Igualdad gastó 4,9 millones en prorrogar el contrato de las pulseras antimaltrato sabiendo que fallaban

El Ministerio de Igualdad destinó hasta 4,9 millones de euros para prorrogar durante un máximo de cuatro meses el polémico contrato de las pulseras antimaltrato con una unión de dos empresas. Es el mismo consorcio cuyo sistema acumuló fallos y al que después ha vuelto a confiar el servicio. La extensión, formalizada el 8 de abril de 2026, ha supuesto también la compra de 1.516 dispositivos adicionales por otros 1,3 millones.

Tal como ha podido saber OKDIARIO, el anuncio de formalización se ha develado en la Plataforma de Contratación del Sector Público a las puertas del verano, el 30 de junio, casi tres meses después de su firma, una chapuza administrativa. El documento fija un importe de 4.045.676,04 euros sin impuestos y 4.895.268,01 euros con IVA.

Se trata de una prórroga excepcional amparada en un artículo excepcional de la Ley de Contratos del Sector Público. El ministerio ha recurrido a esta figura ante la necesidad perentoria de no dejar a las víctimas sin protección mientras se resolvía el nuevo concurso.

Según el texto, la prórroga se mantiene «hasta que comience la ejecución del nuevo contrato», en referencia al expediente actualmente en proceso de licitación y, «en todo caso, por un periodo máximo de 4 meses, sin modificar las restantes condiciones del contrato».

La cifra es, por tanto, un techo de gasto y no una factura cerrada. Si el nuevo contrato arrancó antes de agotarse el plazo, el desembolso real habrá sido menor.

A diferencia del contrato original, el anuncio de la prórroga precisa que «no hay financiación con fondos de la UE». La Fiscalía Europea ha abierto unas diligencias por posible uso indebido de fondos comunitarios en este sistema.

Dispositivos adicionales

La prórroga ha tenido un coste añadido. El 20 de abril, la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro Ceballos, firmó una resolución que modifica el contrato para adquirir 1.516 sets de dispositivos más de los previstos.

La resolución vincula expresamente esa compra a la extensión del servicio. Atribuye el aumento de dispositivos a «la necesidad de realizar una prórroga forzosa de la ejecución del contrato de hasta 4 meses de duración». Añade que la dotación es necesaria «para garantizar la correcta prestación del servicio y la seguridad de las víctimas».

Cada set cuesta supuestamente 696,34 euros sin IVA, el precio ofertado en la licitación. No obstante, como informó OKDIARIO, los dispositivos eran similares a otros que se venden en Internet a un precio mucho menor. Una empresa catalana presuntamente las importó de China y las modificó ad hoc para cumplir con el Gobierno.

Sumadas, la prórroga y la ampliación elevan en unos 6,2 millones, IVA incluido, el coste máximo de un contrato adjudicado inicialmente por 42,6 millones.

Readjudicación

Mientras la prórroga seguía vigente, Igualdad ha resuelto el nuevo concurso a favor de las mismas empresas. La Mesa de Contratación decidió el 7 de mayo mantener el servicio en manos de la empresa que ya lo gestionaba, por delante de la candidatura de Orange y Verisure. 

En el apartado económico, la UTE ofertó 67,5 millones de euros con IVA, frente a los 70,3 millones de la propuesta rival.

La decisión ha llegado poco después de una sanción. Igualdad multó con 25.285 euros a una empresa telefónica de la UTE por el fallo registrado el 11 de noviembre de 2025 en las pulseras, una caída del sistema que se prolongó casi 13 horas.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido que el contrato actual «mejora todos los aspectos que podían tener algunas disfuncionalidades del contrato anterior».

Un cambio accidentado

El origen del problema se remonta a 2023, cuando el ministerio, entonces dirigido por Irene Montero, puso fin a casi 15 años de gestión de Telefónica. El 10 de octubre de ese año adjudicó el servicio a la nueva UTE por 42.623.938,47 euros, y el contrato se formalizó el 6 de noviembre.

Aquel contrato cambió también el modelo: Igualdad pasó de pagar por el uso de las pulseras a comprarlas. Preveía la adquisición inicial de 7.600 sets y otros 3.771 de reposición entre 2024 y 2026, financiados en parte con fondos europeos NextGenerationEU.

La migración de datos entre empresas resultó accidentada. Como avanzó en primicia OKDIARIO, se perdieron datos de geolocalización, lo que provocó sobreseimientos e incluso absoluciones de maltratadores.

La Fiscalía Europea investiga

El expediente ha vuelto al primer plano esta semana. El 12 de noviembre, la Fiscalía Europea ha informado de que investiga un «posible fraude» en la compra de las pulseras con fondos comunitarios. Agentes de la UCO de la Guardia Civil se han personado en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas.

En principio, las pesquisas se centran en el contrato de 2023, no en la prórroga ni en el nuevo contrato. La Fiscalía no quiere detallar ni a las personas investigadas ni el importe afectado.

Redondo ha asegurado que su departamento ofrecerá «colaboración» y «transparencia absoluta».

Queda pendiente una cifra que ningún documento publicado aclara: cuánto se pagó realmente durante esos meses de prórroga. El sistema se diseñó para registrar cada movimiento de los agresores con precisión de metros, pero el rastro del dinero que lo ha sostenido todavía no se conoce con el mismo detalle.