Marlaska instruye a los policías sobre okupación con elogios a la ‘Ley Feijóo’: «Busca el desalojo exprés»

• Rosalina Moreno @rosalina_mb
• Periodista de Nacional. Interior, Defensa y Justicia. rosalina.moreno@okdiario.com
• • 28/04/2026 05:48
  • Actualizado: 28/04/2026 05:48

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, instruye a la Policía Nacional sobre okupación con elogios a la Ley Feijóo: «Busca endurecer las penas y agilizar los desalojos». Así consta en un documento interno al que ha tenido acceso OKDIARIO que Interior está distribuyendo entre los agentes de Seguridad Ciudadana.

En él se recogen las instrucciones sobre cómo intervenir ante las okupaciones y se destaca expresamente la Proposición de Ley Orgánica del Partido Popular que precisamente el Gobierno tiene bloqueada en el Congreso de los Diputados. Se trata de un documento formativo, de reciclaje, que ha sido distribuido entre los agentes en las comisarías. Al menos, en las de Andalucía. Por ejemplo, en la de Málaga fue entregado la semana pasada.

Este dossier se titula Mesa de trabajo sobre okupación ilegal de inmuebles. Abril 2026 y es de obligada lectura para los policías, para que sepan cómo intervenir en las situaciones que se encuentran a diario debido a las altas cifras de okupación. En él aparecen en el membrete el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía, así como a pie de página, pero curiosamente no va firmado ni sellado, algo totalmente anormal.

Al recibirlo, los agentes tienen que informar a sus superiores de que lo han estudiado y saben cómo intervenir con la normativa actual.

‘Incapacidad’ del Gobierno para resolver esta lacra

En el documento se alude a la Ley Feijóo hasta en tres ocasiones. En concreto, en las páginas 15, 16 y la última, la 46. No sólo nombra esta Proposición de Ley, sino que detalla lo que se podría conseguir con ella. Así las cosas, de puertas hacia afuera, el Gobierno de Pedro Sánchez bloquea en el Congreso esta Proposición de Ley, que fue aprobada el pasado 19 de noviembre en el Senado, pero de puertas hacia adentro el Ministerio del Interior la destaca.

«Alaba sus bondades», declaran a OKDIARIO fuentes policiales que ya han estudiado este documento y se han quedado «muy sorprendidas» con estas alusiones.

«Ante la incapacidad del Gobierno para afrontar este grave problema que convulsiona a la sociedad y al que nos enfrentamos los agentes a diario, reconoce las bondades del proyecto del PP, el principal partido de la oposición, que plantea unas directrices para con él solucionar esta lacra», señalan los agentes consultados.

Según explican, actualmente sólo disponen de unas instrucciones del año 2020 de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Estado de Seguridad, que en la operatividad diaria son «incompletas» porque «no se protege el derecho constitucional a la propiedad privada en su totalidad». Cuando se enfrentan a una ocupación y no es morada, no tienen los mecanismos necesarios «que sí recoge la Ley Feijóo para actuar».

Pese a que la okupación es un problema social al alza, Sánchez califica esta lacra de «bulo». Lo cierto es que en 2024 se registró un aumento del 7,4% de denuncias de usurpación y allanamiento de morada, con un total de 16.400, la tercera cifra más alta desde que el Ministerio del Interior las contabiliza y que, según expertos en la materia.

Para el PP, el bloqueo del Gobierno a su iniciativa conlleva que las «mafias estén protegidas» y que el 57% de las víctimas ya ni denuncien.

Alarma entre los policías 

La alusión en un documento oficial de la Policía a una iniciativa política contra la okupación que todavía es un Proyecto de Ley ha hecho saltar las alarmas entre los agentes. No sólo por «el doble rasero» demostrado por el Gobierno, sino porque con ello la Policía «se salta las normas básicas» que dispone la Ley que regula a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en España.

Dicha ley dispone en el artículo quinto, letra b, que es un principio básico «actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad». Por ello, los agentes no dan crédito a que en un documento oficial se cite a un partido. «Nos ha llamado a todos la atención porque jamás en un proceso de formación se han dado instrucciones citando a partidos y mucho menos que aparezcan los de la oposición, incluso con su página web y el logo, como ocurre en este caso», señalan a este diario agentes con casi 30 años de servicio destinados en Andalucía, donde ejercen más de 3.000 policías.

«Estamos en periodo electoral en esta comunidad autónoma, donde el PP aspira a obtener la mayoría absoluta, y este documento choca frontalmente con la neutralidad, beneficiando claramente al partido que gobierna», apuntan estos agentes, que quieren «unas instrucciones imparciales, claras y concisas, sin ningún tinte político y menos en periodo electoral».

Las citadas fuentes se preguntan «si Marlaska está a favor de la Ley Feijóo o se la están colando en los documentos oficiales y no tiene ni idea».

Lo que se podría conseguir 

En concreto, el documento oficial al que ha tenido acceso OKDIARIO explica a los policías que  «la Ley Feijóo contra la ocupación ilegal es una Proposición de Ley Orgánica impulsada por el Partido Popular (PP) que busca endurecer las penas y agilizar los desalojos». Y añade que «aunque el PP ha utilizado su mayoría en el Senado de España para aprobar versiones de esta norma en 2024 y 2025, la ley ha enfrentado bloqueos en el Congreso de los Diputados».

A continuación, indica los puntos clave de «la propuesta», como son el desalojo exprés, que permite que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realicen el desalojo en un plazo máximo de 24 horas tras la denuncia, sin esperar una orden judicial si el ocupante no acredita un título legal; así como la recuperación de suministros, ya que despenaliza que el propietario corte el suministro de luz o agua a los okupas, eliminando el riesgo de que el dueño sea denunciado por un delito de coacciones.

También señala que esta iniciativa prohíbe que las personas que ocupan ilegalmente una vivienda puedan empadronarse en dicha dirección, lo que les impide acceder a ciertas ayudas sociales vinculadas a la residencia; y que da «protección» a las comunidades de propietarios, ya que las faculta para realizar acciones preventivas, como el tapiado de puertas o la instalación de medidas de seguridad reforzadas en zonas comunes.

Por último, recoge el endurecimiento de penas que plantea: prisión de tres a seis meses para la ocupación sin violencia (usurpación pacífica) y que las sanciones se elevarían si existe reincidencia o fines delictivos.

Interior añade que es importante diferenciar esta propuesta respecto a la Ley Orgánica 1/2025, que ya entró en vigor. Aunque agiliza los juicios rápidos para el desalojo en 15 días, no incluye todas las medidas de «choque» planteadas por «el plan de Feijóo».

En la última página del dossier vuelve a aludir al «impacto» de la Ley Feijóo, señalando que el cuello de botella actual existente se debe a que sin flagrancia, el desalojo depende de plazos judiciales, incluso con juicios rápidos de 15 días de la Ley Orgánica 1/2025) y que los propietarios se enfrentan al riesgo de ser denunciados por coacciones si cortan suministros.

Y nuevamente cita las «medidas de choque» de la iniciativa del PP: desalojo exprés en 24 horas, recuperación de suministros, restricciones y protecciones de padrón, protección comunitaria y endurecimiento penal.