Al PSOE se le queda corto el franquismo: impondrá su memoria histórica hasta la Constitución de 1812

Al PSOE no le basta con decretar por ley la «verdad» histórica sobre la Guerra Civil y el franquismo. En la ponencia política que aprobará en el Congreso que se celebra el próximo fin de semana en Valencia, los socialistas se comprometen  a «impulsar la conmemoración y reivindicación de todos aquellos hechos, figuras e instituciones que han contribuido a fortalecer las libertades, los valores y las virtudes democráticas y sus ideales, las luchas por la igualdad y la justicia social desde la configuración de la primera Constitución de 1812 hasta nuestros días».

Se trata, explica la ponencia, de «hacer pedagogía en términos de verdad para que los hechos más dramáticos de nuestro pasado no vuelvan de ningún modo a repetirse».

Ambicioso objetivo que se acometerá con el sesgo que impregna la autodenominada Ley de Memoria Democrática, que tiene como objetivo «dar a conocer la verdad de lo sucedido durante la Guerra Civil y los 40 años de Dictadura». Verdad que hay que fijar en la sociedad española con «carácter pedagógico», ya que los socialistas «no podemos permitir» que «la derecha» haga «un uso torticero» de la ley «impulsando el revisionismo histórico».

La «verdad» (palabra que aparece 11 veces en la ponencia, todas en el capítulo dedicado a la memoria histórica) se asentará mediante «la configuración de un deber de memoria» que comenzará en las aulas. Así, el PSOE impulsará «la actualización de los contenidos curriculares de memoria democrática en el último curso de primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, su incorporación en los planes de formación inicial y permanente del profesorado y su inclusión en los temarios de acceso a la función pública».

Entiende el PSOE que la democracia española tiene «una deuda con su pasado» y, sobre todo, con aquellos que fueron víctimas «por el mero hecho de defender la legalidad republicana, por la defensa de los derechos y libertades hoy vigentes», estableciendo así como verdad indiscutible que la democracia surgida del acuerdo constitucional de 1978 es una restauración de la legalidad republicana, cuyos derechos y libertades eran los mismos que los hoy vigentes.

Asegura el texto que se debatirá en el congreso del PSOE que «en democracia no caben víctimas de primera y de segunda categoría». Sin embargo, su ley de supuesta memoria democrática excluye el periodo de la Segunda República, se desentiende del golpe revolucionario que el PSOE dio contra ella, ignora a las víctimas que la legalidad republicana no supo evitar y no aborda su influencia en el desencadenamiento de la Guerra Civil.

Tampoco contempla como víctimas de la Guerra Civil aquellas que lo fueron del bando republicano, incluidas las que perdieron la vida no ya en el frente, sino en las poblaciones donde la legalidad republicana, como Madrid, consintió las checas. Se estima que cerca de 2.000 personas fueron asesinadas en aquellas cárceles sin ley creadas por sindicatos y partidos de izquierda donde se ejecutó no sólo a falangistas, sacerdotes, militares y aristócratas, sino también a burgueses pacíficos.

Una vez decretada la «verdad», la ponencia política del PSOE advierte de que los socialistas «debemos contribuir a que el debate político no utilice este periodo histórico para la confrontación». Para eso ya están Vox y el PP, a los que el PSOE acusa de fomentar el «revisionismo histórico» por su rechazo a que pueda establecerse por ley lo que corresponde a los historiadores.