Ábalos pidió en el Supremo que el n° 2 de Marlaska declarara por la compra fraudulenta de mascarillas

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 16/06/2025 06:48
  • Actualizado: 16/06/2025 11:37

El ex ministro de Fomento José Luis Ábalos pidió en el Tribunal Supremo que declarara Rafael Pérez, ex secretario de Estado de Interior, por la compra fraudulenta de mascarillas que hizo la cartera de Fernando Grande-Marlarka a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL. Un hecho que cobra relevancia en tanto que OKDIARIO publica este lunes que Koldo García, el que fue asesor de Ábalos en el ministerio, grabó sistemáticamente a Rafael Pérez, quien dimitió hace tres semanas alegando supuestos motivos personales.

Fue el pasado abril cuando la defensa de Ábalos, investigado en el Supremo como presunto autor de delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, solicitó al juez instructor, Leopoldo Puente, que citara como testigos en esta causa tanto al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como a su número dos, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

En el escrito presentado, la defensa de Ábalos reseñó que, según consta en los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el Ministerio del Interior adquirió «una importante cantidad de mascarillas» a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, investigada por hacerse con una docena de adjudicaciones de la Administración por cerca de 53 millones de euros.

Un año antes, en febrero de 2024, cuando estalló el caso Koldo, agentes de la Guardia Civil sí tomaron declaración como testigo al entonces secretario de Estado de Seguridad y número dos de Fernando Grande-Marlaska en el Ministerio del Interior en relación con la investigación sobre presuntas mordidas de la trama Koldo.

En aquella ocasión, los agentes del Instituto Armado también tomaron declaración a quien ejercía como mano derecha de Pérez, José Antonio Rodríguez, en el cargo de director del Gabinete de Coordinación y Estudios. En este caso, los investigadores se centraron en un contrato de 3,4 millones de euros adjudicado a la empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas. Rafael Pérez fue el responsable del Ministerio del Interior que firmó el expediente de formalización. Por la parte adjudicataria, suscribió el acuerdo José Ángel Escorial Senante, empresario vinculado a la familia de Juan Carlos Cueto.

En la comisión de investigación

Asimismo, el pasado octubre, Rafael Pérez reconoció en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo y sus ramificaciones (del caso Delcy al caso Begoña Gómez) que pudo «tener contactos» con Koldo García, el entonces asesor de José Luis Ábalos, si bien remarcó que dicha interlocución «nunca» fue sobre la compra de material sanitario a la empresa epicentro de la presunta trama de corrupción.

«Sí, sí pude tener contactos. A Koldo yo lo conocía también de mi época anterior, como director de gabinete» de Fernando Grande-Marlaska, explicó Pérez, quien antes de convertirse en secretario de Estado de Seguridad (2020-2025) ejerció como asistente principal del ministro del Interior (2018-2020). «Él era asesor del Ministerio de Transportes y anteriormente a la época de pandemia y durante la época de la pandemia sí tuve algún contacto», admitió Pérez en la Cámara Alta.

Preguntado por Vox en aquella sesión sobre si esos contactos fueron para la compra de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, Pérez lo negó taxativamente. «Nunca traté con él directamente la cuestión de la compra porque, además, aunque yo participaba de la declaración de emergencia que dio lugar a esos contratos, o incluso llegué a firmar alguno, yo nunca he estado sentado con Koldo hablando de contratos ni señalando a una empresa específica», esgrimió.

Además, el entonces secretario de Estado de Seguridad defendió también que «no» mantuvo encuentros con Ábalos en esa época sobre asuntos relacionados con esta comisión de investigación.

«Se tramitaron los expedientes de emergencia con las memorias correspondientes y se tramitaron los contratos respetándose, en todo caso, todos los procedimientos y la más absoluta legalidad, y controlados tanto por Intervención como por parte del Tribunal de Cuentas», sentenció.