España necesitará 3.300 millones al año para ampliar la electrificación de su transporte público

El transporte público urbano y metropolitano en España afronta una de las mayores transformaciones de su historia reciente. La necesidad de absorber el aumento previsto de pasajeros y, al mismo tiempo, avanzar hacia flotas más limpias exigirá movilizar 3.300 millones de euros anuales en inversiones hasta 2030 para ampliar y electrificar el servicio.

Así se ha puesto de manifiesto durante el 32º Congreso Nacional de Transporte Urbano y Metropolitano, organizado por la Asociación de Empresas Gestoras de Transportes Colectivos Urbanos (ATUC) en colaboración con el operador local Guaguas Municipales, en Las Palmas de Gran Canaria.

Una flota de casi 16.500 vehículos

La nueva flota que se necesitará para responder al aumento de pasajeros y a los objetivos climáticos ascenderá a 7.670 autobuses urbanos, 3.835 autobuses metropolitanos y 4.961 coches de metro y ferrocarril.

Para 2030 se espera un crecimiento del 36% de los usuarios de autobús y del 50% de los pasajeros de metro, derivados del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

Este plan busca conseguir el trasvase del 35% de los pasajeros por kilómetro que actualmente utilizan el vehículo privado hacia el transporte público colectivo.

El 65% de las compras, eléctricas

La electrificación cobra, además, un nuevo impulso desde este año: el 65% de los vehículos que se compren deberán ser eléctricos, de acuerdo con la directiva europea de referencia.

El siguiente eslabón temporal llegará en 2030, cuando la obligación afectará a la práctica totalidad de las nuevas compras de flota en toda España. Esto obliga a los operadores a elevar el esfuerzo inversor para hacer realidad la electrificación en los plazos marcados desde Bruselas.

El doble de coste por vehículo

Un bus eléctrico urbano cuesta el doble que uno de combustión: 550.000 euros de media por vehículo, una cifra que sube hasta los 620.000 euros si se trata de un autobús metropolitano.

Esta normativa afecta únicamente a las compras, por lo que durante un periodo que podría prolongarse hasta 2040-2045 convivirán en las calles los vehículos eléctricos y los de combustión. La flota se irá renovando por completo de forma progresiva, sin que ello suponga la retirada inmediata de los autobuses diésel todavía en servicio.

Recarga y cocheras, gasto añadido

Esta electrificación requiere en paralelo una infraestructura de recarga que se estima en un punto por vehículo, con un coste unitario de más de 50.000 euros.

A esa partida se suman otros casi 55.000 euros por cochera para adaptar las instalaciones existentes a las nuevas necesidades energéticas de la flota eléctrica. El resultado es un sobrecoste que se acumula vehículo a vehículo y que obliga a planificar la inversión con varios años de antelación.

«Un gran esfuerzo inversor»

Según Jesús Herrero, secretario general de ATUC, la diferencia de coste entre un bus electrificado y uno de combustión no afecta solo al vehículo en sí.

También impacta en la formación de conductores y trabajadores de mantenimiento, así como en la adaptación de los sistemas de gestión de las cocheras y de las propias líneas.

«Todo ello requerirá de un gran esfuerzo inversor y, por tanto, la necesidad de buscar instrumentos financieros que hagan posible esta nueva realidad que exige Bruselas», ha señalado Herrero.

Financiación europea, la clave

El congreso ha reunido en Las Palmas de Gran Canaria a operadores, administraciones y fabricantes para analizar cómo afrontar de forma conjunta esta doble transición de crecimiento y descarbonización.

Los expertos coinciden en que la financiación europea será clave para sostener el ritmo de renovación de flotas sin trasladar todo el sobrecoste a las cuentas de los operadores públicos. De hecho, varios operadores han pedido ya líneas de crédito específicas y ayudas directas para no frenar el calendario de sustitución de vehículos.

El sector coincide en que el reto no es solo tecnológico, sino también financiero, y reclama fórmulas de colaboración público-privada para poder cumplir los plazos fijados por la Unión Europea sin poner en riesgo la calidad del servicio.