El fontanero y el chófer municipal firmaban las facturas millonarias del ex alcalde de Navalcarnero

El informe de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid sobre la gestión del ex alcalde popular de Navalcarnero, Baltasar Santos, no deja de desvelar «irregularidades» sorprendentes cometidas por el ex regidor del PP durante los años 2007 y 2008, periodo objeto de fiscalización por parte de este órgano.

Según denuncia en su informe, al que ha tenido acceso OKDIARIO, «En la mayoría de facturas objeto de la muestra la conformidad con el material recibido se realiza por el fontanero o el conductor del ayuntamiento, no por el responsable del servicio en los términos fijados en la citada base».

«No consta en todas las facturas que soportan el gasto», explica el informe, «la conformidad por el responsable que acredite la realización de la prestación del servicio, suministro, que justifique el reconocimiento de la obligación».

La Cámara madrileña describe a lo largo de las 110 páginas del informe numerosas irregularidades cometidas durante la gestión de Santos que afecta a los presupuestos, la contratación y la contabilidad del ayuntamiento de Navalcarnero.

Cabe destacar que el fontanero y el chófer municipal eran por tanto los encargados de dar el visto bueno con su firma a las «facturas millonarias» expedidas por el consistorio tras adquirir material o contratar servicios a través de las diversas concejalías o de la propia alcaldía.

Un «hecho insólito», aseguran la fuentes municipales consultadas, del que seguramente no estaban al tanto, ni estos empleados municipales de la localidad madrileña, cuyo cometido era trasladar en su coche oficial al regidor y solucionar los problemas de mantenimiento y fontanería del consistorio.

Precisamente, una de estas facturas visadas por el fontanero municipal, que pone como ejemplo la Cámara de Cuentas, es la de la adquisición de un paso de Semana Santa denominado «La Santa Cena». Por esta escultura de madera con 13 figuras a tamaño natural de pino ruso, el consistorio de Baltasar Santos llegó a abonar 3311.863 euros. Sin embargo, 10 años después, «nadie ha visto» dicha escultura después de que el fontanero municipal y el propio alcalde firmaran la entrega de la obra artística

Baltasar Santos gobernó Navalcarnero durante 20 años hasta el 2015, cuando la entonces presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, anuló su candidatura como cabeza de lista del municipio tras conocerse sus tres imputaciones.

La Audiencia Provincial de Madrid investiga a Santos por prevaricación administrativa por los continuos informes en contra de la Intervención municipal, la Tesorería y la secretaría General del consistorio por las «cuentas irreales» del ayuntamiento. También está imputado por la construcción de unas cuevas por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. Los investigadores creen que se ha podido desviar para esas obras al menos 25 millones de otros proyectos.

La tercera imputación de Santos, es por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad en documento público, y se fundamenta por la construcción de un polideportivo que no se finalizó, aunque el Consistorio gastó 10,5 millones en él y la concesionaria 2,7.

«No se autorizan gastos, ni contratos»

El análisis realizado por la Cámara de Cuentas de Madrid sobre los «documentos contables y la documentación que soporta el gasto, evidencia debilidades en el archivo de la documentación que sirve de base para el registro contable de los mismos».

El órgano fiscalizador afirma que con los documentos contables de gasto y pago «únicamente se acompaña la factura y el presupuesto, si lo hubiera, sin que se incluya la propuesta de gasto realizada por el responsable de la unidad gestora del gasto en la que justifique la procedencia y necesidad del gasto por el servicio ordenante».

«Tampoco», añade el informe, «queda acreditada la autorización y aprobación de dichos gastos por los órganos competentes del ayuntamiento, ni se adjunta el contrato que ampare la prestación del servicio o el suministro en los casos que lo hubiere.

Además, «mientras en los documentos de Ordenación de la alcaldía por la que se ordena el pago de las obligaciones, en los documentos de reconocimiento de obligaciones, no se hace constar la fecha, ni el órgano que aprueba este reconocimiento».

Por último, la Cámara también manifiesta que «no se ha aportado la relación de facturas elaborada por la Intervención en la que se materialice la aprobación de las mismas mediante la firma del alcalde». «Por lo que esta Cámara», concluye, «no ha podido verificar que los gastos están debidamente aprobados por el órgano competente».