemplado alternativas menos restrictivas (la obligada venta del vehículo es la más restrictiva)  y más inclusivas. En ciudades como Londres, se ha adoptado un sistema de pago por uso que permite el acceso a determinadas zonas a cambio de una tarifa, lo que fomenta la reducción del uso del vehículo privado sin imponer la venta de coches.

Esa tarificación puede, entre otras medidas, establecerse en función de la tipología del vehículo. En cambio, en España, la imposición de las ZBE ha sido ejecutada de una manera drástica: la venta del vehículo sí o sí.

Recordad aquí que, a título de ejemplo, cuando los vehículos comenzaron a tener cinturones de seguridad en los asientos traseros no se obligó a vender en ningún plazo a los que no los tenían. Fueron muriendo progresivamente. Y ahí, la diferencia era aún mayor: la diferencia entre morir o no en accidente de tráfico es precisamente llevar el cinturón de seguridad.

Sensibilizar a la población

Además, existe una crítica fundamental hacia la falta de pedagogía sobre el problema real que se pretende abordar: la contaminación del aire. Muchos ciudadanos no comprenden el alcance del problema, ya que no parece haberse comunicado de manera eficaz.

Si bien el etiquetado de los vehículos es conocido, no ocurre lo mismo con el Índice de Calidad del Aire (ICA) (la «etiqueta» de cada ciudad), que debería haber sido la herramienta clave para sensibilizar a la población sobre la importancia de reducir las emisiones. La falta de información ha hecho que muchos ciudadanos, y, por tanto, los jueces como ciudadanos, no vean la urgencia de estas medidas.

Medidas menos invasivas

El fallo del TSJM podría tener repercusiones en otras ciudades españolas con Zonas de Bajas Emisiones. Aunque era previsible que tanto en Madrid como en Barcelona se presentaran recursos judiciales (las alegaciones ya lo apuntaban), la situación podría replicarse en otras localidades si no se revisa la forma en que se implementan estas medidas.

El problema de fondo no radica sólo en las normas mismas, sino en cómo se diseñan y aplican. En las ciudades donde se ha mantenido una mayor proximidad con los ciudadanos y se han aplicado medidas menos invasivas, no ha habido el mismo rechazo judicial.

Alternativas efectivas

La clave está en el proceso participativo y en que las medidas sean percibidas como razonables. Normas que obligan a vender vehículos o que restringen drásticamente la circulación sin ofrecer alternativas efectivas, como el transporte público, tienden a generar una mayor oposición, tanto ciudadana como judicial.

El esfuerzo debe centrarse en explicar los beneficios de estas medidas y en adaptar las soluciones a las necesidades locales. Es posible que el resultado en los tribunales habría sido diferente.

¿Cómo avanzamos entonces hacia una movilidad más responsable? Las Zonas de Bajas Emisiones son, en teoría, una herramienta eficaz para mejorar la calidad del aire y promover una movilidad más sostenible.

Evitar los tribunales

Sin embargo, la implementación de estas medidas ha sido deficiente en muchos aspectos, desde la falta de participación ciudadana hasta la poca flexibilidad de las normas. Para evitar que se sigan tumbando en los tribunales, es fundamental replantear su diseño y enfoque. No se trata sólo de prohibir la circulación de ciertos vehículos, sino de promover una movilidad más responsable y equitativa.

Ciudades como Pontevedra han logrado reducir drásticamente el número de desplazamientos en vehículos privados sin obligar a vender ninguno (pueden circular los sin etiqueta como los ECO), lo que demuestra que hay otras formas de alcanzar los objetivos de sostenibilidad. Además, la pedagogía y la comunicación con la ciudadanía son esenciales para que estas medidas sean comprendidas y aceptadas.

Soluciones más creativas

En última instancia, las Zonas de Bajas Emisiones no sólo deberían enfocarse en reducir la contaminación, sino en transformar las ciudades en lugares más habitables, con más espacio para peatones, bicicletas y transporte público (no ha habido, por ejemplo, objetivo alguno de reducción de estacionamientos en superficie).

Para lograrlo, es necesario un diálogo más abierto y soluciones más creativas que combinen sostenibilidad y justicia social. Solo así se evitará que los tribunales sigan tumbando estas iniciativas, y se avanzará hacia un modelo de ciudad más humano y menos dependiente del vehículo privado.

Ramón Ledesma es consejero de PONS Mobility