Un antiguo mosso impulsa la querella contra la juez Lamela por encarcelar a Junqueras y los Jordis

Un antiguo agente de los Mossos d’Esquadra impulsa la querella presentada contra la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela por meter en la cárcel al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, al ex conseller de Interior Joaquim Forn y a los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ya ha comenzado a tramitar la querella presentada por el abogado Josep Asensio Serqueda contra la juez Lamela, si bien le ha impuesto una fianza de 6.000 euros para seguir adelante con el procedimiento como acusación popular.

La ANC se sumó pronto a esta iniciativa y ha logrado recaudar 8.900 euros entre los seguidores: 6.000 euros servirán para seguir adelante con la querella y los 2.900 euros restantes irán a la «caja de solidaridad» de la asociación independentista.

El abogado que ha redactado y puesto en marcha esta querella, Josep Asensio Serqueda, es un antiguo agente de los Mossos d’Esquadra que desde hace varios años ejerce como letrado. Durante su etapa como mosso, en diciembre de 1999 fue sancionado por el entonces consejero de Interior de la Generalitat, Xavier Pomés, por incluir unas «frases insultantes» sobre un superior en el pliego de descargo que había presentado para defender a un compañero expedientado.

Los negocios de Oleguer Pujol

Finalmente, en mayo de 2001, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la sanción por considerar que, al escribir este pliego de descargo, Asensio Serqueda no había actuado como agente de los Mossos, sino como representante legal de su compañero expedientado.

Posteriormente, ya actuando como abogado, Josep Asensio Serqueda ha intervenido en varias causas conocidas. En diciembre de 2014, la Fiscalía Anticorrupción se opuso a que fuera admitida a trámite una querella que el antiguo mosso había interpuesto contra la cúpula del Banco Santander por vender 1.152 sucursales a Drago Real Estate Partners, un fondo de inversión participado por Oleguer Pujol Ferrusola junto a otros socios.

La operación se cerró por 2.084 millones de euros. Según la causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, Oleguer Pujol y dos hijos de Javier de la Rosa se habría repartido comisiones por valor de 11,5 millones de euros. La empresa participada por el benjamín de los Pujol llevó a cabo una operación similar al comprar por 287 millones de euros varios inmuebles históricos del Grupo Prisa.

La Fiscalía Anticorrupción se opuso a imputar a la cúpula del Santander y pidió centrar las pesquisas en Oleguer Pujol y sus socios, ante la sospecha de que el capital invertido en estas transacciones podría proceder del cobro de comisiones ilegales. El hijo menor de Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat, controlaba la sociedad Drago Real Estate Partners Ltd a través de dos paraísos fiscales: las Islas Vírgenes y la Guernsey. Algo que acrecienta las sospechas sobre un presunto blanqueo de capitales.

El juez que procesó a Baltasar Garzón

El antiguo mosso Josep Asensio Serqueda también interpuso en noviembre de 2014 un recurso contra la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la Ley de Consultas de la Generalitat y el decreto impulsado por el entonces presidente Artur Mas para convocar el referéndum ilegal de independencia del 9-N. Su recurso fue desestimado.

Ahora, Josep Asensio ha redactado la querella en la que acusa a la juez Carmen Lamela de prevaricación, por meter en la cárcel a los Jordis y al ex vicepresidente Oriol Junqueras, imputados por los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos. Su iniciativa ya tiene el apoyo económico de los independentistas de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

La Sala de lo Penal del Supremo ha designado al magistrado Luciano Varela como ponente para decidir si la querella es finalmente admitida a trámite. Procedente de la asociación de izquierdas Jueces para la Democracia, Varela es el uez que instruyó la querella por prevaricación contra Baltasar Garzón, por las irregularidades cometidas en la causa abierta contra los crímenes del Franquismo.

Garzón quedó absuelto por estos hechos en febrero de 2012. Pero se vio expulsado de la carrera judicial después de que el Supremo le condenara a 11 años de inhabilitación por las escuchas ilegales a varios imputados en el caso Gürtel y sus letrados.