Ayuso aumenta las viviendas protegidas en cada promoción urbanística para levantar 18.000 casas en 4 años

• Ana Borges
• Periodista política cubriendo la información de la Comunidad de Madrid. Antes trabajé en esRadio cubriendo información política.
• • 21/04/2026 10:20
  • Actualizado: 21/04/2026 10:33

La Comunidad de Madrid aprueba esta semana en Consejo de Gobierno su nueva Ley de Medidas Urgentes para Vivienda Protegida con el objetivo de crear más de 18.000 nuevos hogares en los próximos cuatro años. La norma, que ya fue adelantada en noviembre pasado por la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, aumentará la oferta de viviendas protegidas y acortará los plazos de construcción, adecuando el ritmo de edificación a la demanda actual del mercado.

Entre sus medidas, destacan los incentivos para incrementar la capacidad sin consumir nuevo suelo, ampliando hasta un 30% la densidad, es decir, el número de casas que podrán construirse por cada parcela, y en un 20% la edificación para crecer el número de pisos en una misma promoción. Además, no será necesario modificar el planeamiento urbanístico, lo que contribuirá a agilizar los trámites y acortar los plazos de ejecución.

El texto amplía también las posibilidades de cambio de uso de terrenos y edificaciones, facilitando edificar casas con protección pública en suelos dotacionales de titularidad privada y de hospedaje, ampliando la posibilidad ya existente de transformar inmuebles de oficinas en viviendas residenciales.

Asimismo, con el objetivo de reducir los costes de construcción, se fijará una única plaza de garaje por piso, frente a la obligación actual de disponer de una y media.

Asimismo, se posibilita aumentar la altura de los edificios hasta en dos plantas adicionales sin necesidad de modificar el planeamiento urbanístico, lo que contribuirá a reducir plazos y agilizar la ejecución. En este sentido, serán los propios municipios quienes decidirán si se aplican estos cambios que se posibilitan de forma excepcional y urgente durante un periodo de dos años para la solicitud de licencia y tres para las obras.

La nueva normativa introduce el silencio administrativo positivo para agilizar la tramitación urbanística: si en tres meses no se emiten los informes sectoriales, el procedimiento podrá continuar automáticamente, salvo en casos que afecten al dominio público.

Para ello, se modifican diversas leyes autonómicas y se elimina la exigencia de estos informes en la fase inicial, manteniendo su carácter obligatorio antes de la aprobación definitiva. El objetivo es claro: reducir plazos y cargas burocráticas en el desarrollo de los proyectos. En este sentido, también se facilita la tramitación de los planes territoriales con los que identificar nuevo suelo para la construcción de vivienda a medio y largo plazo.

Se trata de la nueva iniciativa de la Comunidad de Madrid para facilitar el acceso a una vivienda asequible para jóvenes y familias, una prioridad del Gobierno regional desde 2019. Y es que la Comunidad de Madrid es la región que más vivienda pública ha construido desde 2019, con más del 40% del total de España.

Plan Vive

La nueva Ley de Medidas Urgentes, que iniciará ahora su tramitación parlamentaria, se suma a las distintas iniciativas desarrolladas por el Gobierno regional en materia de vivienda, como el Plan Vive. Gracias a este proyecto de colaboración público-privada, la Comunidad de Madrid ha entregado ya 5.363 hogares con la modalidad de alquiler asequible en diez localidades, una cifra que se ampliará con otras 3.000 a lo largo de 2026.

Todo ello, con el objetivo de construir 14.000 nuevas casas con este formato en la presente Legislatura, de las que recientemente se han adjudicado las primeras 3.352 enmarcadas en el Plan Vive Solución Joven destinado exclusivamente a menores de 35 años, junto con otras 2.100 que edificará la Agencia de Vivienda Social (AVS) para familias vulnerables.

Otras medidas

Por otro lado, desde 2019, la mayoría de las rebajas de impuestos aprobadas por la Comunidad de Madrid, hasta un total de 14, están enfocadas en facilitar el acceso a una vivienda y especialmente dirigidas a menores de 25 años.

También se ha ampliado de 40 a 50 años el límite de edad para acceder a avales para hipotecas, una iniciativa del Gobierno madrileño dotada con 25 millones de euros.

Madrid ha sido pionera en el cambio legal para convertir oficinas en viviendas de alquiler asequible, iniciativa que en apenas un año logra añadir más de 8.000 nuevas casas al mercado inmobiliario regional y beneficiar a 20.000 personas.

La presidenta regional también ha reforzado el programa Mi Primera Vivienda: se eleva a 425.000 euros el importe máximo subvencionable para aumentar los beneficiarios con financiación hipotecaria del 100%.

En 2026 ha subido un 24% la inversión pública en vivienda social para entregar más de 700 de las 2.100 casas que se construyen esta legislatura para familias vulnerables.

Por último, se han aprobado nuevas ayudas en vivienda para familias numerosas y monoparentales, recuperando la figura del arrendamiento con opción a compra, suprimiendo tasas para resolver conflictos entre propietarios e inquilinos y aumentando la oferta de alquiler en pequeños municipios.