Confusión en las empresas ante la inminente llegada de los planes de movilidad sostenible al trabajo

Antes del próximo 5 de diciembre, las empresas privadas y administraciones públicas que dispongan de centros de trabajo de más de 200 personas, o de 100 empleados por turno, tendrán que tener listos sus planes de movilidad sostenible al trabajo, tal y como exige la nueva Ley de Movilidad Sostenible.

Estos planes deben incluir medidas que fomenten la movilidad activa (caminar e ir en bicicleta), el transporte colectivo, las cero emisiones, la movilidad compartida y el teletrabajo. Para ello, las empresas partirán de un diagnóstico del centro que tenga en cuenta la forma de moverse de la plantilla, clientes y proveedores.

La normativa obliga igualmente a negociar el contenido de las actuaciones previstas con la representación legal de los trabajadores. Los planes de movilidad sostenible al trabajo serán, además, sometidos a un proceso de seguimiento que contempla la elaboración, cada dos años, de un informe para evaluar el grado de cumplimiento de las medidas.

Papel activo

Para Rui Stoffel, CEO de Bus Up, empresa de servicios de movilidad corporativa que combina tecnología, datos y gestión operativa, estos planes suponen «un avance importante porque cambia la forma de entender la movilidad al trabajo».

«Durante muchos años, cómo llegaba una persona a su puesto se consideraba casi exclusivamente una cuestión individual. Con este nuevo marco, las empresas pasan a tener un papel mucho más activo», asegura.

14 millones de desplazamientos

Por su parte, Paloma Långstrum, CEO y cofundadora de Tribbu, app para compartir vehículo, recuerda que, «de los 40 millones de desplazamientos diarios en coche, 14 millones son al centro de trabajo, por lo que mejorar la movilidad de ese segmento puede mover la aguja de forma notable».

Estos millones de desplazamientos generan un problema de emisiones causantes del efecto invernadero que no ha sido debidamente atendido según Dilmer Alvarado, director de Marketing de Bus For Fun, empresa de movilidad compartida con tecnología propia de reserva y geolocalización.

«El desplazamiento casa-trabajo es una de las mayores fuentes de emisiones asociadas a una empresa y, hasta ahora, prácticamente la única sobre la que nadie asumía responsabilidad: ni la compañía, porque ocurre fuera de su recinto, ni el trabajador, porque muchas veces no tiene alternativa real al coche. La Ley 9/2025 pone por fin ese punto ciego encima de la mesa», remarca.

Calendario apretado

En un primer momento, la Ley de Movilidad Sostenible establecía un periodo de tiempo de dos años desde su entrada en vigor para la aprobación de estos planes, que debían estar preparados antes del 5 de diciembre de 2027.

Posteriormente, el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprobaba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, redujo este plazo de 24 a 12 meses, fijando el 5 de diciembre de 2026 como fecha límite. «Nuestra lectura es que la medida es acertada; el calendario, apretado», reconoce Alvarado.

Dudas de las empresas

A menos de tres meses para que se cumpla el plazo, las compañías siguen sin tener claro quiénes están obligadas a presentar estos planes. La normativa especifica que están afectados los centros de trabajo con más de 200 personas, y también aquellos con 100 en un mismo turno. Sin embargo, muchas compañías desconocen que este umbral tiene que aplicarse por centro de trabajo, no por empresa.

Tampoco se sabe a ciencia cierta qué es lo que debe estar listo en diciembre. «La duda que más escuchamos es: ¿me vale un documento con medidas o tengo que tener el servicio funcionando el 5 de diciembre?», indica Alvarado, que aclara que, para entonces, lo que se pide es un plan de movilidad redactado conforme a la ley.

Pero quizá el aspecto más subestimado es la negociación con la representación de los trabajadores. «No es un trámite. Es un proceso que lleva semanas y que muchas empresas han dejado para el final, cuando en realidad debería condicionar el diseño del plan desde el principio».

Diagnóstico

«La dificultad no está únicamente en redactar el plan: está en diagnosticar correctamente el problema, priorizar las medidas que pueden tener más impacto y conseguir después que las personas realmente las utilicen», recalca Joaquín Vives de la Cortada, responsable de Sostenibilidad y Planes de Transporte de Bus Up.

Esta empresa trabaja siempre desde un diagnóstico previo que analiza datos de sus clientes, como el origen de la plantilla, los horarios, los turnos, los patrones de desplazamiento o las alternativas de transporte disponibles para detectar las principales oportunidades de mejora.

Coche compartido

Otra dificultad para elaborar estos planes de movilidad es la existencia de realidades muy diferentes en nuestro país. «Las soluciones que funcionan en el centro de Madrid o Barcelona no necesariamente resuelven la movilidad de un polígono industrial, una zona rural, un hospital periférico o un hotel con turnos nocturnos», reflexiona Långstrum.

La CEO de Tribbu señala que, cuando el centro de trabajo no está bien conectado con otras alternativas de transporte, la media del desplazamiento de los empleados es elevada, o simplemente hay una dispersión geográfica muy pronunciada, el coche sigue siendo la única opción.

«La clave es convertirlo en una opción sostenible, y compartir esos trayectos con compañeros de trabajo nos permite mantener las ventajas y reducir todos los inconvenientes», insiste Långstrum, que destaca que este modelo contribuye a reducir emisiones y a aumentar el ahorro de energía.

Incentivos y sanciones

Las empresas obligadas a disponer de un plan de movilidad sostenible al trabajo que incumplan el plazo establecido, o bien que no elaboren los correspondientes informes de seguimiento, incurrirán en una infracción leve que podría ser sancionada con multas de entre 101 y 2.000 euros.

En opinión de Alvarado, «más que poner el foco en la sanción, nosotros habríamos acompañado la obligación con incentivos claros a la implantación: financiación, ventajas fiscales y mecanismos que favorezcan los servicios compartidos entre empresas».

Servicios compartidos

Esta opción de los servicios compartidos es una de las principales apuestas de Bus For Fun. La compañía diseña las rutas para las plantillas de sus clientes y además pone a su disposición los vehículos, gestiona la geolocalización y presta apoyo a la comunicación interna. También busca sinergias entre compañías de la misma zona.

«Ya lo operamos en Italia, donde varias compañías vecinas comparten una misma lanzadera. Esta medida reparte el coste y hace viables rutas que, empresa a empresa, no salen», concluye el responsable de Marketing.

Experiencia laboral

Los expertos consultados aseguran que los planes de movilidad pueden ser una oportunidad para las empresas y los propios empleados. «Una empresa dedica muchos recursos a pensar qué ocurre desde que una persona entra en su centro de trabajo hasta que sale. Sin embargo, para muchos empleados, una parte importante de su experiencia empieza bastante antes, cuando intentan llegar hasta allí», detalla Stoffel.

«Si conseguimos medir y gestionar mejor esa parte del día, podemos mejorar simultáneamente el acceso al empleo, la experiencia de las personas, la eficiencia de las empresas y el impacto ambiental», afirma el CEO de Bus Up.

Para Långstrum, «aunque ahora se vea como una obligación, una buena política de movilidad beneficia enormemente a las empresas, mejorando la experiencia del empleado, facilitando el acceso al talento, reduciendo problemas de aparcamiento y reforzando la cohesión de los equipos», concluye la cofundadora de Tribbu.