El PSOE mantiene las normas internas que le permitieron contratar a empresas pantalla con las que pagó a Leire

El PSOE de Pedro Sánchez aún no ha modificado las instrucciones de contratación que se redactaron en 2022 y bajo cuya vigencia el partido contrató a varias empresas que, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, sirvieron para trasladar el dinero de la formación a la ex militante Leire Díez. Se trata de un total de 43.235 euros en 5 transferencias.

El partido encabezado por el presidente del Gobierno se jactaba hace unos días de haber cumplido con su «refuerzo de la transparencia» al que se había comprometido hace un año tras el informe de la UCO que salpicaba a su entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

Antes del Comité Federal que celebró el PSOE a finales de junio, la actual secretaria de Organización, Rebeca Torró, presentó un balance de estas medidas para lograr una «gestión ejemplar» de la formación. Una de las «acciones de mejora para 2026» que celebraba haber puesto en marcha el partido era la siguiente: «Se aprobarán por la Gerencia Federal unos criterios de actuación para la aplicación de las normas de contratación, especialmente en materia de conflictos de intereses».

Además, señalaba que «se establecerá una cláusula de prohibición de conflicto de intereses, prohibición del fraude y la corrupción en todos los contratos del Partido Socialista, obligatoria para los firmantes y todas las personas involucradas en el proceso de contratación».

Sin embargo, a principios de julio, más de un año después de que Sánchez pidiera perdón desde la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz por las actuaciones de Cerdán, las instrucciones de contratación que siguen vigentes en el partido son las de 2022.

Eso sí, desde Ferraz trasladaron que ya se ha impuesto un «principio de colegiación» para diluir el poder de la Secretaría de Organización desde que dimitió Cerdán. Hasta entonces, su firma tenía mucho poder, pero ahora hacen falta varias firmas para «actuaciones delegadas a algunos de los miembros de la Secretaría de Organización». Concretamente, en decisiones orgánicas y asuntos económicos actualmente «se precisa la firma de al menos dos miembros de la Comisión Ejecutiva Federal».

Documento con Cerdán en el cargo

Sin embargo, el documento de instrucciones internas, según los propios datos del mismo, fue modificado por última vez en abril de ese año. En ese momento, Santos Cerdán llevaba apenas un año como número 2 del partido después de sustituir a José Luis Ábalos, ex ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, ahora condenado a 24 años de prisión.

Las instrucciones de contratación socialistas, según recoge el objeto de las mismas, persiguen la «regulación de los procedimientos de contratación del PSOE» para «garantizar los principios de publicidad, concurrencia, transparencia, confidencialidad, igualdad y no discriminación». Todo ello, según el propio documento, «respetando la autonomía de la voluntad y la confidencialidad de nuestra organización».

En esas instrucciones de contratación, sin embargo, ya venía contemplada la obligación del proveedor de suscribir un compromiso de que cumpliría con el Código Ético y de Conducta del PSOE, entre el que se incluía la «lucha contra la corrupción», así como el «cumplimiento de la legislación» o la «honradez en las Relaciones Comerciales».

En el marco de la vigencia de esas instrucciones internas, sin embargo, se produjo la contratación de la consultora Zaño Sociedad, que la UCO relaciona con Gaspar Zarrías, ex presidente socialista de la Junta de Andalucía. Una empresa que, a su vez, tenía contratada a Leire.

Los pagos del PSOE a las cloacas

El PSOE pagaba 7.500 euros al mes, impuestos no incluidos, a Zaño. Por su parte, la conocida como fontanera recibía un salario neto de 4.000 euros durante cuatro meses. Sin embargo, la consultora destinaba 7.505,17 euros a sufragar la contratación de Leire, incluyendo los gastos de la empresa, es decir, una cifra idéntica a la que abonaba el PSOE a la entidad.

Según la Benemérita, las nóminas que recibía Leire eran realmente «un método para que esta recibiera cantidades con origen en el PSOE». Y es que la Guardia Civil señala como «especialmente significativo» que su salario «coincida exactamente con la supuesta cantidad abonada por el partido a la empresa» y, además, que hubiera «proximidad temporal» entre ambas transacciones.

A los 16.000 euros que Leire Díez recibió a través de esas cuatro transferencias, habría que sumar otros 27.225 euros que ingresó de dos empresas de Ismael Oliver, primer abogado de Koldo García: «Al igual que en el caso de la mercantil Zaño, se habrían interpuesto dos sociedades para hacer llegar fondos a Leire con origen en el partido».

No es el único contrato sobre el que la Benemérita pone el acento. Según el último informe de la UCO sobre las cloacas, el abogado vinculado al caso, Jacobo Teijelo, «habría sido empleado» como «instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a sufragar al propio letrado como a hacer llegar cantidades a un tercero, encontrándose ambos prestando servicios para la presunta organización criminal». Según el informe, el letrado «emitió tres facturas al PSOE por un importe total de 125.000 euros».