Sánchez sólo ejecutó 4.365 de las 41.315 órdenes de expulsión dictadas contra ilegales en 2025

• Beatriz Dávila @beoloborda
• Redactora de Nacional en OKDiario I PP I Congreso y Senado I beatriz.davila@okdiario.com I Ex de ElToroTv y esRadio
• • 31/01/2026 05:52
  • Actualizado: 31/01/2026 09:53

El Gobierno de Sánchez se resiste a deportar a los inmigrantes ilegales con orden de expulsión. Hasta octubre de 2025, el Ejecutivo socialista tan sólo ha ejecutado el 10,5% de las peticiones de deportación dictadas por el Ministerio del Interior: 4.365 de un total de 41.315.

Los datos procedentes de las últimas estadísticas oficiales publicadas por Eurostat -de enero a septiembre del año pasado-, reflejan una brecha significativa entre las expulsiones acordadas por las autoridades españolas y las que finalmente se han llevado a cabo. Así, a falta de conocer la estadística del último trimestre, faltan por realizarse 36.950 de las peticiones.

Según el real decreto sobre entrada, libre circulación y residencia en España de ciudadanos de los Estados miembro de la Unión Europea (UE), aprobado además en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, las resoluciones de expulsión se dictan por el propio Ejecutivo través de los subdelegados o delegados del Gobierno en las distintas comunidades autónomas.

Los efectos de la expulsión, sin embargo, no se producen de manera inmediata salvo que la orden se haya realizado mediante el procedimiento de tramitación preferente. En este caso, el decreto de salida del país tendría un efecto inmediato. En el caso de resolverse por la vía ordinaria, las órdenes se cumplirán de manera voluntaria en un plazo de entre 7 y 30 días a partir del momento en que se haya notificado la resolución.

La expulsión, por su parte, llevará consigo la prohibición de entrada al territorio español y a los territorios de los Estados de la UE con los que España haya suscrito acuerdo en ese sentido. Además, la duración de la prohibición se determinará atendiendo a las circunstancias que concurran en cada uno de los casos. No obstante, su vigencia no excederá de cinco años.

Según recoge Interior en su apartado de resolución de expulsiones del país, «cuando la persona extranjera suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública», puede acordarse imponer una orden de prohibición de entrada de hasta diez años, previo informe de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras.

Menos expulsiones

Lo cierto es que la situación actual contrasta de manera significativa con etapas anteriores en las que el porcentaje de cumplimiento era sensiblemente menor. De media, entre 2022 y 2024 las órdenes de expulsión dictadas han sido apenas de un 8% y, aunque los datos recogidos por Eurostat reflejan un ligero crecimiento anual, el número de expulsiones efectuadas es sumamente inferior al requerido por las autoridades españolas.

En 2022, fueron 45.960 las órdenes de expulsión dictadas. De todas ellas, apenas se efectuaron 3.335 deportaciones, lo cual supone un 7,2% del total. En 2023, de las 64.260 exigidas, el Gobierno de Sánchez dictó finalmente 5.995, cifra apenas superior en un 2% a la del año anterior. En 2024, por su parte, de un total de 62.935 decretos dictados para salir del país, se realizaron 6.100 deportaciones. Un 9,6%, el dato más elevado hasta ese momento.

La oposición a Sánchez

Alma Ezcurra, eurodiputada del Partido Popular, ha reprochado al Gobierno de Sánchez los últimos datos conocidos en lo que respecta a cumplimiento de las órdenes de expulsión dictadas por el Ejecutivo. En un mensaje en sus redes sociales, y tras el último acuerdo para la regularización masiva de más de medio millón de ilegales, critica que al impacto directo que provoca el incumplimiento de las leyes se añade el perjudicial «efecto llamada» para futuras oleadas de inmigración ilegal.

«Los datos son claros», apunta. Y a los informes publicados por Eurostat sobre las «órdenes de retorno dictadas», incide en que «cuando la ley no se cumple, el efecto llamada se refuerza. Y más aún si basta con cinco meses de estancia y no es necesario acreditar siquiera la ausencia de antecedentes penales o policiales». 

A preguntas de la oposición, es la propia Secretaría de Estado de Seguridad la que, en una Comisión de Interior celebrada en el Congreso, ha confirmado «únicamente 2.156 expulsiones». Un dato que, por su parte, contrasta con las cifras oficiales recogidas por Eurostat que, entre los meses de enero y septiembre del mismo año, refleja que las órdenes de expulsión dictadas ascendían a un total de 4.635.