Santos ordena suspender las negociaciones con el ELN tras los últimos atentados en Colombia

Si ya tenía una favorabilidad bajo mínimos —no alcanza el 14%—, los últimos meses en el cargo del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, pueden convertirse en un infierno. Al crecimiento del número de disidentes den las autodenominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se une el desafío asesino del autobautizado como Ejército de Liberación Nacional (ELN). Santos ha ordenado que se suspendan las conversaciones de paz con estos últimos terroristas tras los tres atentados perpetrados durante el fin de semana contra objetivos de las fuerzas de seguridad.

La única gran guerrilla que queda oficialmente operativa en el país, después de más de 50 años de extorsiones, ataques terroristas, violaciones de niños y secuestros, pretende extorsionar al Estado y sacarle las mismas o mejores prebendas que las alcanzadas por las FARC en el acuerdo firmado por Santos y su líder, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, a finales de 2016.

Así, las conversaciones que se están siguiendo en Ecuador han sido un continuo de altibajos, suspensiones y exigencias por parte de los narcoguerrilleros.

Ahora, Santos ha confirmado durante un acto en La Palma, en el departamento de Cundinamarca, la anulación temporal del quinto ciclo de diálogo. En este sentido, ha explicado que se siente obligado a tomar medidas por la persistencia de la violencia y ha advertido de que no se reanudarán las conversaciones «hasta que no vea coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus acciones».

«El Gobierno ha sido generoso y ha mostrado su voluntad de paz, que no puede ser vulnerada por la coyuntura política», ha lamentado Santos, que ha instado a las Fuerzas Armadas a actuar con la «máxima determinación». En este sentido, se ha remitido a la «doctrina» del ex primer ministro israelí Isaac Rabin: «Se combate el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz y se negocia como si no hubiese terrorismo».

Colombia afronta un 2018 clave, con elecciones legislativas y presidenciales en primavera, con la opinión pública dividida aproximadamente por la mitad entre quienes apoyan y quienes rechazan el texto que otorgó a las FARC impunidad, representatividad política, fondos garantizados para sus campañas y medios de comunicación para difundir su mensaje.

El ministro de Defensa de Colombia, Luis Carlos Villegas, había atribuido al ELN los tres ataques registrados durante el fin de semana, de los cuales el más grave ha sido el perpetrado el sábado en una comisaría de Policía en Barranquilla que ha dejado cinco muertos y cuya autoría ha asumido la propia guerrilla en un comunicado.

El ELN ha justificado este atentado con «el derecho a la rebelión», esgrimiendo que «no hay un día en el que no ocurra un atentado contra la dignidad y la vida de los habitantes […] por parte de la Fuerza Pública, demostrando que su función es defender los intereses de los ricos y poderosos».

Villegas ha indicado que el ELN también sería el autor de los atentados perpetrados en las localidades de Soledad y Santa Rosa. Además, ha revelado que la persona detenida por el ataque en Barranquilla, alias ‘Guacho’, estaría implicada en un atentado en la provincia ecuatoriana de Esmeralda y por eso ha anunciado una reunión entre ambos países.

Negociaciones con altibajos

Los últimos sucesos coinciden con la reunión que Santos y el jefe negociador del Gobierno, Gustavo Bell, tenían previsto celebrar este lunes en Bogotá sobre la marcha del diálogo de paz con el ELN.

Santos ya ordenó detener temporalmente el diálogo a raíz de un atentado cometido por el ELN horas después de que expirara la tregua vigente entre el 1 de octubre y el 9 de enero. El alto el fuego no se renovó porque la guerrilla insistió en renegociar los términos de una segunda tregua y las partes no lograron un acercamiento en el ciclo de conversaciones que terminó la semana pasada.