Sánchez desafía al automóvil: pide por carta a Bruselas que mantenga el veto al motor de combustión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, echa un pulso al sector del automóvil y pide por carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que mantenga el veto a la venta de coches nuevos con motor de combustión en 2035, en vísperas de que el Ejecutivo comunitario presente el próximo martes una propuesta para aliviar a la industria de la automoción.

«Rechazamos que los vehículos con motor de combustión u otras tecnologías sin viabilidad probada puedan seguir comercializándose más allá de 2035», escribe Sánchez en la misiva fechada el jueves 11 de diciembre, a la que ha tenido acceso EFE.

El jefe del Gobierno español aboga además por favorecer la producción europea, electrificar las flotas de empresa e impulsar el uso de acero verde. Sánchez recuerda que la Comisión ya introdujo hace un año flexibilidades en las normas de CO2 para los fabricantes entre 2025 y 2027 y asegura que «cualquier relajación adicional conllevaría el riesgo de provocar un retraso significativo en la descarbonización de las inversiones».

Añade que avanzar por esa senda reduciría la demanda de coches eléctricos, lo que afectaría a la competitividad futura de la industria europea del automóvil y de los componentes e incrementaría «la probabilidad de cierres de plantas y pérdidas de empleo en toda la UE».

Sánchez y su veto al motor de combustión

Una situación que llega días después de que el Gobierno anunciará el Plan Auto 2030 dotado de un paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico en España. Este plan contará con un programa de ayudas, denominado Plan Auto+, que estará dotado de 400 millones de euros para incentivar la compra del vehículo eléctrico,

Ayudas a las que hay que sumar una nueva dotación de 580 millones para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), con el fin de impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de las fábricas y para mejorar la innovación y la competitividad del sector; y 300 millones de euros, que va a contribuir al despliegue de puntos de recarga en las denominadas ‘zonas sombra’, es decir aquellas carreteras donde todavía no se cuenta con una red de infraestructuras de carga.