Ayuso exige al Gobierno la continuidad de Almaraz: «No hay excusa para mantener el cierre»
El aval del Consejo de Seguridad Nuclear deja la prórroga de Almaraz hasta 2030 en manos del Gobierno
Sin razones de seguridad, el cierre sería «exclusivamente político e ideológico», según el Gobierno de Díaz Ayuso
El Ministerio para la Transición Ecológica dispone de dos meses para resolver sobre la prórroga
Fundación Renovables advierte que alargar la vida de Almaraz lastrará el desarrollo de las renovables
La Comunidad de Madrid ha exigido este jueves al Gobierno de España que autorice de inmediato la continuidad de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) hasta 2030, después de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya emitido un informe favorable que avala técnicamente el funcionamiento de sus dos reactores.
El regulador aprobó el dictamen en la jornada de este 16 de julio, en la segunda ocasión en que el asunto se llevaba al pleno. Con este pronunciamiento, la decisión sobre el futuro de la planta cacereña queda exclusivamente en manos del Ejecutivo.
Dos requisitos cumplidos
El Gobierno central había impuesto dos condiciones para estudiar la prórroga: que se manifestaran a favor las empresas propietarias, por un lado, y el Consejo de Seguridad Nuclear, por otro. Ambas circunstancias se han producido, subraya el Ejecutivo autonómico.
Por eso, la Comunidad de Madrid sostiene que el Gobierno «no tiene otra alternativa que autorizar la prórroga». A su juicio, ha quedado despejada cualquier duda desde el punto de vista técnico sobre la seguridad de la instalación.
El informe del CSN se sustenta en 29 documentos elaborados por 16 áreas especialistas del organismo, y concluye que la central mantiene un nivel adecuado de seguridad para seguir operando. El dictamen sólo habría sido vinculante en caso de resultar negativo.
La decisión, política
A partir de ahora, el Ministerio para la Transición Ecológica dispone de en torno a dos meses para resolver. La cartera que dirige la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, deberá decidir si mantiene el calendario de cierre o autoriza la ampliación hasta el 8 de junio de 2030.
Para el ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso, «no hay excusa para mantener el calendario de cierre». Si el Ejecutivo impide la continuidad de Almaraz, avisa, estará adoptando una decisión «exclusivamente política e ideológica», en contra del criterio del regulador independiente.
El Gobierno autonómico recuerda que las razones de seguridad «quedaron completamente desmontadas» con el apagón del 28 de abril de 2025. Considera que el Ejecutivo debe decidir ahora si antepone la seguridad de suministro y el interés general o si persiste en «una política energética basada en prejuicios».
Infraestructura estratégica
La región defiende que Almaraz es una infraestructura estratégica para el conjunto de España y también para Madrid, porque aporta una parte esencial de la electricidad que consumen los madrileños. La planta representa en torno al 7% de la generación eléctrica nacional, según el sector.
Su cierre, advierte el Ejecutivo autonómico, supondría encarecer la factura de la luz, aumentar la dependencia energética exterior, debilitar la industria y poner en riesgo miles de empleos vinculados directa e indirectamente a esta tecnología.
El impacto de un eventual cierre ha sido cuantificado por el sector: según Foro Nuclear, clausurar Almaraz costaría a España 829 millones de euros anuales y 15.000 empleos, a partir de un estudio de la consultora Metyis.
Central nuclear de Almaraz.
Renovables y nuclear
La central pertenece a Iberdrola, Endesa y Naturgy a través de la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT). El calendario vigente contempla el cierre de Almaraz I en noviembre de 2027 y el de Almaraz II en 2028.
La Comunidad de Madrid exige al presidente del Gobierno y al Ministerio para la Transición Ecológica que autoricen de inmediato la continuidad de Almaraz hasta 2030 y respeten el criterio de los expertos. «Sin energía suficiente, segura y asequible no hay crecimiento», sostiene.
El Ejecutivo autonómico defiende una política energética «seria, equilibrada y basada en el rigor técnico», capaz de combinar energías renovables y energía nuclear para garantizar un suministro seguro, precios competitivos y el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, junto con su homóloga extremeña, María Guardiola, durante su visita a la central nuclear.
Precedente para Ascó
El aval del CSN abre, además, la puerta a que otras centrales sigan sus pasos. Si el Gobierno autoriza finalmente la prórroga, plantas como Ascó (Tarragona) podrían encontrar un precedente para solicitar la ampliación de su vida útil, reabriendo el debate sobre el calendario de cierre nuclear.
Por el momento, la pelota está en el tejado del Ejecutivo. «Ahora le corresponde al Gobierno demostrar si está dispuesto a escuchar a la ciencia y a los técnicos», zanja la Comunidad de Madrid, que reclama que no se imponga «la ideología sobre la evidencia y el interés general de España».
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