Roban 3 ordenadores del Colegio de Abogados la misma semana del ‘hackeo’ al abogado del novio de Ayuso

El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha detectado en las últimas horas un incidente de seguridad ocurrido en sus instalaciones la semana pasada, que resultó en la sustracción de material de nuestra institución. En concreto, la misma semana del ciberataque denunciado por los abogados de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, se han sustraído tres ordenadores de los departamentos de Servicios Jurídicos y de Comunicación y Políticas Públicas, así como dos equipos fotográficos. Los Servicios Jurídicos del ICAM han presentado una denuncia este lunes ante la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.

Este incidente no sólo ha supuesto una pérdida material, sino que también ha afectado al ambiente de confianza y seguridad que «la institución se esfuerza por mantener». Afortunadamente, los equipos informáticos, debido a su antigüedad, ya eran considerados como material de reserva y apoyo, por lo que no se ha producido una brecha de seguridad de datos.

El ICAM presentó recientemente una querella por el comunicado –denominado «nota aclarativa»– de la Fiscalía Provincial de Madrid en el que se filtró la negociación entre el abogado de Alberto González y el fiscal del caso donde hablaban de un hipotético pacto de conformidad que a la postre no se firmó. El líder de los abogados madrileños, Eugenio Ribón, afeó un atentado al secreto profesional al que se pueden acoger los abogados defensores y lo calificó de delito de revelación de secretos. Fue el pasado 20 de marzo, el decano Eugenio Ribón ejecutó el acuerdo de la Junta de Gobierno del ICAM de presentar una denuncia doble por este caso.

Refuerzo de seguridad

Ante la constatación del robo, el Colegio ha tomado medidas inmediatas para reforzar los protocolos de seguridad. Entre estas medidas se incluye la implementación de un sistema de acreditación más estricto para el acceso a las instalaciones, que requerirá la presentación de una identificación con el carné colegial. Se desconoce si el robo tiene relación directa con la polémica por los datos filtrados del caso de la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. En todo caso, supone otro imprevisto en la ya enrarecida atmósfera de la Justicia madrileña.

«Somos conscientes de que estas nuevas medidas de acceso pueden ocasionar alguna molestia mínima debido a la necesidad de identificación, pero apelamos a la comprensión del colectivo colegial por las razones que respaldan estas acciones», han expuesto desde el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) en un comunicado a sus miembros, colaboradores y al público en general.

Hackeo

El robo a los abogados madrileños se suma, por tanto, al hackeo denunciado por el abogado de Alberto González, la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En los juzgados de guardia en la Plaza de Castilla de Madrid el letrado trasladó haber sido víctima de un ciberataque con el objetivo de robar los correos intercambiados con su cliente. El ciberataque tuvo lugar la tarde del martes 2 de abril. Los ordenadores del abogado penalista y del asesor fiscalista que llevan la defensa penal y la inspección fiscal del empresario fueron objeto de la presunta intromisión.

Un perito informático averiguó que el sistema de entrada en los servidores es muy sofisticado, por lo que, según el denunciante, se trataría de un ataque sólo al alcance de gobiernos y sus fuerzas de seguridad. Un hacker estándar particular no tendría posibilidad de asaltar los sistemas de seguridad de esos equipos informáticos.

La denuncia presentada ante el juzgado de guardia explica que «los abogados penalista y asesor fiscalista de Alberto González, pareja sentimental de la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el marco de su asesoramiento profesional, usan como proveedor de servicios a Microsoft para el intercambio de información y documentación».

Esos hechos denunciados son constitutivos, a ojos de los denunciantes, «al menos», de un delito de revelación de secretos previsto y sancionado en el Código Penal, afectando a los derechos fundamentales de Alberto González a la intimidad, a la protección de datos de carácter personal y al derecho de defensa.