En España, al menos 12 de los 22 ministros que conforman el Gobierno residen en viviendas oficiales sufragadas por el Estado, propiedad de los distintos ministerios o de la Administración General del Estado. Estas residencias cumplen funciones de alojamiento seguro y práctico para altos cargos que, en muchos casos, proceden de otras comunidades autónomas y necesitan trasladarse a Madrid de manera inmediata tras su nombramiento. Las dimensiones y características de estas viviendas varían notablemente, desde los 443 metros cuadrados de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hasta los 123 metros cuadrados del ministro de Industria, Jordi Hereu.

Esta realidad contrasta con la situación de millones de españoles que enfrentan precios desorbitados en el mercado inmobiliario, donde encontrar un piso de tamaño medio en Madrid puede requerir años de ahorro y créditos imposibles de asumir. Mientras familias jóvenes y trabajadores luchan por acceder a una vivienda digna, los altos cargos disfrutan de lujosas residencias oficiales totalmente mantenidas por el Estado, lo que pone de relieve la distancia entre la vida cotidiana de la mayoría y los privilegios de la élite política.

La residencia oficial más amplia del Gobierno actual corresponde a Yolanda Díaz, que habita un inmueble en pleno barrio de Chamberí. Esta vivienda de 443 metros cuadrados refleja no solo el tamaño, sino también la funcionalidad necesaria para el desarrollo de su trabajo ministerial. En el caso de María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, se le asigna un piso de 143,9 metros cuadrados dentro de un edificio de titularidad estatal, con zona privativa adaptada a sus funciones, aunque por motivos de seguridad no se divulga la ubicación exacta.

Otros ministros disponen de inmuebles con características variadas. Óscar Puente, responsable de Transportes y Movilidad Sostenible, ocupa una vivienda de 209,55 metros cuadrados, que incluye cocina, salón-comedor, despacho y tres habitaciones, mientras que Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, vive en un espacio de 281 metros cuadrados con tres dormitorios, dos baños, aseo, salón-comedor y despacho. Luis Planas, titular de Agricultura, Pesca y Alimentación, dispone de una residencia de 231,80 metros cuadrados, con cuatro dormitorios y tres baños, y Pilar Alegría, ministra de Educación y Formación Profesional, habita una casa de 320 metros cuadrados con 14 estancias.

La ministra de Ciencia, Diana Morant, vive en una vivienda de 296,34 metros cuadrados, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, en un inmueble de 164 metros cuadrados. Otros casos incluyen a Elma Saiz en 264,73 metros cuadrados; Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, con 229,81 metros cuadrados; Carlos Cuerpo, ministro de Economía, con 244 metros cuadrados; y José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, cuya residencia es el Palacio de Viana en Madrid, aunque sin detallar el número de estancias.

Estas viviendas no solo cubren la necesidad de alojamiento, sino que también incluyen el pago de suministros y mantenimiento a cargo del Estado. Esto significa que gastos de luz, agua, gas y reformas son asumidos por los Presupuestos Generales del Estado. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda destinó más de un millón de euros para reformar la quinta planta de un edificio de Patrimonio del Estado, adaptándola a las necesidades de los ministros vallisoletanos Óscar Puente y Ana Redondo. La reforma incluyó la adecuación de dos pisos, con superficies de 270 y 239 metros cuadrados respectivamente, distribuidos en varias estancias, además de áreas comunes.

No todos los ministros hacen uso de estas viviendas oficiales. Teresa Ribera (Transición Ecológica), Ana Redondo (Igualdad), Pablo Bustinduy (Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030), Mónica García (Sanidad), Ernest Urtasun (Cultura) y Sira Rego (Juventud e Infancia) residen en sus propias viviendas. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social, también permanece en su domicilio particular. La decisión de ocupar una residencia oficial depende tanto de las necesidades de seguridad como de la proximidad a Madrid.

La existencia de estas viviendas refleja un sistema en el que los altos cargos del Estado combinan comodidad, seguridad y funcionalidad. Si bien el alquiler o compra de inmuebles privados por parte de los ministros sería posible dada su retribución anual -79.415,16 euros brutos-, el Estado ofrece soluciones prácticas para quienes deben residir en Madrid temporalmente y desempeñar responsabilidades de máxima exigencia. Entre estas residencias se incluyen desde pisos urbanos de gran tamaño hasta palacios históricos como La Moncloa o el Palacio de Viana, garantizando no solo el alojamiento sino la protección, la privacidad y la operatividad de los miembros del Gobierno.

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Además de las viviendas oficiales de los ministros, el presidente del Gobierno cuenta con un palacio propio en Madrid, donde vive con Begoña Gómez y sus hijas. La residencia dispone de ocho habitaciones, nueve baños, tres vestidores, amplios jardines, pista de tenis y piscina, además de edificios interconectados y pasajes subterráneos, que incluyen salas de reuniones, despachos y dependencias de trabajo, mientras que la vivienda del presidente se sitúa al lado de estas estancias oficiales.

Desde su adaptación como residencia oficial por Adolfo Suárez en 1977, el palacio ha sido remodelado y decorado por sus sucesores, conservando elementos históricos y añadiendo instalaciones modernas para la vida familiar y la seguridad, incluyendo vestíbulos amplios, salas de ocio y espacios privados para la familia del presidente.