Rafael Catalá: “Se critica al Poder Judicial con una ligereza inadmisible desde el Gobierno»

El ex ministro de Justicia Rafael Catalá ha protagonizado la conferencia inaugural de las III Jornadas Jurídicas de OKDIARIO, que se celebran este jueves y viernes en el Hotel ME Marbella. Catalá, que ha agradecido al periódico y a su director, Eduardo Inda, la organización de unas jornadas que convierten a Marbella “en la capital del debate jurídico en nuestro país”, ha reivindicado la necesidad de hablar “sin miedo, sin consignas, sin complejos de lo que de verdad nos importa: la salud de nuestro Estado de Derecho”.

Desde “la tranquilidad de no ejercer ninguna responsabilidad institucional”, pero con “el oficio que dan 40 años de profesión”, el ex ministro ha arrancado con una tesis rotunda: “De la calidad de las leyes y de la independencia de las instituciones depende, mucho más de lo que solemos reconocer, la prosperidad de España y de los españoles”.

“No es una exquisitez de juristas”

Catalá ha recordado que la seguridad jurídica, consagrada en el artículo 9.3 de la Constitución, significa algo muy sencillo: “Que quien cumple la ley sabe a lo que puede atenerse. Que las reglas no se cambian a mitad de la partida, que no se cambian para que le sirvan al poderoso, al que tiene la ocupación temporal del poder”. Y ha insistido en que no se trata de un concepto abstracto: “La seguridad jurídica no es una exquisitez de juristas ni un ornamento para una conferencia. Es la precondición de todo lo demás. Es lo que permite a una familia firmar un préstamo, a un autónomo emitir sus facturas o a una pyme contratar a un colaborador”.

Para el ex ministro, una buena ley debe ser clara, estable y predecible. “Cuando hace falta un intérprete para saber qué dice una norma, esa norma ha fracasado antes de aplicarse”, ha advertido, antes de ironizar sobre las leyes recientes “en las que la exposición de motivos es más larga que el texto normativo”. Catalá ha recordado a su preparador de oposiciones, el malagueño Gerardo Caballero, que repetía un viejo principio romano: “Las leyes deben ser cortas y viejas”.

La ley como “moneda de cambio”

El ex ministro ha cargado contra la forma de legislar de los últimos años, en la que la norma se ha convertido “en un instrumento de una coyuntura, en una moneda de cambio para un pacto o para una votación”. Y lo ha ilustrado con una imagen: “Se aprueba una norma que permite ganar una votación hoy, pero la norma permanece. No has pagado dos euros por pasar una barrera, has pagado un abono para siempre”. “Desde la debilidad gubernamental y parlamentaria se pagan peajes que al final pagamos todos”, ha lamentado.

El momento más duro de su intervención ha llegado al abordar los ataques al Poder Judicial. Catalá ha censurado que “desde las más altas instancias del Gobierno se considere que una sentencia que no le es favorable es una sentencia injusta”, y ha señalado el origen del discurso del lawfare: “Un concepto que procede de la extrema izquierda comunista, que significa que los jueces utilizan el derecho para hacer política y perjudicar a sus contrincantes. Como si los jueces tuviesen contrincantes”.

“El día que se normaliza que el poder político descalifica al juez que no le da la razón, el perjudicado no es ese juez. El perjudicado somos todos los ciudadanos que algún día necesitaremos el amparo de jueces independientes”, ha advertido. Y ha recordado su etapa al frente de Justicia, cuando exigía a su equipo que sus intervenciones fueran “siempre exquisitas en el respeto al Poder Judicial”. “Hoy tenemos un Gobierno, un Parlamento y un ministerio en el que se critica al Poder Judicial con una ligereza que, permítanme que lo diga en este foro, es inadmisible”.

Catalá también ha denunciado “la colonización de las instituciones” con nombramientos de personas “con escasa cualificación, con escasa experiencia” en los que “se prioriza únicamente su fidelidad política”, y ha citado el Tribunal Constitucional, el Consejo de RTVE, el Consejo de Seguridad Nuclear, la CNMC, la CNMV, el CIS o Renfe.

Las 250 lapas de Marbella

Sobre el coste de la inseguridad jurídica, el ex ministro ha sido tajante: “Ese coste tiene nombres y apellidos. No lo paga el político, que seguirá su carrera. Lo paga el inversor que elige otro país, la empresa familiar que aplaza una decisión, el joven brillante que se ha formado en España y desarrolla su talento fuera”. Ha puesto como ejemplo el nuevo puerto de La Bajadilla, en Marbella, donde el Ministerio de Medio Ambiente exige trasladar y proteger unas 250 lapas adheridas a un muro: “Va a costar, no exagero, cientos de miles de euros para proteger el integrismo normativo, el integrismo medioambiental”.

También ha criticado la regulación de los centros de datos, que “está creando un entorno irrespirable”, y la convalidación en la Diputación Permanente de un decreto ley de vivienda previamente rechazado por el Pleno, un procedimiento que ha calificado de “torticero y flagrantemente ilegal”.

“Defender a quien juzga”

Catalá ha cerrado con cuatro propuestas para “reconstruir la confianza”: legislar “menos y mejor”, recuperar el consenso en lo esencial y blindar la profesionalidad de las instituciones. Y, sobre todo, respetar la independencia judicial: “No basta con no interferir. Hay que defender activamente a quien juzga, y sobre todo cuando la resolución no es favorable a tus intereses. El respeto a la justicia se demuestra cuando no te da la razón”.

“La mejor herencia que una generación puede dejar a la siguiente no es un país intervenido por la política, sino un país previsible. No muchas leyes, sino mejores leyes. No más poder, sino mejores instituciones”, ha concluido.