Tres de los 7 magistrados del Constitucional que ‘amnistiarán’ a Chaves y Griñán están ligados al PSOE

Los recursos de amparo de los condenados por el caso ERE, que supuso un saqueo de 680 millones de euros a las arcas públicas de Andalucía, serán parcialmente estimados por tres magistrados del Tribunal Constitucional vinculados al PSOE. Se tratan del ex ministro de Justicia del PSOE, Juan Carlos Campo, la ex militante socialista María Luisa Balaguer, e Inmaculada Montalbán, condecorada por el ex presidente andaluz y también condenado en los ERE José Antonio Griñán. Ninguno de los tres ha decidido apartarse del caso, siendo la abstención una decisión personal de cada magistrado.

La anulación de parte de la condena por prevaricación del Tribunal Constitucional a los condenados por el caso ERE ya ha llegado. La primera beneficiada ha sido la ex ministra socialista Magdalena Álvarez que ha obtenido el respaldo de siete magistrados de la Corte de Garantías que han estimado parcialmente su recurso de amparo contra la condena de la Audiencia Provincial de Sevilla que fue ratificada por el Tribunal Supremo. Tras ello, durante los plenos del mes de julio se decidirá sobre el resto de los recursos de amparo de los condenados que un día ostentaron la cúpula del PSOE andaluz.

La ponencia que ha decidido anular la condena por prevaricación corre a cargo de la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán. La magistrada granadina fue premiada con la Medalla de Andalucía por José Antonio Griñán, uno de los condenados que ha recurrido en amparo a su Constitucional para que se le perdone la pena. Griñán se deshizo en elogios hacia Montalbán firmando un texto en el que destacó la trayectoria pionera de la magistrada. La vicepresidenta recogió esta distinción diciendo que se sentía «entusiasmada». Fuentes consultadas señalan que ahora su ponencia le perdonará su condena por prevaricación.

Otra de las magistradas que ha apoyado que se anule parcialmente la condena de los ERE también mantiene lazos con el PSOE. Se trata de María Luisa Balaguer que reconoció ante el Senado su militancia en las filas socialistas: «Milité en un partido político y tengo que decirle que mi posición con respecto a esto es absolutamente personal […] Yo soy una persona y tengo una dimensión política y sobre ello no tengo ninguna duda». Tras ello, también mencionó literatura sobre socialismo como base para obtener formación jurídica. El PSOE andaluz acabó proponiéndola como magistrada para el Tribunal Constitucional y ahora sus altos cargos condenados solicitan que se les ampare.

Los lazos del PSOE andaluz entre los magistrados del Tribunal Constitucional también se extienden hasta el ex ministro Juan Carlos Campo. El sevillano desempeñó distintos cargos de responsabilidad en la Administración autonómica como secretario general de Relaciones con el Parlamento de la Junta de Andalucía o director general de relaciones con la Administración de Justicia de la Junta. Sus relaciones se extienden más allá del estricto plano profesional hasta el punto de compartir una jornada veraniega en la localidad de Zahara de los Atunes (Cádiz) con Manuel Chaves, otro de los condenados en el caso ERE que pide su amparo.

Condenados del PSOE

Los tribunales condenaron a Manuel Chaves y José Antonio Griñán como los responsables del sistema de ayudas públicas ilegales que la Junta de Andalucía instauró durante al menos 10 años. Según la sentencia consultada por OKDIARIO, los dos eran «plenamente conscientes de la palmaria y patente ilegalidad de los actos». El fallo fue emitido por la Audiencia Provincial de Sevilla y ratificado por el Tribunal Supremo que acabó a condenando a una decena de altos cargos del PSOE andaluz.

Los condenados han recurrido al Tribunal Constitucional estas penas. La Corte de Garantías, que preside Cándido Conde-Pumpido, admitió estos recursos de amparo al considerar que tenían trascendencia constitucional. La ponencia se asignó a Inmaculada Montalbán que formó un grupo de trabajo de cinco letrados expertos en Derecho penal para que elaboraran la sentencia favorable a estimar parcialmente el recurso en los casos de prevaricación. La Fiscalía del Constitucional también apoyó anular las penas de prevaricación.

La votación de la sentencia en el Pleno ha sido pospuesta en varias ocasiones para tratar de no interferir en las citas electorales. Ahora ha llegado el momento y tres de los magistrados del Tribunal Constitucional que han apoyado perdonar parte de la condena tienen vínculos PSOE. Ninguno se ha abstenido en la votación, pese a que es habitual que los magistrados se aparten por cuestiones éticas o estéticas si han tenido relación con el enjuiciable.