Archivada dos años después la causa del vertido de pélets en Galicia al no detectarse ninguna toxicidad

La justicia ha archivado definitivamente la investigación sobre el vertido de pélets del buque Toconao en las costas gallegas en diciembre de 2023. La jueza del Tribunal de Instancia de Noia (A Coruña) ha determinado que no existe responsabilidad penal tras analizar los informes técnicos que confirman la ausencia de toxicidad en el material vertido y el carácter accidental del suceso.

El auto de sobreseimiento concluye que los pélets no presentan composición tóxica y que su impacto ambiental no supera el umbral necesario para activar la vía penal. Según la instructora, el análisis exhaustivo de las pruebas documentales no revela «la existencia de ilícito penal alguno», situando los hechos dentro del ámbito de una posible infracción administrativa sin trascendencia criminal.

«Pidan perdón»

La Xunta de Galicia ha celebrado que el juzgado de Noia le ha «dado la razón» en su auto de archivo de las actuaciones por el vertido de pélets de diciembre de 2023, donde concluye que esos elementos no eran tóxicos, aunque ha recordado que la administración autonómica realizó el trabajo de limpieza y que el Gobierno central le debe a los gallegos 2,3 millones de euros del coste de esas tareas.

Así lo ha trasladado la Consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, que ha recordado que la Xunta había advertido de que los pellets no eran tóxicos.

Al respecto, ha lamentado que «algunos partidos», diciendo «lo contrario», le hicieron «un flaco favor» a Galicia y a sectores como el turismo y los trabajadores del mar. «Les pediría ahora que pidan perdón, pero sobre todo que reflexionen cuando ocurran cosas de este tipo, que se fíen de la Administración», ha señalado Ángeles Vázquez.

Un accidente meteorológico

La Dirección General de la Guardia Civil, a través del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), presentó en julio de 2024 un informe determinante para el archivo de la causa. El documento establece que la pérdida de seis contenedores con pélets se produjo por un golpe del oleaje en el costado de babor del buque, en condiciones meteorológicas adversas que escapaban al control de la tripulación.

La investigación descarta cualquier irregularidad en los protocolos de carga realizados por la empresa operadora. El capitán y la tripulación del Toconao actuaron correctamente según los procedimientos establecidos, y la navegabilidad del buque cumplía con todos los requisitos exigidos. Estos hallazgos descartan negligencias o incumplimientos que pudieran haber provocado el vertido de pélets.

Sin toxicidad confirmada

El informe pericial del Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras, junto con los análisis del Instituto Tecnológico para Control do Medio Mariño de Galicia, resultan concluyentes. Los pélets recogidos en las playas afectadas no contienen sustancias tóxicas en su composición ni presentan concentraciones peligrosas de elementos nocivos para el medio ambiente.

La Unidad Técnica de la Fiscalía de Medio Ambiente y el Seprona corroboran estos resultados. Según sus conclusiones, no se prevé un impacto significativo a medio o largo plazo derivado del vertido de pélets, más allá del efecto general que producen los microplásticos ya presentes en el entorno marino gallego.

Análisis complementarios

El CETIM Technologicas Centre realizó análisis detallados de las muestras recogidas por el personal de la Xunta de Galicia para determinar con exactitud la composición del material vertido. Los resultados técnicos confirman que los pélets «no constituyen una sustancia o mezcla peligrosa» según la normativa vigente en materia de seguridad química y protección ambiental.

Esta conclusión refuerza la decisión judicial de archivar la causa, al quedar demostrado científicamente que el material no representa un riesgo toxicológico para el ecosistema marino ni para la salud pública. Las pruebas descartan la presencia de componentes que pudieran generar contaminación química persistente en el medio.

Espacios protegidos sin daños

Los informes remitidos por la Xunta de Galicia y la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado analizan específicamente la afección a zonas de alto valor ecológico. Las conclusiones son tranquilizadoras: los escasos restos de pélets localizados en áreas protegidas no han causado daños apreciables en los ecosistemas dunares.

Las lagunas de Corrubedo, Carregal y Vixan no presentan alteraciones en su biodiversidad ni en su equilibrio ecológico. El Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia tampoco muestra perjuicios derivados del incidente, manteniendo intactos sus valores naturales y la salud de sus poblaciones de flora y fauna marina.

Límites de la vía penal

La magistrada fundamenta su decisión en que no se ha producido «una infracción de las leyes y otras disposiciones de carácter general protectoras del medioambiente» con entidad suficiente para justificar la actuación del derecho penal. El código penal requiere que los daños ambientales alcancen determinada gravedad para considerar los hechos como delito ecológico.

El auto explica que no existen indicios de que la conducta analizada hubiera perjudicado gravemente la calidad del aire, suelo o aguas, ni afectado significativamente a animales o plantas. Tampoco se ha causado desequilibrio en los sistemas naturales ni riesgo grave para la salud humana, requisitos necesarios para la tipificación penal del daño ambiental.

Recursos disponibles

Contra el auto de sobreseimiento definitivo pueden interponerse recursos judiciales en los plazos establecidos por la legislación procesal. Las partes afectadas disponen de tres días hábiles para presentar recurso de reforma ante el mismo Juzgado de Instancia de Noia, cuestionando la decisión adoptada por la instructora del caso.

Alternativamente, cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de La Coruña en el plazo de cinco días hábiles desde la notificación de la resolución. Ambas vías permiten revisar la decisión de archivo si alguna parte considera que existen elementos no valorados adecuadamente o interpretaciones jurídicas discutibles en el auto dictado.

Petición de indemnización al estado

En abril de 2025 la Consejería de Medio Ambiente y Cambio Climático, Ángeles Vázquez, remitió una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, en la que reiteraba «la solicitud de información sobre la reclamación por el daño ambiental y los costes generados por las consecuencias de la pérdida de un contenedor de pélets por parte del buque mercante».

En concreto, en la misiva el Gobierno gallego reclamaba datos sobre la apertura de un procedimiento de exigencia de responsabilidad ambiental, que había solicitado ya formalmente en enero de 2024, en virtud del cual el Ejecutivo central debería identificar a los responsables del suceso, la evaluación de los daños medioambientales, la definición de las medidas de prevención y reparación, así como la repercusión de los costes de las medidas adoptadas por las autoridades autonómicas y locales.

2,3 millones de euros

Entonces, la Xunta aseguraba que «actuó con la máxima celeridad y responsabilidad en cuanto tuvo conocimiento del suceso, poniendo en marcha un dispositivo por tierra, mar y aire en el que, en algunos momentos, llegaron a estar trabajando a pie de playa más de 400 personas, el Gobierno central apenas movilizó medios para hacer frente a la llegada de los pélets a la costa gallega a pesar de las reiteradas peticiones del Ejecutivo gallego».

El Gobierno gallego recordaba que para este vertido de pélets «este operativo, que actuó en más de 630 playas de 66 ayuntamientos costeros, tuvo un coste estimado para el Gobierno autonómico de más de 2,3 millones de euros. Un desembolso económico que no tiene que ser asumido por las gallegas y gallegos, sino por los responsables de los daños causados».