Diputados chavistas acuden al Supremo para anular la reprobación de Maduro por «abandono del cargo»

La bancada chavista en la Asamblea Nacional de Venezuela ha presentado este martes ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso para anular la reprobación al dictador, Nicolás Maduro, por «abandono del cargo».

El diputado oficialista Héctor Rodríguez ha esgrimido que se trata de «una acción inconstitucional» porque no corresponde a la sede legislativa «valorar si le gusta o no la gestión» del presidente, informa la prensa venezolana.

Rodríguez ha explicado que, además, el Gran Polo Patriótico –que aglutina a los partidos chavistas en el Parlamento– ha pedido al TSJ que analice el comportamiento de los diputados opositores y, en su caso, indique las responsabilidades correspondientes.

Por su parte, el representante del Gobierno en el diálogo con la Mesa de Unidad Democrática (MUD), el alcalde del municipio caraqueño de Libertador, Jorge Rodríguez, ha urgido a la coalición opositora a solucionar los «asuntos políticos» en la mesa de negociaciones, «no por la vía de violentar la Constitución».

La Asamblea Nacional, controlada por la MUD desde el 5 de enero de 2016, aprobó este lunes, con 106 votos a favor de los 167 escaños que posee, un proyecto de ley que declara el «abandono del cargo» por parte de Maduro.

Según esta declaración, Maduro «ha abandonado plenamente sus funciones constitucionales en tanto que no cumple con sus deberes» porque «dejó de garantizar alimentos, salud y bienestar a los venezolanos», «no aplica correctivos para disminuir los índices de inseguridad», «viola constantemente los Derechos Humanos», «mantiene secuestrados todos los Poderes Públicos y a la Fuerza Armada» y «ha impedido la realización del referendo revocatorio y de las elecciones regionales».

La MUD se apoya en la Constitución

Esta declaración se apoya en el artículo 232 de la Constitución, según el cual el jefe de Estado es «responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo» y en el 233 que contempla la «falta absoluta» por «abandono del cargo», lo cual, estando en los primeros cuatro años de mandato –como es el caso– permite cesarle y convocar elecciones anticipadas en los 30 días siguientes.

La MUD ya intentó el año pasado declarar la responsabilidad política de Maduro por abandono del cargo, un escalón por debajo de la medida adoptada el lunes, ya que simplemente abría la puerta a que Maduro fuera juzgado por los tribunales venezolanos por la vía administrativa, civil o penal.

Es improbable que esta reprobación surta efecto alguno, ya que el TSJ declaró el pasado agosto en «desacato» a la Asamblea Nacional por no cesar a los tres diputados indígenas cuyo escaño está en cuestión por presuntas irregularidades en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.

Para evitar que el TSJ se escude de nuevo en este asunto, la Asamblea Nacional también votó el lunes a favor de destituir a estos tres diputados, a la espera de que la justicia electoral aclare si su victoria en las urnas fue limpia.