El rey de los amaños de la DGT paró una enmienda contra su monopolio tras ver a Seguí y 7 senadores

El presidente de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE), José Miguel Báez, intensificó sus contactos a principios de 2014 con senadores de todo el arco parlamentario y altos cargos de la Dirección General de Tráfico (DGT) hasta que logró que se retirara una enmienda del Partido Popular que amenazaba su lucrativo monopolio sobre los cursos de recuperación de puntos del carné de conducir.

Así lo demuestra la memoria de CNAE de 2014, en poder de OKDIARIO, en la que se recogen las fechas de todas las reuniones que mantenía Báez con personalidades e instituciones públicas y privadas. No sólo coincide el calendario de sus contactos políticos con la tramitación legal de la Ley de Seguridad Vial: lo confirman senadores a los que Báez convenció del peligro que suponía «abrir el melón» de los cursos, es decir, permitir que hubiera libre competencia.

El 17 de diciembre de 2013, llegó al Senado la reforma de la Ley de Seguridad Vial. Allí el PP introdujo una enmienda para liquidar el monopolio de los cursos de recuperación que hasta el momento había controlado CNAE prácticamente en su totalidad, que cambiaba la concesión tras un concurso público por una mera autorización para poder impartirlos. Pero esta entidad, de la mano de su presidente, José Miguel Báez, tras reunirse en 2014 con siete senadores –cuatro de ellos del PP– y con altos cargos de Tráfico, incluida su directora María Seguí –tres veces–, logró tumbar el proyecto. Finalmente, el PP retiró de la ley su propia enmienda.

Documentación de la propia CNAE en poder de este diario explicitan la poderosa labor ejercida por este entramado empresarial a favor de la continuidad de un monopolio que ejercía desde el año 2006 en virtud de una generosa concesión del PSOE.

La CNAE, con la ley tramitándose en el Senado, empezó 2014 con una intensa campaña de lobby para evitar que la enmienda propuesta por el Partido Popular diera al traste con el negocio de los cursos de recuperación de puntos. El 8 de enero, Báez mantuvo una reunión con altos cargos de la DGT acompañado por el vicepresidente de la Confederación, José Blas Valero. Pocas semanas después, en concreto el 22 de enero, de nuevo tuvo una cita en la Dirección General de Tráfico, pero esa vez con la propia directora general, María Seguí.

La ronda de contactos al más alto nivel continuó el 26 de febrero, la cúpula de CNAE se entrevistaba con Marta Carrera, ex subdirectora de Formación Vial de la DGT, destituida recientemente tras destapar este diario que recogía al dictado de Baéz las modificaciones que le favorecían para las bases de la licitación de los cursos de recuperación de puntos.

Concluida esta primera ofensiva sobre los responsables de Tráfico, CNAE apuntó su foco de presión hacia el Senado donde justo entonces se ventilaba la enmienda que podía significar la muerte de su monopolio. El 5 de marzo el equipo de José Miguel Báez se reunió con el senador Santiago López Valdivielso y con la senadora de Esquerra Republicana , Esther Capella i Farre.

Seis días después, el 11 de marzo, le tocaba el turno  al senador socialista Enrique Cascallana, a Ramón Rabanera del PP y a Jesús Iglesias de Izquierda Unida.

Poco después, el 20 de marzo, el mismo día en que se aprobaba definitivamente la ley en el Congreso, altos cargos de CNAE acudían a la DGT para entrevistarse de nuevo con la subdirectora Marta Carrera.

El 7 de abril, el Boletín Oficial del Congreso de los Diputados publicaba la reforma de la Ley de Seguridad Vial: no quedaba ni rastro de la enmienda del PP que pretendía acabar con el imperio de Báez en los cursos de recuperación de puntos. Un mes más tarde entraría en vigor.

Pese a su victoria en la Cámara Alta, Báez mantuvo su pressing sobre los responsables del nuevo texto legislativo antes de que rigiera oficialmente sobre sus negocios. Sólo cinco días más tarde, el 25 de marzo, Báez se reunió de nuevo con la propia María Seguí. Llevaba al menos ya dos citas con ella en lo que iba de año.

En esta última ronda de contactos, Báez se entrevistó el 27 de marzo con el senador Luis Aznar, del PP. Pocos días después, el 1 de abril, mantenía su tercera cita con María Seguí en cuatro meses. Quedaban seis días para que la nueva ley se publicara oficialmente.

El 8 de abril, el rey de los concursos amañados de la DGT mantuvo su última cita política con los senadores implicados. Esta vez le tocó de nuevo a Ramón Rabanera. Ese mismo día, María Seguí publicitaba en el Congreso las bondades de la nueva ley de Tráfico que dejaba intacto el negocio de Báez. Un empresario que casi había actuado de colegislador a tenor de su intensa agenda política.