Igualdad no responde a Arganda sobre cómo regular el acceso a los vestuarios femeninos con la Ley Trans

El ministerio de Igualdad sigue sin responder a la carta que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, a través de su alcalde, Alberto Escribano, envió para saber como proceder ante los problemas de convivencia que la Ley Trans, impulsada por Irene Montero, está generando en los vestuarios de varios polideportivos del municipio. Así decía la misiva fechada el 11 de octubre de 2024.

«En los últimos meses venimos observando en nuestra ciudad cómo diferentes personas, tras cursar los trámites necesarios para llevar a cabo la rectificación de la mención registral del sexo de masculino a femenino, en base a la Ley 4/2023, de 28 de febrero, aprobada por su Gobierno, han ejercido el derecho, otorgado por su Ley, de entrar en el vestuario femenino de las instalaciones deportivas municipales en lugar de en el masculino, como lo venían haciendo. Este hecho está provocando que muchas mujeres hayan manifestado, ante este Ayuntamiento, sus quejas y su preocupación por considerar que se está vulnerando su privacidad», reza la carta.

«Una situación que también pone en riesgo a los trabajadores municipales, que se declaran indefensos al considerar que no existen herramientas legales para actuar ante tal circunstancia. Por estos motivos y con la intención de garantizar los derechos de todos los vecinos de Arganda y de los trabajadores municipales, solicitamos al Ministerio de Igualdad nos indique el procedimiento a seguir para actuar ante la citada situación y posibles futuras ocasiones en que se produzcan hechos similares como el relatado», concluye la misiva.

Una queja que choca frontalmente contra el que fue uno de los objetivos principales de la ley: otorgar a las personas trans el derecho a rectificar su sexo sentido en el Registro Civil y a que pudieran vivir acorde a él en todos los espacios públicos, como lo hacen el resto de personas que no pertenecen a ese colectivo. La ministra Ana Redondo, de momento, un mes después, sigue sin dar respuesta a esta carta emitida por el Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Fraudes

El cambio registral de sexo ha generado controversia, ya que se han dado casos en los que algunas personas lo han utilizado de manera fraudulenta para obtener beneficios laborales o evitar consecuencias legales. Un ejemplo es el caso del cambio registral de sexo de un varón que fue denegado por un juez de Las Palmas de Gran Canaria en 2023 porque lo quería usar para ascender.

También es motivo de preocupación en lo que afecta a la violencia de género ya que el autor de un delito contemplado en el Código Penal como de violencia de género, podría solicitar el cambio de sexo registral y evitar la tipificación del delito dentro de los delitos de violencia de género o impedir el agravante del artículo 22.4 CP, con lo que sería competente para la instrucción del caso el Juzgado de Instrucción correspondiente y no el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

En un año se han contabilizado más de 5.000 cambios en toda España. Sólo en Ceuta, el Ministerio de Justicia ha tramitado 49 solicitudes de cambio de sexo registral desde el 2 de marzo de 2023, cuando la regla suprimió los requisitos de diagnóstico médico de disforia de género. Del total ceutí, 37 de ellos fueron policías y militares, los cuales no cambiaron de nombre ni de pareja.

El artículo tercero de la Ley Trans señala que «el ejercicio del derecho a la rectificación registral de la mención relativa al sexo en ningún caso podrá estar condicionado a la previa exhibición de informe médico o psicológico relativo a la disconformidad con el sexo mencionado en la inscripción de nacimiento, ni a la previa modificación de la apariencia o función corporal de la persona a través de procedimientos médicos, quirúrgicos o de otra índole».

Entre los ejes de esta norma estaba despatologizar la transexualidad, como ya hizo la Organización Mundial de la Salud en 2018 al dejar de considerar la disforia de género una enfermedad mental, y en línea con los avances sociales, encaminados a esa despatologización. Sin embargo, a ojos del regidor popular, el articulado de la Ley está «otorgando todos los derechos a la autodeterminación e impidiendo cualquier posibilidad de detectar el posible fraude».