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Marlaska paraliza las cosechas por los incendios y ASAJA rechaza la medida por «desproporcionada»

La orden firmada por el ministro del Interior seguirá vigente mientras dure la emergencia nacional en Madrid, Ávila y Toledo

ASAJA exige rectificar la prohibición de usar maquinaria a menos de 400 metros de terreno forestal

La Comunidad de Madrid ya ha repartido 75.000 kilos de forraje para el ganado afectado por los incendios

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska (centro), durante la reunión con el CECOP, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), en Cenicientos, Madrid. (Foto: Europa Press).
Antonio Quilis
  • Antonio Quilis
  • Periodista especializado en información medioambiental desde hace más de 20 años y ahora director de OKGREEN en OKDIARIO. Anteriormente director de El Mundo Ecológico. Colaborador en temas de medioambiente, ecología y sostenibilidad en Cadena Ser.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha firmado una orden que suspende temporalmente las labores de cosecha con maquinaria agrícola en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Ávila y Toledo. La medida se prolongará mientras siga vigente la emergencia de interés nacional declarada por los incendios forestales.

El ministerio ampara la decisión en el artículo 30 de la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil, que permite dictar instrucciones operativas de alcance supraterritorial. Interior admite que la competencia ordinaria sobre los montes corresponde a las comunidades autónomas, pero considera que la emergencia habilita al ministro para actuar.

Riesgo de ignición

Interior sostiene que cosechar en las zonas afectadas constituye «un factor de riesgo significativo». Las cosechadoras pueden originar igniciones accidentales por fricción, por el impacto de elementos metálicos o por sobrecalentamiento de sus componentes mecánicos.

Ese riesgo se multiplica en el contexto meteorológico actual, que el departamento define como extremadamente desfavorable. Las altas temperaturas, la baja humedad relativa y la disponibilidad de combustible vegetal fino conforman el escenario más propicio para que una chispa acabe convertida en un gran incendio forestal.

El ministerio añade un segundo argumento, de carácter operativo. La aparición de nuevos focos obligaría a detraer medios ya comprometidos en la extinción, en la protección de la población y en el aseguramiento de infraestructuras críticas, con la consiguiente pérdida de capacidad del dispositivo.

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Interferencia con el operativo

A ello se suma la exposición de los propios agricultores. Interior advierte de que trabajar en áreas afectadas o próximas a las zonas de intervención incrementa el riesgo para los trabajadores y puede interferir en las rutas de acceso y evacuación que utilizan los servicios de emergencia.

La orden llega en el momento más delicado de la temporada. La emergencia de interés nacional se declaró el pasado jueves por los incendios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Burgohondo, y después se amplió a Toledo, con decenas de miles de personas evacuadas o confinadas.

Los datos del Ministerio para la Transición Ecológica dibujan un ejercicio excepcional: entre el 1 de enero y el 27 de julio han ardido 172.396 hectáreas, frente a las 29.817 del mismo periodo de 2025, con 35 grandes incendios forestales frente a once.

ASAJA pide rectificar

El sector agrario, sin embargo, no comparte la fórmula elegida. ASAJA Valladolid ha exigido a la Consejería de Medio Ambiente y Energía que rectifique la resolución que prohíbe usar maquinaria autopropulsada agrícola y forestal en Castilla y León, una restricción que se solapa con la orden estatal en Ávila.

Esa resolución impide trabajar entre las 12.00 y las 20.00 horas los días 28, 29, 30 y 31 de julio a menos de 400 metros de terreno forestal. La organización agraria comparte la necesidad de extremar las precauciones, pero rechaza que la prevención se traduzca en una prohibición «general y desproporcionada».

Su principal reproche es la ausencia de matices. La medida aplica la misma restricción a toda la comunidad sin diferenciar provincias, comarcas, altitudes, cultivos ni condiciones concretas de temperatura, humedad o viento, y la franja de 400 metros afecta en la práctica a una superficie muy extensa.

«No es admisible»

«La prevención no puede consistir en prohibir trabajar al agricultor sin distinguir territorios, cultivos ni condiciones reales de riesgo», han denunciado desde ASAJA Valladolid. «No es admisible que se considere de forma general la actividad agraria como una amenaza que debe ser paralizada», han añadido.

La organización carga también contra la falta de antelación de la norma autonómica, firmada la tarde del 27 de julio para entrar en vigor a las 0.00 horas del día siguiente, apenas unas horas para reorganizar toda la campaña.

A ese reproche se suma un argumento agronómico. La cosecha no puede aplazarse indefinidamente por el riesgo de pérdidas de grano, deterioro de la calidad, sobresecado o rotura de espigas, y desplazar las labores a la noche genera nuevos riesgos por humedad, menor visibilidad y fatiga.

Mesa técnica y compensaciones

Por todo ello, ASAJA ha reclamado a la consejera de Medio Ambiente y Energía, María González Corral, que las restricciones se delimiten territorialmente y se revisen a diario en función de los índices reales de riesgo.

La organización ha solicitado además la convocatoria inmediata de una mesa técnica para acordar un sistema proporcionado y previsible, y ha reclamado compensaciones si las limitaciones provocan pérdidas acreditadas.

«Los agricultores no cuestionamos la prevención; exigimos medidas justificadas y adaptadas a cada territorio», han subrayado desde ASAJA Valladolid. «No se puede paralizar el trabajo del campo mediante prohibiciones generales aprobadas con unas horas de antelación y de espaldas al sector».