La Ley de Memoria Histórica de Zapatero dio la nacionalidad a 373.616 ‘nietos’ sin exigirles pruebas del exilio de sus abuelos

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero nacionalizó a 373.616 hijos y nietos de exiliados con su Ley de Memoria Histórica de 2007. Todas ellas se realizaron tras emitir una instrucción —orden que establece cómo aplicar una norma— que permitía otorgar la ciudadanía española a los descendientes sólo con demostrar que sus antepasados salieron de España entre 1936 y 1955. En otras palabras, no tenían que evidenciar que sus padres o abuelos fueran exiliados políticos. Precisamente, esa interpretación es la que el Supremo ha tumbado en la Ley de Nietos de 2022 del Gobierno de Pedro Sánchez. El Alto Tribunal considera que extender a través de una instrucción el derecho a nacionalizarse a extranjeros que no acrediten el exilio de sus antepasados podría ir más allá de lo que indica la norma. Un argumento que podría hacerse extensible a la instrucción del Ejecutivo de Zapatero, al ser exactamente la misma formulación.

El Ejecutivo del ex líder socialista, ahora imputado por cuatro delitos, aprobó en 2007 la Ley de Memoria Histórica. Esa norma incluía una disposición adicional que regulaba la «adquisición de la nacionalidad española» a las personas consideradas como descendientes de exiliados. «Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio», reza el apartado segundo de la norma.

Para aplicar esa ley, se emitió una instrucción. Este texto indicaba a los Registros Civiles el procedimiento para ejecutar las nacionalizaciones. E indicaba que «se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».

Copia y pega de Sánchez

Más de una década después, en 2022, el Gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante su Ley de Memoria Democrática. Esta norma seguía el camino iniciado por Zapatero. La norma del actual Ejecutivo socialista también tenía una disposición adicional que regulaba la concesión de la nacionalidad a nietos de presuntos exiliados.

Como ocurrió en 2007, también se emitió una instrucción, en este caso firmada por Sofía Puente (hermana del ministro Óscar Puente y entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública). En ese documento, se repetía, palabra por palabra, la presunción de exiliados a las personas que salieron de España entre 1936 y 1955, como hizo el Gobierno de Zapatero. En otras palabras, se copió y pegó el párrafo de la instrucción y volvió a permitir la nacionalización de nietos sin tener que demostrar el exilio político de los abuelos.

Este extremo lo ha admitido el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una entrevista este miércoles en La Sexta. «Es una instrucción del año 2008, aplicando la ley del 2007, igual que se copió en la instrucción del año 2022 con la Ley del 22», ha detallado el político socialista. Y ha recordado que aquella norma la «aplicaron gobiernos del PP». El plazo para presentar las solicitudes de nacionalización, sin embargo, acabó en diciembre de 2021, apenas un mes después de que entrase en el Gobierno el popular Mariano Rajoy. En todo caso, los socialistas ven en esto una defensa de su decisión de ampliar los efectos de la normativa.

Paralización del Supremo

Sin embargo, el Tribunal Supremo paralizó los efectos electorales de las nacionalizaciones por la Ley de Nietos en los casos en que los votantes estén inscritos en el censo de voto exterior, el llamado voto CERA. El Alto Tribunal destacó que, aunque aún está en una primera fase de la investigación, la instrucción «no parece ajustarse, tampoco, al contenido de la propia norma legal que interpreta». Un análisis que podría hacerse extensible a la instrucción del Gobierno de Zapatero, al ser exactamente la misma formulación.

Un auto de este lunes de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ratificó una decisión anterior del mismo Supremo ante el adelanto electoral para el próximo 29 de noviembre. En su primera decisión, el Alto Tribunal apreció un «peligro fundado, real y serio» de alteración del censo, al constatar que el CERA sumaba 2.736.522 electores a 1 de julio de 2026, frente a los 2.328.260 de las generales de 2023.

El Supremo, además, exige al Gobierno que «publique en el Boletín Oficial del Estado» la suspensión cautelar del voto de los extranjeros que han obtenido la nacionalidad española por la llamada Ley de Nietos sin acreditar que sus padres o abuelos se exiliaron por motivos políticos durante el franquismo. Algo que, hasta este miércoles, no ha hecho el Ejecutivo de Sánchez. Esta paralización afectaría, según la administración socialista, a 163.000 nacionalizados que están ya inscritos en el CERA.