La oposición venezolana ha sido reprimida «brutalmente» este martes por agentes de la dictadura chavista de Nicolás Maduro cuando marchaba hacia la Asamblea Nacional en protesta por el golpe de Estado de la semana pasada. Liderada por Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López —el preso político más famoso del mundo—, la manifestación pretendía alcanzar «la sede de la soberanía popular» para dar lectura a cuatro puntos de exigencias «basados en la Constitución y en la libertad», en palabras de la líder opositora.
La protesta de la oposición democrática buscaba para exigir la restitución de las facultades del Parlamento, un calendario electoral y la liberación de sus dirigentes y militantes encarcelados, después de que la OEA declarara que en el país hay una «grave alteración» de la democracia. Tras la represión, la marcha se desvió a la autopista para llegar a la Asamblea.
Un millar de personas intentaban marchar hacia la Asamblea, donde la mayoría opositora iniciará en la tarde un proceso para destituir a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que la semana pasada asumió brevemente las facultades legislativas y retiró la inmunidad a los diputados.
Sin embargo, piquetes de policías impidieron el avance de los manifestantes hacia el centro de Caracas, donde se había convocado en contraprogramación una marcha del oficialismo que llegará hasta las cercanías del Parlamento.
En un primer intento por romper el cordón, la policía dispersó gas pimienta para disolver la multitud. «Están cerca de caer, somos un país fuerte. Lo que hubo fue un golpe de Estado y la Asamblea tiene que actuar», declaró González a la AFP en alusión a las decisiones del TSJ que fueron anuladas parcialmente el sábado.
El desvío a la autopista se convirtió en una ratonera para decenas de los opositores. Motoristas a sueldo del régimen se acercaron a sus inmediaciones y, según los allí presentes, comenzaron a disparar contra ellos. Así lo recogió uno de los partidos de la alianza opositora, Voluntad Popular, liderado por Leopoldo López, en sus redes sociales.
«Queremos libertad en Venezuela, esto es dictadura y dentro de poco no habrá comida, ¿esto es lo que quieren para sus hijos?», gritaba a los uniformados María González, enfermera de 56 años.
Henry Ramos Allup, presidente de la Asamblea de Venezuela, agredido por la Policía Nacional Bolivariana durante la marcha.
El líder opositor Henry Ramos Allup fue uno de los agredidos directamente por los agentes del orden chavistas. La Policía Nacional Bolivariana golpeó al presidente de la Asamblea Nacional, que participaba en la marcha junto a sus compañeros de la Mesa de Unidad Democrática.
Los alrededores de Plaza Venezuela, donde fueron convocados los opositores, amanecieron custodiados por decenas de militares con vehículos antimotines. Los cuerpos de seguridad también vigilaban los accesos al centro de la ciudad, y varias estaciones del Metro fueron cerradas.
«Si el pueblo de Venezuela sigue presionando, sin amedrentarnos, vamos a ver el cambio en todos los niveles del Estado al punto tal de que Nicolás Maduro va a tener que irse», dijo a periodistas el vicepresidente de la Asamblea, Freddy Guevara, durante la concentración.
«Lacayos del imperio»
Seguidores de Maduro, en tanto, se movilizaban para rechazar la resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA). El organismo también resolvió avanzar en gestiones diplomáticas, incluyendo una posible reunión de cancilleres para recobrar el «orden democrático» en el país.
«Respaldamos a Maduro ante estos ataques que quieren un golpe de Estado. Rechazamos todos los actos de esos cancilleres lacayos del imperio», dijo Angelo Oliva, un manifestante chavista.
El mandatario repudió la noche del lunes la declaración de la OEA y acusó al organismo de haberse convertido en un «tribunal de inquisición para perseguir a Venezuela».
Remoción improbable
Las sentencias del TSJ abrieron una fisura en el oficialismo, luego de que la fiscal general, Luisa Ortega —confesa chavista—, las denunciara como una «ruptura del orden constitucional».
Debido a ello, Maduro convocó a los poderes públicos a una reunión —a la que no acudió el jefe del Legislativo—, en la cual se acordó la supresión de las más recientes medidas contra el Parlamento.
Pero la oposición, que calificó los fallos como un «golpe de Estado», anunció que seguirá en las calles hasta que se respete a la Asamblea, cuyas decisiones son consideradas nulas por el TSJ, que la declaró en desacato en enero de 2016.
«Vamos a seguir presionando hasta que consigamos elecciones y destituir a ‘Maburro’», señaló a la AFP Jonathan García, médico de 25 años.
El presidente descarta un adelanto de los comicios presidenciales, previstos para diciembre de 2018. Los comicios regionales, que debían realizarse en 2016, fueron pospuestos el año pasado y aún no tienen fecha, por lo cual la oposición exige un cronograma.
Guevara anunció que este martes iniciará el procedimiento legislativo para destituir a los magistrados. Esos jueces «todavía desconocen a la Asamblea, no hay elecciones y hay presos políticos [que estima en un centenar]. Vamos a activar el proceso de remoción de magistrados», dijo.
La máxima corte alega que la Cámara está en desacato por no haber desvinculado formalmente a tres diputados opositores acusados de fraude electoral.
Las posibilidades de remoción de magistrados son escasas, pues dependen del Poder Ciudadano, integrado por la fiscal, el defensor y el contralor, «aliados del gobierno», explicó a la AFP el constitucionalista José Vicente Haro.
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