La presidenta del Supremo se estrena con un recado para Sánchez: «Respeto al trabajo de los jueces»

• Irene Tabera @irenetabera
• Madrid (1996). Periodista de Investigación y Tribunales. Colaboradora en Telecinco, Cuatro y Telemadrid. Graduada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Televisión por la Universidad Católica de Milán. Anteriormente trabajó en Mediaset Italia. Contacto: irene.tabera@okdiario.com
• • 05/09/2024 13:14
  • Actualizado: 05/09/2024 16:41

La nueva presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, ha hecho este jueves «un llamamiento a las diferentes fuerzas políticas y a los poderes del Estado para que respeten el trabajo que los jueces y magistrados realizan». En su primer discurso en una apertura del año judicial, la también presidenta del nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha enviado un recado al Gobierno, que ha criticado las decisiones judiciales, acusado a los magistrados de lawfare, aprobado una amnistía para borrar las sentencias del 1-O y cuyo presidente -Pedro Sánchez- ha terminado querellándose contra el juez que investiga a su mujer, Begoña Gómez.

«Ningún poder del Estado puede dar indicaciones ni instrucciones a los jueces y magistrados sobre cómo han de interpretar y aplicar el ordenamiento jurídico. Sólo aquellos Estados en los que la división de poderes está garantizada son realmente Estados de derecho», ha expuesto Perelló ante la atenta mirada del Rey Felipe VI; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; y, entre otros, Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado y ex vicepresidenta del Gobierno.

«Este Consejo tiene ante sí otro gran reto: defender la independencia judicial, piedra angular de nuestro Estado de derecho. Es una de las funciones que el Consejo General del Poder Judicial debe desempeñar», ha remarcado la magistrada.

Aun así, Perelló ha aclarado que «las resoluciones judiciales son susceptibles de crítica» pero que «las discrepancias nada tienen que ver con la descalificación y el insulto». Por eso, ha incidido en la importancia de «evitar ataques injustificados».

Del mismo modo, ha destacado el trabajo de sus compañeros, mujeres y hombres, en la Justicia española. «Es la primera vez que una mujer es elegida para afrontar esta gran responsabilidad y, por ello, ha sido calificado como un hecho histórico», ha enfatizado. A esto ha añadido: «Pero esta conquista se ha hecho con la colaboración y de la mano de nuestros compañeros, que han participado en este proceso de reconocimiento efectivo de la igualdad, y a la sociedad que ha avanzado hacia unos ideales que ya no tiene vuelta atrás».

Por otra parte, ha mostrado su agradecimiento a los magistrados que han trabajado «en una situación muy difícil» durante estos años en los que no se ha renovado el órgano: «Han seguido prestando sus servicios, redoblando el esfuerzo para que la crisis del Tribunal Supremo no arrastrase peores consecuencias para los ciudadanos».

Defensa de la «información veraz»

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al borde de la imputación por parte del Supremo por un caso de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha aplaudido la renovación del CGPJ. Precisamente ha dedicado varios minutos a la defensa de la «información veraz a través de fuentes fiables». García Ortiz ha destacado la «lucha contra la desinformación, la mentira y el infundio, uno de los riesgos más importantes para nuestra democracia y convivencia». El fiscal general sostiene que la nota informativa con datos del expediente de Alberto González Amador fue para combatir una información falsa que estaba circulando en la prensa.

A su vez, ha tildado como «necesario» hacer «una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular» para evitar usarla «para fines espurios». Unas palabras que se producen en medio del caso de Begoña Gómez en las que hay personadas varias acusaciones populares, entre las que está el sindicato Manos Limpias, el partido político Vox o Iustitia Europa, entre otros.

«Permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso, en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal», ha argumentado el fiscal general del Estado.