El juez Yusty pedirá a la Fiscalía que se pronuncie antes de decidir si da batalla por Franco al Supremo

La Fiscalía tendrá que pronunciarse sobre la exhumación de Franco. Una vez que el Supremo ha sentenciado que el proyecto para sacar al dictador del Valle de los Caídos no necesita licencia de obra, el juez que mantiene el permiso paralizado desde febrero solicitará un informe jurídico de los fiscales antes de decidir si da la batalla al Supremo en defensa de su causa.

Aunque hasta el momento el Ministerio Público no ha tenido presencia en ninguno de los procedimientos que se han desarrollado, en paralelo e independientes, sobre la exhumación de Franco, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid, competente para decidir sobre la adecuación del proyecto técnico diseñado por el Gobierno para la exhumación de Franco, y validado por el aparejador del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, escuchará a las partes personadas en su causa.

Tanto la familia Franco como la Abogacía del Estado están citadas esta misma semana para escuchar a los nuevos peritos designados por el Gobierno Previsiblemente, por lo tanto, también estará presente en la vista la Fiscalía -como institución del Estado defensora del cumplimiento de la legalidad- salvo que se posicione formalmente antes de la fecha fijada por el juez de lo contencioso.

El juez José Yusty requerirá a la Fiscalía que se pronuncie sobre la inédita situación generada tras entrar el Supremo en el fondo del asunto de la licencia urbanística para exhumar a Franco.

El hecho de que el Alto Tribunal haya calificado de ‘obra menor’ los trabajos a desarrollar sobre la lápida de la tumba de Franco en la Basílica de Cuelgamuros, ha supuesto en clave jurídica que el Gobierno salve la legalidad de una cuestión que era accesoria al fondo principal del asunto.

Si el recurso de los Franco pedía al Supremo que determinase la validez de las reformas legales acometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez -para exhumar al dictador de su lugar de enterramiento durante los últimos 40 años- la Sala ha querido avanzar y atender a la mención específica que, sobre el preceptivo permiso expedido por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial, efectuó la Abogacía del Estado.

Conflicto de competencias

«Si la sentencia del Tribunal Supremo se hace pública antes de que yo emita mi veredicto, entonces tendré que leerla varias veces con detenimiento para determinar si hay algo en la misma que afecte a mi procedimiento antes de tomar cualquier posición», declaró la semana pasada el juez Yusty a OKDIARIO. Una postura en la que cabe que se inhiba en favor del Supremo, como instancia judicial superior.

Fuentes próximas al magistrado confirman que desde que es titular del Contencioso-Administrativo número 3 de Madrid nunca se había producido una situación similar. Nunca antes el juzgado había tenido que decidir sobre si pronunciarse sobre una causa que ya hubiera recibido una opinión previa de un órgano judicial distinto.

Por otra parte, señalan las mismas fuentes, cabe la duda razonable de la legalidad ya que por el momento y a pesar de que la sentencia del Supremo salva el escollo urbanístico al Gobierno, la realidad es que sólo resuelve, formalmente, el recurso de la familia. Curiosamente, sin embargo, deja sin resolver los otros recursos pendientes y sobre los que se mantiene la suspensión de la exhumación cautelar decretada el pasado mes de junio por la Sala de lo Penal del Alto Tribunal.