España
Partido Popular

El PP plantea endurecer el indulto para ex cargos públicos con la aprobación de dos tercios del Congreso

Los 'populares' tienen registrada en la Cámara una iniciativa que reclama esta reforma de la ley de 1870

El PP lleva al Congreso que "cualquier alto cargo investigado por corrupción" deje su puesto de forma "inmediata"

El PP plantea una reforma de la ley de indulto de 1870 para endurecer la concesión de esta medida de gracia por parte del Gobierno, de forma que sólo pueda ser otorgada a un cargo público en activo o que lo fuera el pasado si así lo autoriza una mayoría de dos tercios del Congreso de los Diputados.

El partido de Alberto Núñez Feijóo tiene presentada esta reforma en la Cámara Baja en forma de proposición no ley para su debate y votación ante el Pleno del Congreso y ante la Comisión de Justicia.

Fue en agosto de 2025, hace casi un año, cuando el Grupo Popular capitaneado por Ester Muñoz registró esta iniciativa para que la Cámara Baja emplace al Gobierno a presentar  «un proyecto de ley que modifique la Ley de 18 de junio de 1870 estableciendo reglas para el ejercicio de la gracia de indulto, que prohíba indultar a quienes han cometido delitos relacionados con el terrorismo, la corrupción, los ataques a la integridad territorial del Estado, contra el orden constitucional y los cometidos contra menores».

Junto a ello, el texto también reclama al Ejecutivo «reforzar la tramitación con la participación del Congreso de los Diputados cuando quien se pretende indultar ocupe o haya ocupado responsabilidades políticas».

En la exposición de motivos, el PP explica que su apuesta de reforma pasa aquí por el siguiente planteamiento: «Si las personas en cuyo favor se está tramitando un indulto ocupan o han ocupado responsabilidades públicas, debería reforzarse dicha tramitación mediante la autorización por una mayoría cualificada de dos tercios en el Congreso de los Diputados».

De esta forma, los polémicos indultos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha concedido a tres condenados por corrupción no habrían podido salir adelante. Es el caso de la medida de gracia acordada en el último Consejo de Ministros para Laura Borrás, ex presidenta del Parlamento de Cataluña y de Junts; o Juan Fernández, ex alcalde socialista de Linares (Jaén).