Belarra quería imponer una ‘ITV psicológica’ a los caballos del Ejército y Robles se lo impidió

• Roberto Pérez @Robertoperezbc
• Periodista y licenciado en Ciencias Políticas. Especialista en sector público, economía política y presupuestaria, e instituciones político-administrativas. Trabajó para Agencia Efe y Cope, ejerció durante más de 20 años en ABC -etapa que incluyó el ejercicio temporal de la corresponsalía de Nueva York- y actualmente es subdirector de OKDIARIO.
• • 01/04/2023 06:59
  • Actualizado: 01/04/2023 09:00

Someter a los caballos de las múltiples unidades ecuestres de las Fuerzas Armadas y de sus prestigiosos centros de cría caballar a una suerte de ITV periódica para certificar que reúnen «las capacidades físicas y psicológicas» para seguir en activo. Es lo que ha estado a punto de convertirse en una obligación legal en España. El requisito fue introducido por la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en su anteproyecto de ley de bienestar animal. Pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, se plantó ante Sánchez para forzar a Belarra a borrar por completo esos artículos.

La documentación oficial que se sucedió en el seno del Gobierno a este respecto, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, hace evidente que existió el intento y que se frustró tras el rifirrafe entre esos dos ministerios.

El pulso entre las ministras de Defensa y Derechos Sociales fue intenso. De hecho, Belarra llegó a desairar a Robles en la fase interna de consultas que precedió a la aprobación de este proyecto de ley en el Consejo de Ministros, desde donde llegó a las Cortes para su votación y promulgación.

Múltiples reparos

El anteproyecto de ley que se sometió a la consideración de los ministerios recibió múltiples reparos internos: doce del Ministerio de Asuntos Económicos, once del Ministerio de Hacienda, ocho del de Defensa… La lista suma y sigue.

Una de las alegaciones de Defensa contra el texto defendido por Belarra censuraba que se pretendiera implantar esa suerte de ITV caballar para las Fuerzas Armadas, poniendo en entredicho y bajo sospecha el esmero con el que las distintas unidades cuidan a sus equinos y el prestigioso trabajo que desempeñan los centros del Servicio de Cría Caballar, con siglo y medio de historia dedicado a la crianza, selección y suministro de caballos a los Ejércitos, a la Guardia Real, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a otros entes públicos.

Esto se pretendía

En ese anteproyecto de ley se indicaba, textualmente: «La edad de retiro, que en todo caso deberá ser anterior a los 23 años de edad del equino, será determinada por un veterinario colegiado, teniendo en cuenta las capacidades físicas y psicológicas del animal, debiendo expedir un informe de aptitud y bienestar cada año desde los 15 años de edad, y cada seis meses desde los 18 a los 23 años del animal para que pueda mantener la actividad».

El Ministerio de Defensa alegó contra ese artículo. Exigió que, como mínimo, quien pudiera acreditar las capacidades del animal fuera un veterinario del propio Ejército o de administración pública. El Ministerio de Belarra inadmitió de plano esa petición. Y lo hizo con rotundidad.

Desairada la solicitud de Robles, todo indicaba que ese requisito introducido por Belarra para los caballos del Ejército iba a figurar también en el proyecto de ley. Pero no fue así. Antes de que saliera votado del Consejo de Ministros, el texto fue corregido. Fue fulminado por completo ese discutido artículo.

Ley promulgada

Defensa se había plantado y le había ganado el pulso a la líder de Podemos instalada en el Ministerio de Derechos Sociales. En el proyecto de ley que aprobó el Gobierno y que se tramitó y votó en el Congreso no había ni rastro de esa pretendida ITV para los caballos de las Fuerzas Armadas, que no sólo obligaba a evaluar la salud física del equino sino también su supuesta salud mental y emocional.

La ley de bienestar animal fue promulgada el pasado martes con su publicación en el BOE, pero Pedro Sánchez la ha bloqueado hasta después de las elecciones para no erosionar a sus candidatos a las elecciones autonómicas, dadas las polémicas obligaciones que impone. Así, el anuncio del BOE establece que esta ley entrará en vigor dentro de seis meses. Es decir, ampliamente superadas las elecciones municipales y autonómicas de mayo.